Una semana después de escuchar los argumentos orales de dos estados para impugnar el intento del presidente Joe Biden de disolver el programa «Permanecer en México» de la era Trump, que requiere que los solicitantes de asilo no mexicanos que llegan a la frontera sur esperen en México para su procesamiento, la Corte Suprema pidió a ambas partes que proporcionen más información sobre su facultades de reparación.
Texas y Misuri argumentan que Biden está infringiendo la ley al poner fin al programa.
El caso es Biden contra Texas, expediente judicial 21-954, una apelación del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 5º Circuito. La audiencia de la Corte Suprema sobre el caso tuvo lugar el 26 de abril.
Al asumir el cargo, Biden detuvo las inscripciones en el programa, parte de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) creados por el Congreso cuando Bill Clinton era presidente para disuadir a las personas de hacer solicitudes de asilo fraudulentas. La Administración Trump anunció en diciembre de 2018 que aplicaría el programa inactivo para frenar la práctica conocida como «atrapar y liberar», en la que los individuos presentaban solicitudes de asilo fraudulentas sabiendo que se les dejaría entrar en Estados Unidos y podrían quedarse durante años antes de su comparecencia ante el tribunal.
Sin embargo, cuando Biden asumió su cargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un memorando en el que establecía que «suspendería las nuevas inscripciones» en el MPP a la espera de una nueva revisión del programa. El memorando decía: «Los extranjeros que aún no están inscritos en el MPP deben ser procesados bajo otras autoridades legales existentes». Días después, Biden firmó tres nuevas órdenes ejecutivas relacionadas con las políticas de inmigración de la era Trump. Uno de los documentos, dijo Biden, «ordena una revisión completa de las políticas de inmigración dañinas y contraproducentes de la administración anterior, básicamente de forma generalizada».
Pero en agosto del año pasado, a petición de Texas y Misuri, los demandados en el caso de la Corte Suprema, el juez de distrito de Estados Unidos Matthew Kacsmaryk del Distrito Norte de Texas ordenó al gobierno que continuara aplicando la política del MPP hasta que fuera «legalmente anulada». El gobierno de Biden no había justificado adecuadamente la finalización de la política y no defendió una ley de 1996 que requería la detención de ciertos migrantes, encontró Kacsmaryk, un nominado por Trump. El 5º Circuito lo confirmó.
La Administración de Biden dijo a la Corte Suprema el 26 de abril que no debía continuar con el programa «Permanecer en México», como reportó The Epoch Times.
La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, «ejerció su discreción estatutaria para emitir un juicio político» y «encontró que los beneficios del MPP eran superados por sus costos domésticos, humanitarios y de política exterior».
El procurador general de Texas, Judd E. Stone II, replicó que la ley generalmente exige que Estados Unidos detenga a los migrantes o los devuelva a México. Si carece de recursos para detenerlos, debe devolverlos a México para que puedan esperar allí la tramitación del asilo, dijo.
Pero el 2 de mayo, la Corte Suprema tomó la inusual medida de pedir a los abogados implicados en el caso que proporcionaran información adicional al tribunal tras escuchar los argumentos orales. La orden no firmada (pdf) ordena a las partes «que presenten escritos complementarios que aborden las siguientes cuestiones: (1) Si el 8 U. S. C. §1252(f)(1) impone alguna limitación jurisdiccional o correctiva a la presentación de medidas cautelares, medidas declarativas o medidas en virtud del 5 U. S. C. §706. (2) