Una corte federal de apelaciones levantó la orden de una corte inferior que limitaba la cantidad de fuerza que los agentes federales podían utilizar contra periodistas y observadores legales mientras dispersaban a los manifestantes en Portland, Oregon.
Un panel dividido de la corte de apelaciones de Estados Unidos para el noveno circuito levantó temporalmente una orden preliminar el jueves por la noche que eximía a los periodistas y observadores legales de las órdenes de dispersión. El panel 2-1 encontró que el fallo del juez de la corte de distrito de Estados Unidos, Michael Simon, era amplio y carecía de claridad.
«Dada la amplitud y falta de claridad de la orden, particularmente en sus indicios no exclusivos de quiénes califican como ‘periodistas’ y ‘observadores legales’, los apelantes también han demostrado que, en ausencia de una suspensión, la orden causará un daño irreparable a los esfuerzos y al personal de las fuerzas de seguridad», escribieron los jueces en su mayoría, ambos nombrados por Trump (pdf).
Mientras tanto, la juez Margaret McKeown, nombrada por Bill Clinton, disintió, diciendo que el gobierno no había demostrado una emergencia de daño irreparable dado que la orden de Simon ha estado en vigor por más de un mes.
«A la luz de la revisión diferida acordada a la conclusión de hechos de la corte de distrito en esta etapa, las extensas conclusiones de hechos de la corte de distrito con respecto a los periodistas y los observadores legales, incluyendo la conclusión que la orden judicial no perjudicaría las operaciones de aplicación de la ley para proteger la propiedad y el personal federal y el hecho que una orden de restricción temporal se encuentre en vigor desde el 23 de julio de 2020, el gobierno no ha cumplido con su responsabilidad de demostrar ya sea una emergencia o un daño irreparable para apoyar una suspensión administrativa inmediata», escribió McKeown.
En los últimos meses, Portland ha sido escenario de agitación y disturbios nocturnos a raíz de la muerte bajo custodia policial de George Floyd en Minneapolis a finales de mayo. Se enviaron agentes federales a la ciudad para proteger a la corte de justicia federal y las zonas circundantes de la destrucción. La violencia había conducido a más de 600 detenciones entre las fuerzas de seguridad locales y federales. Mientras tanto, más de 200 agentes federales han resultado heridos solo en Portland.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre varios otros, presentaron una demanda en respuesta a las medidas de aplicación de la ley durante los disturbios, afirmando que periodistas, fotoperiodistas y observadores jurídicos fueron blanco de ataques y resultaron heridos, gasificados y golpeados en medio de los intentos de sofocar la violencia. En la demanda se pedía a la corte que declarara inconstitucionales las acciones y prohibiera a los agentes federales el uso de la fuerza contra los periodistas y los observadores jurídicos.
Simon accedió a la petición de impedir que los agentes federales arrestaran, amenazaran con arrestar o usaran la fuerza física contra los periodistas y los observadores legales. El juez amplió su orden el 20 de agosto (pdf).
El Departamento de Justicia dijo que la orden de Simon impedía que el gobierno federal abordara eficazmente la violencia mediante medidas generales de control de multitudes y que había aumentado el riesgo que los agentes federales del orden público sufrieran lesiones graves.
El fiscal general William Barr dijo en un comunicado que los autores de la violencia que han secuestrado las protestas están utilizando las multitudes para hacer más difícil que las fuerzas de seguridad los detecten o los alcancen. Dijo que en algunos casos los supuestos «periodistas» u «observadores legales» han dado cobertura a personas violentas y algunos incluso han atacado a agentes o han invadido propiedades federales.
Él calificó la decisión del noveno circuito como un paso crucial para permitir que los agentes federales cumplan sus «importantes responsabilidades de seguridad sin estar sujetos a condiciones insostenibles».
«El gobierno de la ciudad de Portland tiene la capacidad de detener esto. En cambio, el gobierno de la ciudad ha instigado la violencia mediante la acción y la inacción, ha neutralizado la capacidad del departamento de policía para tratar con las turbas, ha impedido la capacidad de la policía para coordinar con la aplicación de la ley federal y se ha negado a presentar cargos contra los alborotadores», dijo Barr.
«La Primera Enmienda protege los derechos de expresión y reunión, pero no de atacar a personas o propiedades. El Departamento de Justicia continuará aplicando plena y justamente la ley federal contra estos violentos alborotadores», añadió.
En respuesta al fallo, la ACLU dijo que, aunque no están de acuerdo con la orden de la corte, es solo «temporal y no la última palabra».
«Esperamos tener la oportunidad de informar sobre los méritos de la cuestión. La libertad de prensa protege a una democracia de convertirse en una tiranía», dijeron en un comunicado. «Bajo la Primera Enmienda, se debe permitir a la prensa y a los observadores legales documentar lo que sucede en las protestas sin ser atacados, disparados, detenidos o arrestados. El gobierno no puede ser responsabilizado si no queda nadie para documentar sus acciones».
El viernes, el Departamento de Justicia anunció que 74 personas se enfrentan a cargos federales por crímenes cometidos durante los disturbios en Portland en los meses anteriores. Los individuos fueron acusados de delitos como ataque a un agente federal, lanzar una bomba en la corte federal y operar un dron en espacio aéreo restringido.
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