DEL RIO, Texas–La caravana más grande de inmigrantes ilegales hasta la fecha fue, para ellos, exitosa. En su apogeo, alrededor del 18 de septiembre, casi 15,000 ciudadanos–en su mayoría haitianos que habían estado viviendo principalmente en Chile o Brasil–acamparon bajo un puente internacional en Del Rio, Texas, que había sido cerrado al comercio legítimo y viajes.
Más de 12,400 de los extranjeros fueron finalmente liberados en Estados Unidos cuando el campamento primitivo fue despejado y desmantelado, según el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La mayoría recibió un aviso para comparecer, que es una fecha para presentarse ante un tribunal de inmigración, o un aviso para informar, que es una solicitud para registrarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un plazo de 60 días. A ninguno se realizó la prueba contra la COVID-19.
Alrededor de 2000 haitianos fueron trasladados de regreso a Haití durante la semana, dijo Mayorkas el 24 de septiembre. También dijo que la Patrulla Fronteriza había detenido a casi 30,000 inmigrantes ilegales en Del Río durante las dos semanas anteriores.
Las noticias se difundieron rápidamente entre los haitianos en Del Río, y cuando los primeros vuelos de deportación aterrizaron en Haití, muchos de los que quedaron debajo del puente huyeron a través del Río Grande a Acuña, México, para esperar a que pasara la incertidumbre.
Todos los haitianos con los que habló The Epoch Times habían estado viviendo en Chile o Brasil durante años antes de decidir venir a Estados Unidos. Todos dijeron que no era una opción para ellos regresar a Haití y que estaban decididos a ingresar a Estados Unidos de una forma u otra.
La ciudad de Tapachula, al suroeste de México, es el punto de entrada común de la ruta trillada para los haitianos que viajan hacia el norte.
Después de atravesar la traicionera jungla del Darién desde Colombia hasta Panamá, ellos reciben ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Luego, recorren Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, antes de ingresar a México cerca de Tapachula.
Los haitianos y africanos se han estado reuniendo en Tapachula durante años para esperar permisos de tránsito o solicitar asilo en México.
En 2019, The Epoch Times informó que más de 5000 haitianos y africanos se habían acumulado en el centro de inmigración de Tapachula. En ese momento, tomó más de un mes obtener los documentos requeridos, pero nadie quería ser atrapado sin documentos legales y arriesgarse a la deportación en esa etapa, por lo que esperaron.
Sin embargo, a mediados de septiembre de este año, miles de haitianos salieron de Tapachula, algunos sin documentación legal, y comenzaron a dirigirse hacia la frontera de Estados Unidos, principalmente en autobús.
“El gobierno mexicano ha sido de gran ayuda”, dijo Phanel, un ciudadano haitiano, a The Epoch Times el 21 de septiembre en Acuña, México.
“Legalmente están emitiendo permisos, pero algunos de nosotros no esperamos [en Tapachula]. Pero aun así brindaron orientación sobre cómo llegar aquí».
Phanel dijo que había estado viviendo en Chile durante tres años antes de decidir venir a Estados Unidos. Había pasado cinco noches bajo el puente en Del Río con su esposa, su hijo y su hija, antes de regresar a México para recoger provisiones.
Otro haitiano que había estado viviendo en Chile durante varios años buscaba un hotel para hospedarse en Acuña para evitar la deportación de Estados Unidos.
“Pensé que me iban a dejar entrar [a Estados Unidos], que me entregarían el aviso para que compareciera y, de inmediato, buscaría un trabajo para poder enviar dinero a mi familia”, dijo.
Tradicionalmente, los haitianos llegaban primero a Puerto Rico, en lugar de tomar la ruta terrestre a través de América Latina. El segundo punto de cruce más transitado para los haitianos era la frontera norte de Estados Unidos (604 arrestos en 12 años) y la frontera sur era el tercer punto más transitado, con 473 arrestos en 12 años.
Pero, en 2019, los agentes de la Patrulla Fronteriza en Del Río comenzaron a detener a más de 1000 haitianos en unas pocas semanas.
Este año, el número de haitianos que cruzan ilegalmente a Del Río ha tenido una fuerte tendencia al alza, especialmente desde abril, cuando los agentes detuvieron a 514 haitianos. El número se multiplicó por diez a 5196 en agosto. Septiembre será un mes que romperá todos los récords.
Incentivos de política
A nivel de políticas, la administración de Biden ha sido indulgente con los inmigrantes ilegales, incluso a través de cambios de política que permiten que la mayoría sea liberada en Estados Unidos.
Mayorkas anunció el 22 de mayo una extensión para los haitianos actualmente elegibles bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que se implementó después del terremoto de 2010. Eso permitió a que los haitianos que ya estaban en Estados Unidos antes del terremoto se quedaran, ya que se consideraba que su país no era seguro para regresar. Los titulares de TPS obtienen permisos de trabajo y están protegidos de la deportación.
La designación original de 2010 se extendió varias veces hasta que la administración Trump anunció en enero de 2018 que la designación de Haití terminaría a partir del 22 de julio de 2019. Las demandas posteriores permitieron que la designación permaneciera en vigor.
El 3 de agosto, Mayorkas aumentó drásticamente el número de haitianos elegibles para el programa al anunciar que todos los haitianos que habían llegado a los Estados Unidos antes del 29 de julio de este año ahora serían elegibles para solicitar el TPS.
El expresidente Barack Obama comenzó la práctica de rediseñar el TPS para que las personas que llegaron después de la designación original también calificaran, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de expertos con sede en D.C. que promueve la inmigración legal.
