Estados Unidos impuso sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro, en 2017, creando un estancamiento diplomático de años entre los países hasta que una delegación de alto nivel de funcionarios estadounidenses llegó el 5 de marzo para discutir el alivio de las sanciones y los recursos petroleros suplementarios.
En una reunión de seguimiento el 11 de marzo, el canciller venezolano Félix Plasencia dijo que Maduro estaba dispuesto a volver a hacer negocios con empresas estadounidenses.
«Nunca hemos pedido a las empresas norteamericanas que se vayan del país (…) El presidente Nicolás Maduro ha dicho muchas veces que damos la bienvenida a las empresas petroleras norteamericanas para que inviertan y desarrollen negocios petroleros en Venezuela», comentó Plasencia durante el Foro Diplomático de Antalya, en Turquía.
Plasencia dijo que Venezuela sigue siendo un firme aliado de Rusia, y el país planea aumentar la producción de petróleo hasta 2 millones de barriles por día para finales de año con la ayuda de lo que llamó «socios confiables» como China, Irán y Rusia.
Sin embargo, el canciller señaló que siempre hay espacio para ampliar este comercio a Estados Unidos.
Esto se produce tras el anuncio del presidente estadounidense, Joe Biden, de prohibir el petróleo ruso como parte del aumento de las sanciones contra Moscú por el ataque a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero.
Algunos senadores y representantes estadounidenses han criticado las negociaciones propuestas por Biden con Maduro, diciendo que el presidente venezolano es un «régimen títere» que crea una plataforma para los gobiernos autocráticos de Cuba, Irán, China y Rusia.
El 10 de marzo, los senadores Marco Rubio (R-FL) y Rick Scott (R-FL), junto con los representantes estadounidenses Carlos Gimenez (R-FL), Mario Díaz-Balart (R-FL) y María Elvira Salazar (R-FL) enviaron una carta a Biden, al secretario del Departamento de Estado de EE. UU. Antony Blinken, y a la secretaria del Departamento de Energía Jennifer Granholm, condenando la decisión de la administración de negociar con el dictador venezolano.
«La delegación de la administración enviada a Venezuela esta semana pasada tenía el propósito declarado de utilizar las sanciones estadounidenses impuestas al régimen de Maduro como moneda de cambio con una dictadura ilegítima para producir más petróleo».
«Al negociar con la dictadura de Maduro, su administración está socavando la política exterior estadounidense hacia Venezuela y está descuidando el compromiso de Estados Unidos con la comunidad venezolana en el exilio», decía la correspondencia.
Plasencia explicó que las visitas de funcionarios estadounidenses no son nada nuevo y presionó para que la Administración de Biden levante las «medidas unilaterales» contra Venezuela.
«Que nos visiten a Venezuela para hablar de esto es importante, pero no es nada absolutamente fuera de lo normal ni nuevo porque llevamos mucho tiempo haciendo negocios con los americanos», dijo Plasencia.
Tras una reunión privada con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell Fontelles, el 12 de marzo, Plasencia afirmó que «reafirmamos nuestro compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, y nuestro rechazo a la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales».
A pesar de las palabras de Plasencia, Maduro no ha tenido reparos en culpar a Estados Unidos de la agresión rusa en Ucrania.
El 7 de marzo, apenas dos días después de la llegada de la delegación estadounidense a Venezuela, Maduro arremetió contra las naciones occidentales y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un video publicado en su cuenta de Twitter.
«Los que provocaron este conflicto con décadas de incumplimiento de acuerdos, con décadas de amenazas contra Rusia, con décadas preparando planes para la extensión de la OTAN son los primeros que tienen responsabilidad para desescalar este conflicto y buscar un escenario favorable de negociación y acuerdo», dijo.
Las sanciones de Estados Unidos fueron impuestas a Maduro en un intento de reducir las ganancias de la minería ilegal de oro, los emprendimientos petroleros operados por el Estado y otros negocios que operan como frentes para la actividad criminal y facilitan las violaciones de los derechos humanos.
Respecto a las sanciones, la representante del Departamento de Estado, Carrie Filipetti, dijo a un comité del Senado estadounidense que estaban destinadas a «cortar esas fuentes de ingresos financieros y evitar que la industria petrolera sea explotada para el patrocinio».
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