Economistas de Goldman Sachs predicen que es probable que unas 750,000 familias de inquilinos pierdan sus casas este año tras el bloqueo de la Corte Suprema a la moratoria federal de desalojos y por la lenta entrega de ayudas de emergencia para el pago de alquileres.
Basando su predicción en datos de morosidad de alquileres de compañías inmobiliarias, agencias federales y del Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares (NMHC), un grupo comercial y de defensa de la industria de alquileres, los analistas de Goldman revelaron su predicción en un informe publicado el domingo. Se estima que entre 2,5 millones y 3,5 millones de hogares estadounidenses están atrasados con el pago del alquiler y, cuando expire la moratoria de desalojo a principios de octubre, entre 1 millón y 2 millones de hogares se enfrentarán a un mayor riesgo de desalojo.
“La situación en el mercado de la vivienda y de alquileres sugiere que los propietarios intentarán desalojar a los inquilinos que estén morosos en el alquiler, a menos que obtengan asistencia federal”, dijeron los analistas de Goldman. «Los desalojos podrían ser particularmente pronunciados en las ciudades más afectadas por la [crisis de la pandemia], ya que los mercados de apartamentos son en realidad más ajustados en esas ciudades».
El 26 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la moratoria de desalojo promulgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), abriendo la puerta para que los propietarios desalojen a los residentes atrasados en el pago del alquiler. El fallo se produjo después de que los CDC emitieran el 3 de agosto una moratoria federal por 60 días, que expiraba el 3 de octubre.
Tras el fallo de la Corte Suprema, la NMHC emitió un comunicado diciendo que está de acuerdo con la decisión. Si bien el grupo comercial dijo que apoyaba un cese voluntario a corto plazo de los desalojos, para ayudar a las familias afectadas por la pandemia, argumentó que una «moratoria de desalojos a largo plazo nunca será una la política correcta».
«[La extensión a la moratoria de desalojos] no hace nada para acelerar la entrega de soluciones reales para los inquilinos de Estados Unidos e ignora la carga económica insostenible e injusta que pesa sobre millones de proveedores de vivienda, lo que pone en peligro su estabilidad financiera y amenaza con la pérdida de viviendas asequibles en todo el país», dijo NMHC en un comunicado.
Al mismo tiempo, la asistencia federal para el alquiler ha tardado en llegar a los hogares vulnerables. La legislación de ayuda pandemica del año pasado estableció el programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERA) con USD 25,000 millones en fondos (pdf), mientras que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense en marzo proporcionó otros USD 21,500 millones en ayudas para el pago de los alquileres (pdf) en lo que se conoce como ERA2. Pero el desembolso de la ayuda ha sido lento, debido, principalmente a retrasos en el procesamiento de las solicitudes, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.
El Tesoro dijo en un comunicado del 25 de agosto que los programas estatales y locales, hasta el 31 de julio, gastaron alrededor de USD 5100 millones de los USD 25,000 millones del programa ERA de ayuda a los inquilinos vulnerables. Si bien el uso de los fondos ERA2 no se incluyó en los informes del Tesoro, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas estimó que, del total de USD 46,500 millones que el Congreso asignó para los programas ERA y ERA2, hasta la fecha se han gastado menos de USD 6000 millones.
Si bien el Tesoro señaló que los beneficiarios han tenido acceso a alrededor del 40 por ciento de sus fondos ERA2, asignados desde mayo, y si bien, los fondos ERA restantes de algunos de ellos se estaban agotando y estaban haciendo la transición a los fondos del programa ERA2, la lentitud del desembolso de la ayuda en general genera el riesgo de que estos fondos se reasignen.
«Demasiados adjudicatarios aún no han demostrado un progreso suficiente en la prestación de asistencia a los inquilinos y propietarios en dificultades», señaló el Tesoro en el comunicado. «Después de septiembre, los programas que no estén dispuestos o sean incapaces de prestar asistencia con rapidez correrán el riesgo de que sus fondos de ayuda al alquiler se reasignen a programas eficaces en otras zonas de gran necesidad».
Con miras a impulsar el ritmo del desembolso de la ayuda de emergencia para los alquileres, el Tesoro anunció una serie de políticas adicionales diseñadas para agilizar el proceso de solicitud. Al mismo tiempo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge, y el fiscal general Merrick Garland, enviaron una carta a los gobiernos estatales y locales el 27 de agosto, instando a los funcionarios a promulgar sus propias prohibiciones a los procedimientos de desalojo.
“Nuestra conclusión es la siguiente: nadie debe ser desalojado antes de que tenga la oportunidad de solicitar asistencia para pagar el alquiler, y ningún desalojo debe avanzar hasta que se haya procesado esa solicitud”, escribieron.
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