La administración Biden, en un nuevo caso judicial, dice que no debería verse obligada a reanudar el programa «Permanecer en México», la cual obliga a algunos solicitantes de asilo a esperar en México mientras se deciden sus solicitudes.
Sería «casi imposible» revivir el programa, que fue lanzado en la era Trump, en el período de tiempo dado por un juez federal la semana pasada, dijo David Shahoulian, subsecretario de seguridad fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El juez federal de distrito, Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, dijo el 13 de agosto que la anulación del programa por parte de la administración Biden el 1 de junio violó la ley federal porque el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no consideró algunos de sus principales beneficios.
Kacsmaryk dijo que el gobierno de EE.UU. debe aplicar la política, formalmente conocida como los Protocolos de Política Migratoria, hasta que sea legalmente rescindida en cumplimiento de la ley federal, y hasta que el gobierno «tenga la capacidad suficiente para detener a todos los extranjeros sujetos a la detención obligatoria… sin liberar a ningún extranjero por falta de recursos de detención».
Eso obligaría al DHS a implementar el programa “a perpetuidad” porque Estados Unidos nunca ha detenido ni pudo detener a todos los inmigrantes ilegales, respondió Shahoulian.
El programa Permanecer en México se basó en que el gobierno mexicano accediera a aceptar a algunos solicitantes de asilo, quienes luego esperarían cerca de la frontera entre Estados Unidos y México mientras los jueces estadounidenses procesaban sus reclamos. Volver a implementarlo requeriría “una coordinación y cooperación significativas con el gobierno de México”, agregó Shahoulian, y señaló que los solicitantes de asilo podrían, en el marco del programa, solicitar autorización de trabajo y servicios sociales.
También habría un inmenso trabajo en el lado estadounidense, que incluiría volver a construir instalaciones especializadas para las audiencias de los tribunales de inmigración a lo largo de la frontera suroeste.
“Todo este trabajo requeriría mucho tiempo, recursos y personal, particularmente dado el entorno actual de la pandemia, incluidos los recursos y el personal que no se pueden reasignar sin afectar otras misiones departamentales. Nada de esto es posible en siete días”, dijo.
La presentación del gobierno también incluyó una declaración de Daniel Weiss, un juez de inmigración, y Ricardo Zúñiga, un funcionario del Departamento de Estado, en contra de la orden del juez. Weiss dijo que la reimplantación del programa causaría un «gran trastorno» en los horarios de los tribunales. Ya existe un retraso de más de 1,3 millones de casos pendientes.
Zúñiga señaló que una de las primeras acciones de la administración Biden fue procesar a las personas que esperaron en México durante la administración Trump. Dijo que el hecho de que el gobierno se vea obligado a revivir el programa de permanencia en México «socavaría la política exterior de EE.UU. en la actualidad» y sería «extremadamente problemático para México».
El gobierno le pidió al juez que se pronunciara sobre la moción de emergencia para suspender la orden pendiente de apelación antes de las 5 p.m. del martes.
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