Los magistrados de la Corte Suprema escucharán el viernes los argumentos orales sobre dos órdenes de vacunación contra la COVID-19 de la Administración Biden, incluyendo una impuesta a cada empresa con 100 o más trabajadores.
El fiscal general de Luisiana, el republicano Jeff Landry, estará entre los que argumentan contra las órdenes. Landry demandó con otros estados a la administración por dichas medidas.
La Corte Suprema debe suspender las órdenes porque las agencias federales no siguieron las directrices adecuadas para la elaboración de normas y se excedieron en su autoridad legal, dijo Landry a The Epoch Times horas antes de que comenzaran los argumentos.
«Si el tribunal permite que estas órdenes continúen, entonces básicamente la pregunta se convierte en qué tipo de nación tenemos ahora», dijo Landry. «¿Puede el gobierno federal seguir ordenando procedimientos médicos a los ciudadanos estadounidenses en contra de su voluntad? ¿Y dónde trazamos el límite en eso?»
Una de las órdenes fue anunciada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo. Obliga a todas las empresas con 100 o más empleados a obtener una prueba de vacunación contra la COVID-19 de cada trabajador o a obligarles a someterse a una prueba de COVID-19 de forma regular, al menos semanalmente.
La otra fue anunciada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Obliga a todos los centros que reciben fondos de Medicare o Medicaid a obtener la verificación de las vacunas de los trabajadores y multa a los que retienen a los trabajadores que no presentan pruebas de vacunación. No hay opción de exclusión de las pruebas.
La Administración Biden ha argumentado que el aumento de los casos de COVID-19 en las últimas semanas le permite saltarse las directrices normales de elaboración de normas, que las órdenes salvarán miles de vidas cada mes y que el Congreso otorgó al secretario de Sanidad y a la OSHA la autoridad para promulgar órdenes, a pesar de que las órdenes no se mencionan en ninguna de las leyes citadas.
«El requisito de la vacuna entra de lleno en el texto claro de la autoridad estatutaria del secretario y cumple con todos los requisitos de procedimiento», dijeron los abogados de la administración a la Corte Suprema en un escrito esta semana.
La audiencia se produce mientras ambas agencias se preparan para castigar a las empresas que no cumplan. Algunas empresas ya han aplicado las órdenes debido a la proximidad de los plazos.
Landry afirma que ambas órdenes provocarían una pérdida de puestos de trabajo «absolutamente significativa» y preocupación por la escasez de personal sanitario. Varias entidades y asociaciones de atención médica dijeron a los tribunales en una declaración jurada en uno de los casos que ya hay puestos de trabajo vacantes y sin cubrir, y que permitir que la orden siga en vigor provocaría la salida de más trabajadores.
El tribunal podría decidir mantener una de las órdenes en vigor y bloquear la otra, pero Landry cree que bloqueará las dos o dejará que ambas se mantengan.
«No sé cómo el tribunal podría mantener una y anular la otra», dijo. «Presumo que los dos casos van a tener el mismo resultado».
Tanto si el tribunal dicta medidas cautelares contra las órdenes como si no, los casos contra ellas proseguirán en los tribunales inferiores.
La Corte Suprema se negó anteriormente a bloquear las órdenes en Nueva York, Nuevo México y Massachusetts, pero algunos opositores a las órdenes esperan que los magistrados actúen debido a lo amplias que son las órdenes federales.
Con la colaboración de Roman Balmakov y Matthew Vadum.
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