Un grupo de 54 países miembros de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra la Bolivia de Evo Morales, emitió una declaración este martes “encomiando los logros” del régimen comunista chino por la construcción de más de 1000 campos de concentración donde se tortura, adoctrina, viola y asesina a prisioneros de conciencia.
La declaración fue pronunciada ante la Asamblea General de la ONU como respuesta a las denuncias realizadas por 22 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre delitos de lesa humanidad cometidos contra uigures y otras minorías musulmanas en la provincia de Xinjiang, en China.
Gracias a los testimonios de sobrevivientes se sabe que los prisioneros dentro de los campos son sometidos a esterilizaciones forzadas y palizas, son obligados a memorizar canciones de propaganda a favor del Partido Comunista Chino (PCCh) y a firmar documentos donde juran lealtad al régimen, sirven como esclavos sexuales de los guardias de prisión o se los utiliza como mano de obra esclava para la fabricación de productos que luego se importan internacionalmente.
La dictadura china, por su parte, publicó la declaración a su favor en su totalidad en la página oficial de su misión permanente para la ONU.
Los 54 países que tomaron parte en la declaración conjunta pro PCCh, entre los que se encuentran Bolivia, Rusia, Pakistán y la República Democrática del Congo, expresaron su “firme oposición” a las denuncias antedichas y las tacharon de “politizar los asuntos de derechos humanos, denunciando y avergonzando a otros países y ejerciendo públicamente presiones sobre ellos”.
En el documento tampoco reconocen a los campos de concentración como tales, sino que los llaman “centros de entrenamiento y educación vocacional”, y aseguran que gracias a ellos el problema del “terrorismo y extremismo religioso” que “tanto daño” causaron a Xinjiang pudo finalmente ser contenido, gracias a lo cual “la gente de allí disfruta de una mayor sensación de felicidad, satisfacción y seguridad”.
La declaración incluso resalta “el compromiso de China con la apertura y la transparencia”, aún cuando el régimen comunista limita severamente la entrada de extranjeros y ciudadanos chinos de otras partes del país a la provincia.
Por último, descalifican a los países que abogan por los derechos humanos y les piden que se “abstengan de presentar cargos infundados contra China basados en información no confirmada antes de que visiten Xinjiang”.
En el mes de abril, la organización Human Rights Watch publicó pruebas de que el PCCh intimida a las naciones en desarrollo para que se abstengan de entrometerse en Xinjiang y el tema las violaciones a los derechos humanos.
«Durante años, China ha trabajado entre bastidores para debilitar los mecanismos de derechos humanos de la ONU», dijo John Fisher, director de Human Rights Watch en Ginebra. «Pero la creciente protesta mundial por el maltrato a los musulmanes de Xinjiang ha puesto a China en estado de pánico, utilizando la presión pública y privada para bloquear la acción internacional coordinada».
Testimonios de sobrevivientes
Las mujeres uigures detenidas en los llamados “centros de formación profesional” de China están siendo torturadas psicológica y físicamente, envenenadas y asesinadas por inyección, declaró una exprisionera a La Gran Época.
Gulbakhar Jalilova, uigur y ciudadana de Kazajstán de 54 años de edad, dijo que fue testigo de las atrocidades cometidas durante sus 15 meses de reclusión en un campo de mujeres en Urumqi, la capital de Xinjiang, antes de ser liberada en septiembre.
“Hubo chicas de mi habitación que se desmayaron por haber sido golpeadas con tanta fuerza, y se les ponían clavos en los dedos para hacerlas sangrar”, dijo a La Gran Época en una entrevista telefónica desde Estambul, Turquía.
Gulbakhar, fue detenida en mayo de 2017 acusada de transferir 17.000 dólares a una empresa llamada Nur, pero más tarde fue liberada al ser declarada inocente.
Mientras estaba detenida, su compañera de celda llamada Horiyat fue “puesta a dormir (…) fue asesinada por inyección”.
“Fue inyectada, sin embargo su cuerpo aún estaba caliente, y a otras chicas se les ordenó que la lavaran. Murió así delante mío”, explicó Gulbakhar.
Los alarmantes informes se producen después de que las autoridades de Xinjiang legalizaran los centros de detención en octubre de este año, alegando que debían “educar y transformar” a aquellos a quienes el Partido Comunista Chino (PCCh) considera en situación de riesgo por pertenecer a las “tres fuerzas malvadas” del “extremismo, el separatismo y el terrorismo”.
Los uigures, junto con otras minorías étnicas como los tibetanos, así como los creyentes religiosos que permanecen fuera del control del Estado, incluidos los cristianos de las iglesias-casas clandestinas y los practicantes de Falun Dafa, son hace tiempo un objetivo del PCCh para su transformación a través de la “reeducación”.
El 29 de noviembre, en una audiencia de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China, el senador Marco Rubio dijo que muchos observadores creen que la actual ola de represión en China es “la más severa desde la revolución cultural”.
Aún así, Beijing continúa insistiendo en su relato de que los que hasta octubre eran centros secretos de detención masiva, son en realidad centros para la formación de “capacidades profesionales” como la panadería y la costura, una afirmación que va en contra de múltiples testimonios de exdetenidos, incluida Gulbakhar.
Según cifras mencionadas por la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China y las Naciones Unidas, se estima que existen “más de un millón” de detenidos, principalmente de la etnia uigur, en campos de detención masiva.
Con información de Isabel Van Brugen
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