La Corte Suprema se está preparando para escuchar una seria impugnación legal el 1 de diciembre a su sentencia de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos y que contribuyó poderosamente a la polarización de la política de la nación durante casi medio siglo.
El tribunal escuchará el caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, expediente judicial 19-1392, una impugnación de la Ley de Edad Gestacional de Misisipi, que permite el aborto después de las 15 semanas de edad gestacional solo en caso de emergencia médica o por anormalidad fetal grave. Los tribunales inferiores anularon la ley.
Es la primera impugnación directa del caso Roe vs Wade, la sentencia de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, que el alto tribunal va a conocer desde que la jueza conservadora Amy Coney Barrett se incorporó al tribunal hace un año y dio a su ala conservadora una mayoría de 6-3.
Barrett sustituyó a la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, lo que provocó una condena generalizada por parte de los activistas de izquierda, que dicen que el tribunal borrará el derecho al aborto. En el otro lado de la lucha política, algunos conservadores han criticado a los tres miembros más recientes del tribunal —Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, jueces conservadores designados por el presidente Donald Trump— diciendo que no han hecho lo suficiente para deshacer el liberalismo del tribunal o para proteger las libertades religiosas y otros derechos civiles de la transgresión del gobierno durante la pandemia en curso.
La Corte Suprema tiene muchas opciones en el caso.
Podría anular el caso Roe vs Wade y devolver la regulación del aborto a los estados tal y como estaba antes de la sentencia de 1973, reducir el alcance de la sentencia, dejarla intacta o hacer otra cosa. El tribunal también podría apuntar a la sentencia de Planned Parenthood vs Casey (1992), que sostiene que los estados no pueden imponer restricciones significativas al aborto antes de que un feto sea viable para la vida fuera del útero. La sentencia Casey no especificaba cuándo se produce la viabilidad, pero sugería que era alrededor de las 24 semanas de gestación.
La petición de Misisipi a la Corte Suprema afirma que su ley «protege la salud de las madres, la dignidad de los niños no nacidos y la integridad de la profesión médica y de la sociedad al permitir los abortos después de las 15 semanas de edad gestacional solo en caso de emergencia médica o por anormalidad fetal grave».
La petición afirma que el aborto quirúrgico después de las 15 semanas «conlleva amenazas médicas inherentes para la madre». El riesgo de que la madre muera es 35 veces más probable entre las 16 y 20 semanas que a las 8 semanas, «y el riesgo relativo de mortalidad aumenta en un 38% por cada semana adicional en gestaciones más avanzadas».
Erin Hawley, crítica de Roe vs Wade y abogada principal del equipo de apelación de la Alianza para la Defensa de la Libertad, dijo que era cautelosamente optimista de que la Corte Suprema finalmente anulara el fallo de 48 años.
«Esa decisión es terriblemente errónea», dijo Hawley, esposa del senador Josh Hawley (R-Mo.), a The Epoch Times en una entrevista en vísperas de los argumentos orales en el caso de Misisipi.
«Difícilmente se puede encontrar un erudito en derecho constitucional que argumente que está correctamente decidido, así que la única pregunta real es si la Corte Suprema mantendrá en vigor una decisión errónea bajo esta doctrina llamada stare decisis».
Stare decisis significa en latín mantener las decisiones, o seguir los precedentes legales existentes.
El stare decisis ha sido muy criticado por el juez conservador Clarence Thomas, y «con razón», dijo Hawley, porque está «en un poco de tensión con la doctrina del originalismo y el concepto mismo de poder judicial».
«El texto de la Constitución debería ser lo más importante, no lo que un juez o tribunal haya dicho sobre ella en el pasado», dijo. «Cuando hay un conflicto entre un precedente anterior y la Constitución, el juez [Antonin] Scalia, ya fallecido, argumentaría con razón que el tribunal debe aplicar la Constitución y no los precedentes anteriores».
La audiencia del 1 de diciembre se produce mientras los jueces de la Corte Suprema siguen deliberando sobre dos casos recientes de leyes de aborto de Texas y Kentucky que tratan cuestiones distintas a la constitucionalidad del aborto en sí.
El 1 de noviembre, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales en el caso Whole Woman’s Health vs Jackson, una impugnación de la nueva y única ley de Texas sobre el aborto que depende de la participación ciudadana para su aplicación, como reportó anteriormente The Epoch Times.
La Corte Suprema votó por 5 a 4 el 1 de septiembre para denegar la petición de detener la aplicación de la ley, dejándola en vigor, al menos por el momento. Al día siguiente, el presidente Joe Biden arremetió contra el tribunal, afirmando que su negativa a bloquear la ley era «un ataque sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer».
La cuestión legal, según los documentos del tribunal, es si un estado «puede aislar de la revisión del tribunal federal una ley que prohíbe el ejercicio de un derecho constitucional delegando al público en general la autoridad para hacer cumplir esa prohibición mediante acciones civiles».
El caso que se escuchó el 12 de octubre fue Cameron vs EMW Women’s Surgical Center, como reportó previamente The Epoch Times. El caso se refiere a la prohibición de Kentucky de 2018 sobre los abortos por dilatación y evacuación (D&E) en niños vivos no nacidos.
La Ley de Derechos Humanos de los Niños No Nacidos, que puso fin a los abortos por dilatación y evacuación después de 11 semanas de embarazo, fue posteriormente prohibida por los tribunales federales. Después de que el gobernador Andy Beshear, demócrata, se negara a defender la ley ante los tribunales, el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, argumentó que deberían permitirle defender la ley.
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