Ante el aumento de los cruces ilegales de México a Estados Unidos, dos congresistas republicanos han pedido al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que proporcione documentos que demuestren cómo esos movimientos masivos están esparciendo basura, matando a la fauna y destruyendo la propiedad pública y privada.
«Las políticas fronterizas del presidente Biden no solo ponen en riesgo la seguridad de nuestra nación y aumentan el flujo de drogas ilícitas —especialmente el fentanilo— hacia nuestro país, sino que también deterioran nuestras tierras federales a lo largo de la frontera», escribieron el representante Bruce Westerman (R-Ark.) y el representante Blake Moore (R-Utah) en la carta del 2 de junio.
Sigue a una carta similar de 2021 de Westerman y el representante Paul Gosar (R-Ariz.)
«Reportes recientes describen una importante acumulación de basura a lo largo del Río Grande en Texas, documentando ropa, artículos de higiene y plásticos desechados a lo largo de un camino utilizado por los migrantes para cruzar la frontera», dice la carta.
«Lamentablemente, reportes como éste no son ni sorprendentes ni únicos. Las consecuencias medioambientales de la inmigración ilegal son bien conocidas, ya que ponen en peligro la vida silvestre, diezman los hábitats y destruyen la vegetación».
«Ahora mismo se está produciendo una catástrofe medioambiental en Texas, pero esa catástrofe medioambiental no termina cuando cruzan la frontera», dijo Julie Axelrod, directora de litigios del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), en una entrevista con The Epoch Times.
Axelrod ha presentado múltiples demandas en las que argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debe llevar a cabo un análisis medioambiental conforme a la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) sobre las políticas de la Administración Biden que contribuyeron a fomentar la actual crisis fronteriza.
La inmigración a gran escala, tanto legal como ilegal, impulsa el crecimiento de la población en Estados Unidos. Ese crecimiento demográfico conduce a una mayor expansión urbana y a otros efectos que pueden poner en peligro el medio ambiente natural, así como la salud y el bienestar humanos.
«No reconocer ni analizar los cambios en la política de inmigración es tergiversar la NEPA», dijo.
Llamó la atención sobre la reciente evaluación medioambiental de la NEPA realizada por el DHS en relación con la construcción de un nuevo edificio de dormitorios y la destrucción de cuatro antiguos dormitorios en El Paso. La evaluación incluía consideraciones sobre los efectos probables de ese proyecto a pequeña escala en las tendencias de la población local.
«Entonces, cuando se construye un edificio, se tiene en cuenta si eso provoca un crecimiento de la población, pero cuando se deja entrar a un millón de personas ¿no se tiene en cuenta si eso puede provocar o no un crecimiento de la población?», dijo Axelrod.
Westerman es el miembro republicano de mayor rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, mientras que Moore es el miembro de mayor rango del Subcomité de Supervisión e Investigaciones de dicho comité.
Se envió una copia de su carta a sus homólogos demócratas, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raul Grijalva (D-Ariz.), y la presidenta de la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones, Katie Porter (D-Calif.).
Westerman y Blake describieron cómo el tráfico de drogas a lo largo de la porosa frontera sur está causando estragos en las comunidades tribales cercanas —incluso cerca de la Nación Tohono O’odham, que Grijalva visitó con frecuencia mientras hacía campaña contra el muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.
«Muchos de estos llamados narcotraficantes, miembros de carteles, ya sabes, utilizan a los nativos americanos, por los ingresos que obtenemos. Se alimentan mucho de nosotros [de los nativos americanos]», declaró Wayne Cortez, de los indios Cahuilla del Desierto de Torres Martinez, en una audiencia de abril del subcomité de Supervisión, según se cita en la carta del 2 de junio.
Grijalva también ha pedido repetidamente la derogación del Título 42, implementado por la Administración Trump en marzo de 2020 para controlar los flujos de inmigración cuando la pandemia del COVID-19 cobró fuerza.
Hace apenas unas semanas, un juez federal impidió que la Administración Biden pusiera fin al Título 42.
Los funcionarios del DHS no respondieron antes de la publicación de este artículo a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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