“Rediseñar… proporciona un incentivo para llegar aquí y luego aprovechar. Nunca se puede estar seguro de que eso va a suceder, pero creo que era una expectativa razonable para la gente de que si llegaban aquí, la administración Biden eventualmente lo volvería a hacer”, dijo Vaughan a The Epoch Times.
«No creo que los propios inmigrantes siempre conozcan las políticas específicas y los criterios de elegibilidad (…) simplemente saben que a las personas se les permite ingresar y quedarse aquí por un período de tiempo indefinido».
Las redes sociales como Facebook y las plataformas de mensajería como WhatsApp contribuyen en gran medida a la rápida difusión de información y la capacidad organizativa de grandes grupos de posibles inmigrantes ilegales.
Hasta 30,000 haitianos se encuentran actualmente de camino a la frontera, según informes recibidos por el alcalde de Del Río, Bruno Lozano, la semana pasada.
Una advertencia
Tres meses antes de la crisis haitiana, Jon Anfinsen, un agente de la Patrulla Fronteriza y representante sindical nacional de Del Rio, dijo que advirtió a la administración que se preparara para una afluencia abrumadora de inmigrantes ilegales. Fue un grito de advertencia que dijo que fue ignorado.
«Básicamente, se recomendó que comenzaran a construir algún tipo de instalación aquí», dijo Anfinsen a The Epoch Times el 21 de septiembre.
Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, dijo: “No solo lo ignoraron, sino que regresaron y dijeron: ‘Tenemos formas más eficientes de manejarlo’”.
“Ahora estamos en esta situación”, dijo Judd mientras señalaba las miserables condiciones debajo del puente en Del Río.
Judd dijo que «no hay forma en el mundo» de que el Departamento de Seguridad Nacional no supiera que 15,000 haitianos se dirigían a la frontera con Estados Unidos.
“Tenemos un departamento de inteligencia muy sólido. No hay forma en el mundo que no pudieran haberse preparado. Simplemente no lo hicieron”, dijo.
En declaraciones a los medios de comunicación en la Casa Blanca el 24 de septiembre, Mayorkas dijo que la situación en Del Río no tenía precedentes.
“No tiene precedentes para nosotros ver esa cantidad de personas que llegan a un punto discreto a lo largo de la frontera en un período de tiempo tan compacto”, dijo.
Reiteró que los criterios para el asilo no incluyen «necesidad económica, huida de la violencia generalizada», sino más bien «temor creíble de persecución debido a la pertenencia a un grupo social en particular».
No está claro si los haitianos que han vivido de manera segura en Chile o Brasil durante años serán elegibles para el asilo.
La vicepresidenta Kamala Harris fue elegida en marzo para abordar el problema de la frontera y ha dicho que su enfoque está en las «causas fundamentales» de la inmigración ilegal.
El plan de tres partes de Mayorkas es invertir en los países de los que la gente se va, construir “caminos seguros, ordenados y humanos” para la inmigración, y reconstruir el sistema de asilo y el programa de refugiados.
Vaughan dijo que el Congreso no ha podido abordar los problemas de inmigración y seguridad fronteriza durante años.
“La ley y la política sobre inmigración han sido abdicadas por el Congreso y ahora están en manos de los tribunales y el poder ejecutivo”, dijo.
Los efectos de liberar a un gran número de inmigrantes ilegales en todo Estados Unidos supondrán una «enorme carga» para las comunidades, dijo.
“[Las comunidades] van a tener que pagar la cuenta–que estos niños vayan a la escuela, tengan seguro médico. Ellos van a estar ocupando una gran cantidad de viviendas asequibles, van a intentar trabajar informalmente porque no tienen permisos de trabajo. Y eventualmente accederán a todo tipo de programas de bienestar público».
Fuera de la frontera
Mientras los ciudadanos haitianos cruzaban la frontera, la Patrulla Fronteriza se vio obligada a cerrar varios puntos de control en las carreteras durante más de una semana para enviar agentes que hicieran frente a la afluencia. Eso dejó la autopista 90–un tiro directo de Del Río a San Antonio–abierta, ya que los policías estatales de Texas también abandonaron las carreteras para proteger la frontera.
El 24 de septiembre, antes de que se reabriera el puesto de control, los policías y las fuerzas del orden locales estuvieron atadas a la autopista 90 por persecuciones de vehículos y arrestos por contrabando.
El conductor de una camioneta pickup robada de Houston fue perseguido a alta velocidad por la policía estatal y a los agentes del condado de Kinney durante varias millas, antes de salirse de la carretera y atravesar una valla de caza alta. Cinco extranjeros ilegales fueron arrestados cerca del camión y los tres restantes fueron localizados y arrestados con la ayuda del helicóptero DPS. La Patrulla Fronteriza detuvo a los ocho.
A las pocas horas de esa parada, el ayudante del alguacil del condado de Kinney, Danny Molinar, detuvo un vehículo sospechoso por transportar extranjeros ilegales. El conductor, un niño de 15 años, le había robado el auto a su padre en Cedar Creek, Texas, y estaba traficando con cuatro ciudadanos mexicanos.
El menor se encuentra actualmente en detención juvenil y enfrenta cuatro delitos graves de tráfico de personas. Un reciente cambio de ley en Texas ha facilitado el enjuiciamiento de los traficantes de personas al eliminar el requisito de probar ganancias pecuniarias o pagos al traficante.
“Cuando miras los recursos que están siendo llevados al puente para lidiar con esto, se han agotado total y completamente los recursos de campo no solo del DPS sino de la Patrulla Fronteriza”, dijo Judd.
“Y se tiene cerca de 240 millas en Del Rio que están siendo patrulladas por un equipo muy reducido. Y, por supuesto, los cárteles van a explotar eso».
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