La Corte Suprema acordó esta mañana escuchar una impugnación a una ley de Maine que prohíbe a las familias participar en un programa de ayuda estudiantil si optan por enviar a sus hijos a escuelas religiosas.
Los padres argumentan en su petición al Tribunal Supremo que la prohibición de Maine, al uso de fondos de los contribuyentes en escuelas sectarias, viola la Constitución de Estados Unidos. Dicen que la decisión de la Corte Suprema el año pasado en el caso Espinoza contra el Departamento de Hacienda de Montana sostuvo que un estado no puede excluir a familias y escuelas de participar en un programa de ayuda estudiantil debido al estatus religioso de una escuela.
Sin embargo, dicen que el tribunal no resolvió la cuestión de si un estado puede, no obstante, excluir a las familias y a las escuelas basándose en el uso religioso que pueda darse a la ayuda de un estudiante en una escuela.
«Al señalar la religión -y sólo la religión- para excluirla de su programa de ayuda a la matrícula, Maine viola la Constitución de EE.UU.», dijo el abogado principal Michael Bindas, del Instituto de Justicia, un bufete de abogados de interés público que representa a los padres, en una declaración ofrecida el 2 de julio después de que el Tribunal Supremo aceptara el caso.
“El estado prohíbe rotundamente a los padres elegir escuelas que ofrezcan instrucción religiosa. Eso es inconstitucional. La Corte Suprema ahora tiene la oportunidad de sostener que tal discriminación por ‘uso’ religioso en los programas de ayuda estudiantil es tan inconstitucional como la discriminación por ‘estatus’ religioso que se consideró inconstitucional en el caso Espinoza”.
El caso de los padres de Maine es Carson v. Makin, expediente judicial 19-1746. El tribunal, como es su costumbre, no explicó por qué decidió conocer el caso. La petición de certiorari, o revisión, se presentó ante el tribunal el 4 de febrero, después de que el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de EE.UU. falló en contra de los peticionarios el 29 de octubre de 2020.
Se espera que el caso sea escuchado durante el próximo periodo de la Corte Suprema, que comienza en octubre.
Los peticionarios son David y Amy Carson, como padres y tutores legales de su hijo, O.C., y Troy y Angela Nelson, como padres y tutores legales de sus hijos, A.N. y R.N. La demandada es A. Pender Makin en su capacidad oficial como Comisionada del Departamento de Educación de Maine.
Los peticionarios declaran en documentos judiciales que, debido a que 143 de sus 260 distritos escolares no operan una escuela secundaria pública, Maine opera un programa de asistencia de matrícula en virtud del cual los distritos, que no operan su propia escuela secundaria ni tienen contrato con una escuela secundaria en particular para la educación de sus estudiantes de secundaria residentes, están obligados por ley a pagar la matrícula «en la escuela pública o en la escuela privada aprobada de la elección de los padres en la que se acepta al estudiante».
Las familias participantes pueden enviar a sus hijos a escuelas dentro o fuera de Maine, incluso fuera de Estados Unidos, pero no pueden enviar a sus hijos a escuelas que Maine considere «sectarias». Tales escuelas fueron excluidas después de que una opinión del fiscal general de Maine, en 1980, concluyó que permitir que los padres seleccionen tales escuelas, y aun así reciban el beneficio de asistencia para la matrícula, violaba la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En 1981 esa opinión se convirtió en ley estatal.
«La decisión de escuchar esta apelación, por parte de la Corte, es un avance tremendamente importante no solo para las familias de Maine, sino para todas las familias que simplemente quieren tener acceso a las escuelas que mejor atenderán las necesidades de sus hijos», dijo Bindas.
“Si una familia cree que una escuela que brinda instrucción religiosa es la mejor opción para su hijo, se les debe permitir elegirla, al igual que se les debe permitir elegir una escuela con un STEM sólido [es decir, un currículo con clases de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas], clases de inmersión lingüística o un sólido programa de artes”.
Sarah Forster, fiscal general adjunta de Maine y abogada oficial del estado en el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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