El fiscal general William Barr ordenó el lunes a los fiscales federales que estén atentos a las medidas de cierre encaminadas a controlar la propagación de la pandemia del virus del PCCh que puedan estar infringiendo los derechos constitucionales.
En un breve memorándum (pdf), Barr instó a los fiscales generales de los Estados Unidos en todo el país a «estar atentos» a las restricciones estatales y locales que podrían estar en conflicto con los derechos constitucionales y las libertades civiles de los ciudadanos individuales.
Las restricciones que intentan mitigar la propagación de la pandemia, dijo, que son «necesarias» pero «no se puede negar que han impuesto una carga tremenda en la vida cotidiana de todos los estadounidenses».
Barr señaló que el Departamento de Justicia había emitido previamente una guía para las autoridades estatales y locales explicando que incluso en tiempos de emergencia, la Constitución y las leyes federales prohíben la discriminación contra las instituciones religiosas y los creyentes religiosos.
«Las restricciones legales a las autoridades estatales y locales no se limitan a la discriminación contra las instituciones religiosas y los creyentes religiosos», escribió Barr. «Por ejemplo, la Constitución también prohíbe, en ciertas circunstancias, la discriminación contra el discurso desfavorable y la interferencia indebida con la economía nacional».
Agregó que en el caso de que una ordenanza «cruce la línea» entre detener la propagación del virus y violar las protecciones constitucionales y estatutarias, entonces el Departamento de Justicia «puede tener la obligación de abordar esa extralimitación en un tribunal federal».
«Muchas políticas que serían impensables en tiempos regulares se han convertido en algo común en las últimas semanas, y no queremos interferir indebidamente con los importantes esfuerzos de los funcionarios estatales y locales para proteger al público», dijo Barr. «Pero la Constitución no se suspende en tiempos de crisis».
«Por lo tanto, debemos estar atentos para garantizar que se protejan sus protecciones, al mismo tiempo que se protege al público».
Este memo llega luego de los comentarios de Barr durante una entrevista de radio en el programa The Hugh Hewitt el 21 de abril, donde dijo que el Departamento de Justicia podría considerar involucrarse en demandas contra las medidas de bloqueo de los gobernadores si los estados continúan extendiéndolos a medida que los casos de COVID-19 disminuyen.
Durante la entrevista, dijo que el Departamento de Justicia ha estado monitoreando los tipos de restricciones que los gobernadores imponen a los estados durante la pandemia. Si el departamento cree que las restricciones van «demasiado lejos», dijo, el departamento puede primero intentar negociar con los estados para revertir o ajustar las órdenes.
Si los gobernadores no cooperan y las personas presentan demandas contra ellos, entonces el Departamento de Justicia puede presentar una declaración de interés en apoyo de las personas que presentan los casos, dijo.
El Departamento de Justicia adoptó este enfoque recientemente al presentar una declaración de reclamo en apoyo de una iglesia de Mississippi que parecía ser singularizada por la orden de un alcalde local contra los servicios de drive-in.
Los comentarios de Barr se producen mientras las protestas contra las medidas de cierre estallan en todo el país. Muchos estadounidenses están frustrados por las restricciones que les hicieron perder sus empleos y hundir a sus estados en una profunda depresión económica. Algunas restricciones han generado controversia sobre su relevancia frente a la pandemia, como que Michigan prohíba la venta de semillas en algunas tiendas.
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