Comité del Senado aprueba propuesta de ley que permite demandar a Beijing por la pandemia

Una propuesta de ley que permite a los estadounidenses tomar medidas legales contra el régimen chino por la COVID-19 en los tribunales federales de EE.UU. se está abriendo paso en el Congreso.

El proyecto de ley de Justicia Civil para las Víctimas de COVID fue aprobado por el Comité de Justicia del Senado el jueves por una votación de 13-9 y ahora se abre paso al pleno del Senado. El proyecto de ley es copatrocinado por siete senadores republicanos, incluyendo a los senadores Lindsey Graham (R-S.C.), Tom Cotton (R-Ark.), Josh Hawley (R-Mo.) y Marsha Blackburn (R-Tenn.).

En la primera etapa del brote de la pandemia del virus del Partido Comunista Chino (PCCh), Beijing no compartió la información sobre la existencia del virus, silenció a los denunciantes que trataron de advertir sobre el brote y restó importancia a la gravedad de la enfermedad. Esta supresión de la información y la mala gestión, que ha provocado una devastación humana y económica en todo el mundo, provocó la indignación de la comunidad internacional, lo que dio lugar a una demanda mundial de rendición de cuentas y justicia contra la nación comunista.

Comenzaron a surgir demandas en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. Sin embargo, muchos expertos jurídicos no son optimistas acerca de si alguna de las demandas de los Estados Unidos prevalecería, diciendo que los demandantes se encontrarían con dificultades importantes para vencer el obstáculo de la inmunidad soberana extranjera.

La inmunidad soberana es la doctrina jurídica que aísla a los países de ser demandados en los tribunales de otros países. En los Estados Unidos, la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera limita las demandas contra naciones extranjeras por responsabilidad civil, a menos que un caso entre en la lista limitada de excepciones de la ley.

Los senadores dicen que el proyecto de ley tiene por objeto levantar esta barrera para que los estadounidenses puedan demandar al PCCh, despojando a China de su inmunidad soberana por su patrón de retención de información que dio lugar a la propagación de la pandemia en todo el mundo. Dicen que el proyecto de ley se basa en la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo de 2016 (JASTA), que permitía entablar demandas contra funcionarios de Arabia Saudita por víctimas del terrorismo, en particular las víctimas del 11 de septiembre.

El proyecto de ley también otorga a los tribunales federales la autoridad para conocer de las demandas y autoriza a los tribunales federales a congelar los activos chinos cuando sea apropiado.

Graham dijo que le complacía la aprobación del proyecto de ley en el comité.

«Está claro para mí que el Partido Comunista Chino engañó al mundo y manipuló información sobre el coronavirus. China restringió los viajes dentro de China para frenar la propagación, pero permitió que la gente de China viajara por todo el mundo aumentando la propagación», dijo Graham en un comunicado.

«Para aquellos que han sufrido del coronavirus, su sufrimiento está directamente relacionado con el escandaloso comportamiento del Partido Comunista de China. China fue negligente al tratar con los orígenes del virus y al engañar al mundo sobre la naturaleza del virus. Los estadounidenses se merecen su día en la corte».

Entre mediados de diciembre y mediados de enero, el régimen chino mostró un patrón de comportamiento de retención de información y de hacer declaraciones falsas sobre la gravedad de la enfermedad. Había pruebas de que el PCCh no había proporcionado rápidamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) información importante sobre el virus, como la transmisibilidad del virus, los detalles del genoma del virus y los casos de infección entre personal sanitario. Los expertos han descubierto que esta falta de transparencia y franqueza obstaculizó la respuesta internacional al virus.

Un estudio, actualmente en fase de preimpresión por parte de investigadores de la Universidad de Southhampton en el Reino Unido, encontró que si las autoridades chinas hubieran actuado tres semanas antes, el número de casos podría haberse reducido en un 95 por ciento.

El régimen chino tampoco respondió a las peticiones internacionales de información sobre el virus y el brote. El secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alex Azar, dijo anteriormente que los Estados Unidos habían estado tratando de enviar un grupo de expertos para entender la transmisión y la gravedad del brote desde el 6 de enero. Sin embargo, las repetidas solicitudes de los Estados Unidos quedaron sin respuesta durante un mes.

Además, cuando varios médicos de Wuhan intentaron advertir a sus colegas y al público sobre una «neumonía de causa desconocida», que más tarde se conoció como el virus del PCCh, las autoridades intentaron silenciarlos y los amonestaron por «rumores». El más notable de ellos fue el Dr. Li Wenliang, un oftalmólogo que finalmente sucumbió a la enfermedad después de contraerla de un paciente que estaba tratando.

Por otra parte, los artículos previos de The Epoch Times que citaban investigaciones, entrevistas con habitantes de Wuhan e informes internos del gobierno han revelado que las autoridades chinas han estado minimizando significativamente la gravedad del brote.

En los últimos meses, se han presentado una serie de demandas colectivas por parte de individuos o empresas en los tribunales federales de EE.UU. contra el régimen por la pandemia, incluyendo las de Florida, Texas, Nevada y California. Los fiscales generales de Missouri y Mississippi también han presentado demandas por separado contra el régimen chino en nombre de sus estados.

El total de casos confirmados de la pandemia del virus del PCCh en los Estados Unidos es de más de 4.4 millones de personas y suman 17.3 millones en todo el mundo a fecha de 31 de julio.

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