La Cámara de Representantes aprobó el martes una legislación destinada a tomar medidas enérgicas contra el intercambio de bienes fabricados en los campos de trabajos forzados por los uigures en la región china de Xinjiang.
La Ley de Prevención de Trabajos Forzados de Uigures, presentada por el representante Jim McGovern (D-Mass.), fue aprobada por 406 votos a favor y 3 en contra. El proyecto de ley impone varias restricciones relacionadas con la región, entre ellas la prohibición de determinadas importaciones procedentes de ella y la imposición de sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular, no se permitirá en Estados Unidos la entrada de mercancías fabricadas en Xinjiang a menos que los funcionarios de aduanas de Estados Unidos puedan determinar que las mercancías no se fabricaron en condiciones de trabajo forzado. El proyecto de ley también pide al presidente que imponga sanciones en forma de visados y bloqueos de propiedad a las entidades o personas extranjeras que, a sabiendas, facilitaron la fabricación de mercancías en campos de trabajos forzados en Xinjiang o que trataron de contravenir las leyes de Estados Unidos que prohíben la importación de artículos fabricados en esas condiciones.
Los legisladores de ambos partidos han pedido que se tomen medidas para luchar contra los abusos de derechos humanos en China.
«Hay un fuerte, diverso, bipartidista y bicameral apoyo a esta legislación», dijo McGovern en el pleno antes de la votación, y agregó, «es hora de que el Congreso actúe».
El representante dijo que los legisladores observan «con horror» cómo el régimen chino, en los últimos años, estableció y luego expandió un sistema de campos de encarcelamiento masivo, en los que se han producido una serie de graves abusos.
«Hasta 1.8 millones de uigures y miembros de otros grupos étnicos minoritarios predominantemente musulmanes fueron detenidos arbitrariamente en los campos y sometidos a trabajos forzados, torturas, intimidación política y otros graves abusos de derechos humanos», dijo, y añadió que algunas de las prácticas en las que presuntamente participa el régimen chino, como la esterilización forzada, pueden violar la Convención de las Naciones Unidas sobre el genocidio.
En una entrevista a finales de agosto en “American Thought Leaders” de The Epoch Times, Sam Brownback, el embajador en misión especial para la libertad religiosa internacional, habló de las crecientes pruebas de abusos de derechos humanos del régimen chino.
«Puedes ver lo que China hizo a los budistas tibetanos y todavía lo hace: la persecución, manteniendo al Dalai Lama fuera del país», dijo. «Puedes ver a Xinjiang la cual es probablemente la persecución religiosa más atroz que tiene lugar en el mundo hoy en día. Un millón de uigures musulmanes en campos de concentración», dijo, añadiendo que fuera de las duras instalaciones penales de China, el régimen comunista continúa sus tácticas represivas a través de un elaborado sistema de control social.
«Y entonces si sales de aquellos, estás en este estado policial de una prisión virtual por todas las cámaras, los sistemas de reconocimiento facial, y las limitaciones sobre ti, la destrucción de las iglesias clandestinas, el deseo de controlar la Iglesia Católica, la persecución a Falun Gong, la información creíble que se está llevando a cabo la sustracción de órganos», explicó.
Los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual tradicional china, es objeto de una persecución implacable que comenzó en 1999, que algunos estudiosos han descrito como el manual a seguir en la actual represión de las minorías étnicas en la región de Xinjiang.
Brownback añadió que la administración Trump adoptó una postura dura en contra de los abusadores comunistas de China.
«Se está viendo a la administración Trump trabajar con martillo y tenazas en estos abusos de derechos humanos y particularmente en los abusos a la libertad religiosa que están ocurriendo en el oeste de China. Vamos hacia las empresas que están siendo usadas en los trabajos forzados, que están siendo forzadas por el Partido Comunista Chino. Vamos hacia las entidades que brindan su tecnología para ser utilizada para observar y oprimir a la gente», explicó.
En el pleno de la Cámara de Representantes el miércoles, el representante Ted Yoho (R-Fla.), quien copatrocinó el proyecto de ley, comparó los abusos perpetrados por el régimen comunista chino en Xinjiang con los campos de concentración de la Alemania nazi.
«Como miembros del Congreso, tenemos la obligación moral de asegurar que la campaña de limpieza étnica y trabajos forzados patrocinada por el estado, que recuerda a los campos de concentración del régimen nazi—cuando juramos como comunidad mundial ‘¡Nunca más!’ —sea clausurada y castigada con todo el peso del derecho estadounidense e internacional», dijo.
Yoho añadió que la comunidad empresarial estadounidense también tiene la obligación moral de «no apaciguar a China en nombre de los beneficios».
También se espera que la Cámara de Representantes apruebe la Ley de Divulgación de Trabajos Forzados Uigur (pdf), que requeriría que las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos y que hacen negocios en Xinjiang divulguen información sobre la cadena de suministro, incluyendo si los bienes o materiales utilizados para hacer productos terminados implicaron la explotación con trabajos forzados.
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