La Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de Trasplantes en China (ETAC, por sus siglas en inglés) y otros dos grupos de derechos de EE. UU. han criticado a China por sus respuestas «inadecuadas y engañosas» sobre las denuncias creíbles de la práctica de sustracción forzada de órganos sancionada por el Estado.
Las preguntas fueron planteadas en junio por nueve relatores especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y por miembros de un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Juntos, dijeron estar «extremadamente alarmados» por los informes sobre la sustracción de órganos por parte de China a las minorías detenidas, incluidos practicantes de Falun Gong, uigures y cristianos.
Los relatores, que son expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, pidieron a China que proporcionara información sobre las alegaciones (pdf), incluyendo los «fundamentos legales para la realización de exámenes médicos a los presos o detenidos» y el «propósito de dichos exámenes médicos».
China ha convertido su industria de trasplantes en un negocio rentable asesinando a prisioneros de conciencia y extrayendo sus órganos a la fuerza, lo que permite a los hospitales chinos ofrecer a los pacientes un órgano compatible en un plazo extraordinariamente corto. A lo largo de los años, Beijing ha desestimado estas acusaciones como «rumores» y ha dicho que el país cuenta con un sistema nacional de donación para la obtención de órganos.
La postura de China fue rebatida en 2019, cuando un tribunal independiente de Londres concluyó que la sustracción forzada de órganos sancionada por el Estado ha tenido lugar en China durante años «a una escala significativa». El informe (pdf) afirmaba que era «indudable» que los órganos se obtienen de practicantes de Falun Gong encarcelados y que son «probablemente la fuente principal».
El informe también señalaba que los practicantes de Falun Gong detenidos eran «‘sistemáticamente sometidos a análisis de sangre y exámenes de órganos». Los análisis de sangre se llevan a cabo para comprobar los grupos sanguíneos y los tipos de tejidos para determinar si un receptor de órganos puede ser emparejado con un donante.
Las acusaciones de sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong detenidos surgieron por primera vez en 2006. Los practicantes, que se convirtieron en objetivo de la persecución china en 1999, siguen siendo víctimas de la opresión hasta el día de hoy.
El 24 de septiembre, la ETAC, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo (VOC) y la China Aid Association emitieron una declaración conjunta en la que criticaban a China por no haber respondido adecuadamente a las preguntas de los relatores.
«Una vez más, los funcionarios chinos no han proporcionado estadísticas oficiales sobre los trasplantes, los tiempos de espera para la asignación de órganos o las fuentes de los mismos, tal y como solicitaron los expertos de la ONU en 2006, 2007 y ahora en 2021», dijo Susie Hughes, directora general de ETAC, en la declaración.
Y añadió: «Es el momento de un boicot mundial al sector de los trasplantes en China hasta que se libere a los grupos minoritarios inocentes y el Estado chino demuestre unas prácticas de trasplante éticas».
En respuesta a las preguntas sobre el examen médico, los tres grupos de derechos dijeron que no era suficiente que China se limitara a citar las directrices de seguridad pública y las órdenes del Consejo de Estado, que es como un gabinete.
«La respuesta de la RPC [República Popular China] no aporta ningún dato nuevo que sugiera que el objetivo de estos exámenes era otro que la evaluación de la función de los órganos, necesaria antes de la extracción de los mismos», declararon los tres grupos de derechos.
Los grupos dijeron que China no respondió a una pregunta sobre sus medidas «adoptadas para garantizar la necesidad de que las actividades de donación y trasplante sean transparentes y estén abiertas al escrutinio».
Tampoco respondió China adecuadamente a otra pregunta sobre «cómo se recogen los datos para evitar el abuso de los sistemas de trasplante».
Los datos públicos de donación de órganos de China han sido cuestionados anteriormente por algunos expertos. En 2019, un artículo publicado en la revista científica BMC Medical Ethics concluyó que «las cifras de donación de órganos comunicadas por Beijing no se sostienen y hay pruebas muy convincentes de que están siendo falsificadas».
«Las flagrantes mentiras del Partido Comunista Chino en respuesta a las preguntas planteadas por los relatores especiales de la ONU sobre la sustracción forzada de órganos patrocinada por el Estado son vergonzosas pero no sorprendentes», dijo Andrew Bremberg, exrepresentante de EE. UU. ante la ONU y actual presidente de VOC, según la declaración.
Añadió: «Felicito a los relatores especiales de la ONU por presentar estas preguntas a China e insto a los estados miembros a que pongan fin a su complacencia basada en la respuesta completamente inadecuada del PCCh [Partido Comunista Chino]».
«Corresponde a los Estados miembros, incluido Estados Unidos, decidir si se ignora el trabajo de los relatores especiales o se actúa finalmente para exigir responsabilidades por la horrible práctica china de sustracción de órganos a prisioneros de conciencia».
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