Las autoridades chinas anunciaron formalmente los cargos contra detenidos de Hong Kong más de tres meses después de que fueran arrestados por primera vez cuando, según se reporta, escapaban a Taiwán en busca de asilo político.
Dos fueron acusados de organizar cruces fronterizos ilegales, mientras que otros ocho fueron acusados de participar en una operación de cruce de frontera, según una declaración del 16 de diciembre del Tribunal Popular del Distrito de Yantian en la ciudad de Shenzhen, China continental, donde los activistas están detenidos.
El tribunal dijo que celebrará juicios a puerta cerrada para decidir sobre los casos restantes de los dos menores.
El cruce ilegal de la frontera se castiga con hasta un año de prisión según la ley china. Los organizadores de esos intentos podrían enfrentarse a una pena de dos a siete años y, en algunos casos «especialmente graves», a cadena perpetua.
Los 12 activistas, de edades entre 16 y 33 años, fueron capturados por los guardacostas chinos en agosto cuando salían en un barco hacia la isla autónoma de Taiwán.
Todos fueron detenidos anteriormente en Hong Kong por su participación en el movimiento prodemocrático, que nació del descontento del verano pasado por la creciente usurpación de la autonomía de la ciudad por parte de Beijing. El jefe de seguridad de Hong Kong, John Lee, dijo anteriormente que a 11 de ellos se les había prohibido salir de Hong Kong debido a los cargos.
Al menos uno de ellos, Andy Li, fue arrestado previamente por «colusión con fuerzas extranjeras» bajo la nueva ley de seguridad nacional, que el régimen chino impuso a la ciudad a finales del 30 de junio. La nueva ley castiga delitos vagamente definidos como la secesión y la colusión con la pena máxima de cadena perpetua.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha calificado anteriormente a los 12 activistas como separatistas, y los medios de comunicación chinos gestionados por el Estado, como el Global Times, los han presentado sistemáticamente como alborotadores. En octubre, la policía de Hong Kong detuvo a nueve personas por ayudar en su fuga.
Aunque el tribunal de Shenzhen no especificó las fechas de las audiencias, el abogado prodemocracia de Hong Kong Hang Tung Chow sospecha que las autoridades chinas podrían convocar el juicio durante la temporada de festividades para reducir al mínimo su impacto internacional, dado su historial de manejo de casos políticos delicados en el pasado, declaró a Apple Daily.
Los familiares no han podido contactar con los detenidos, mientras que los abogados chinos que los familiares contrataron no pudieron reunirse con sus clientes. Múltiples abogados han descrito haber sido amenazados por la policía china para que se retiren del caso.
«Aunque sentí mucha presión, no acepté renunciar, y ellos [las autoridades] no aceptaron los términos que les ofrecí. Pronto, la oficina judicial mandó a decir que me castigarían y me revocarían la licencia de abogado», dijo uno de los abogados a The Epoch Times en noviembre. Dijo que el centro de detención de Yantian le había negado repetidamente el acceso a él y a otros abogados designados por la familia. La policía también lo siguió y llamó para preguntar sobre su paradero, dijo.
Los abogados nombrados por el gobierno solo empezaron a contactar con los familiares en las últimas semanas, según el exlegislador de Hong Kong Eddie Chu, que ha mantenido el contacto con las familias de los detenidos. En un reciente programa, dijo a la emisora pública local RTHK que los abogados del gobierno han actuado de forma misteriosa y se han negado a revelar sus nombres completos, añadiendo que esperaba que las autoridades chinas permitieran a los familiares asistir a las audiencias del tribunal.
El arresto por el régimen chino de los 12 hongkoneses, varios de los cuales son titulares de pasaportes extranjeros, ha llamado la atención internacional. El 1 de diciembre, al cumplirse 100 días de su detención, 155 funcionarios de 18 países enviaron una carta abierta a la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, instándola a garantizar la «decencia básica y los derechos humanos» de los hongkoneses, incluido su regreso a Hong Kong, el acceso a los medicamentos necesarios, el contacto con sus familiares y la representación legal.
A raíz de la ley de seguridad nacional, numerosos activistas prodemocracia han sido detenidos y un número cada vez mayor de residentes locales están buscando refugio en otros lugares.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que concedería la condición de protección temporal a los habitantes de Hong Kong que temen ser procesados si regresan. Se presentó un proyecto de ley similar en el Senado, pero aún no se ha sometido a votación.
El 14 de diciembre, el secretario de Estado Mike Pompeo expresó su apoyo al magnate de los medios de comunicación locales prodemocracia Jimmy Lai, que fue arrestado por un cargo de seguridad nacional y al que se le negó la libertad bajo fianza.
«Me temo que Hong Kong se está convirtiendo en otra ciudad comunista dirigida por los chinos, y eso es una lástima», dijo Pompeo en una entrevista con los medios de comunicación, calificando el arresto como otro ejemplo de que Beijing está rompiendo su «compromiso de 50 años»— su promesa de no interferir con la autonomía y las libertades básicas de la ciudad al pasar del dominio británico al chino en 1997.
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