El Presidente Joe Biden firmó una ley que impide a los miembros del Congreso condenados por delitos relacionados con corrupción pública cobrar pensiones financiadas por los contribuyentes.
La Casa Blanca anunció el 24 de diciembre que Biden firmó el proyecto de ley S. 932, conocido como No Congressionally Obligated Recurring Revenue Used As Pensions To Incarcerated Officials Now (No CORRUPTION) Act (Ley de No Uso de Ingresos Recurrentes Obligados por el Congreso como Pensiones a Funcionarios Encarcelados Ahora (No a la CORRUPCIÓN)). Sus promotores aseguran que el proyecto subsana una laguna en la legislación federal sobre las pensiones, que permitía a los legisladores condenados por determinados delitos seguir cobrando pensiones mientras resuelven sus condenas.
El proyecto modifica la ley para que los excongresistas pierdan sus pensiones inmediatamente después de ser condenados por determinados delitos relacionados con sus funciones oficiales, independientemente de la duración del proceso de apelación.
Si se anula la condena, las personas afectadas tendrán derecho al pago retroactivo de la pensión por el periodo en el que se retuvo. Anteriormente, la ley federal obligaba a los miembros condenados a renunciar a sus pensiones sólo después de agotar todos sus recursos de apelación.
El proyecto de ley, presentado por los senadores Jacky Rosen (D-Nev.) y Rick Scott (R-Fla.) en marzo de 2023, contó con un amplio apoyo bipartidista. El año pasado fue aprobado por unanimidad en el Senado y a principios de este mes en la Cámara de Representantes. La aprobación de la ley -y la firma de Biden- refleja el acuerdo entre los partidos sobre la necesidad de abordar el comportamiento poco ético de los legisladores y garantizar que el dinero de los contribuyentes no se utilice indebidamente.
«Durante mucho tiempo, los políticos corruptos de Washington se han aprovechado de una laguna en el sistema para seguir cobrando pensiones financiadas por los contribuyentes, incluso después de haber sido condenados por delitos graves», dijo Rosen en un comunicado. «Seguiré trabajando sin distinción de partidos para encontrar soluciones de sentido común que protejan el dinero que tanto cuesta ganar a los ciudadanos de Nevada».
Scottestuvo de acuerdo y enfatizó la importancia de la protección de los contribuyentes.
«Si usted es un miembro del Congreso y es condenado por un delito de corrupción pública, debería perder todos los beneficios de pensión que le proporcionaron los contribuyentes y las familias trabajadoras, y punto», dijo Scott en un comunicado. «Hacer que Washington trabaje para las familias estadounidenses requiere reformas reales que detengan la disfunción actual».
La Ley No a la CORRUPCIÓN está en sintonía con esfuerzos legislativos más amplios encaminados a restablecer la confianza pública con las instituciones gubernamentales. Legisladores de ambos partidos han apoyado la lucha contra abusos de poder percibidos en el Congreso, con iniciativas recientes enfocadas a prevenir conflictos de intereses financieros, una mayor transparencia de los grupos de presión y prohibir a los miembros del Congreso obtener ingresos por determinadas acciones.
La iniciativa surge en un momento en que la confianza de los ciudadanos en el gobierno se acerca a mínimos históricos. Según un informe del Pew Research Center de junio de 2024, el 22% de los estadounidenses asegura que confía en que el gobierno federal hará lo correcto «casi siempre» o «la mayoría de las veces», una cifra muy inferior a los altos niveles de confianza de los años sesenta.
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