El director general de una empresa estadounidense de desarrollo de videojuegos renunció a su cargo después de emitir un comunicado de apoyo a la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. a favor de una ley en Texas que prohíbe los abortos tras la detección de un latido fetal.
La compañía, Tripwire Interactive LLC, anunció el lunes en un comunicado que John Gibson «ha dejado de ser el director general» de la empresa, con efecto inmediato.
Gibson dijo a través de Twitter el sábado: «Orgulloso de que la #CorteSuprema confirme la ley de Texas que prohíbe el aborto de bebés con latido».
Y añadió: «Como trabajador de entretenimiento no me meto en política a menudo. Sin embargo, con tantos compañeros que se expresan en el otro lado de este tema, sentí que era importante ir adelante como un desarrollador de juegos provida».
Dos días después, Tripwire emitió un comunicado en el que se desvinculaba de las opiniones de Gibson.
«Los comentarios dados por John Gibson son de su propia opinión, y no reflejan los de Tripwire Interactive como empresa», decía el comunicado.
«Sus comentarios despreciaron los valores de todo nuestro equipo, nuestros socios y gran parte de nuestra comunidad más amplia. Nuestro equipo de liderazgo en Tripwire lo lamenta profundamente y está unificado en nuestro compromiso de tomar medidas rápidas y fomentar un entorno más positivo».
Alan Wilson, actual vicepresidente de Tripwire, asumirá el cargo de director general interino.
La Corte Suprema falló el jueves a favor de la Ley de latidos del corazón de Texas (proyecto de ley 8 del Senado), promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en mayo. Esta ley prohíbe a los médicos realizar o inducir un aborto a menos que hayan determinado si el niño por nacer tiene un latido fetal detectable, el cual puede ser detectado desde las seis semanas después de la concepción.
Si se detecta un latido, el médico solo puede realizar el aborto en caso de emergencia médica. La medida no contempla una excepción para los embarazos debidos a incesto o violación.
Según la ley, los funcionarios estatales no pueden imponer la medida.
La legislación prohíbe a los funcionarios estatales hacer cumplir las disposiciones. En cambio, los ciudadanos particulares —excepto por un individuo que haya embarazado a una mujer por incesto o violación— pueden presentar demandas contra médicos, clínicas y cualquier persona que presuntamente esté involucrada en un aborto que viole la ley.
Aquellos que violen la ley tendrán que pagar 10,000 dólares al ciudadano particular que presente la demanda.
La ley entró en vigor el 1 de septiembre. La Corte Suprema denegó ese mismo día un intento de detener la entrada en vigor de la medida, en una sentencia de 5-4. Un tribunal de distrito y un tribunal de apelación también habían rechazado previamente la intervención.
«Los solicitantes que tenemos ahora ante nosotros han planteado serias dudas sobre la constitucionalidad de la ley de Texas en cuestión», dijo la mayoría. «Pero su solicitud también presenta cuestiones procesales previas complejas y novedosas sobre las que no ha cumplido el requisito» para conseguir que se emita una orden judicial preliminar.
Con información de Zachary Stieber.
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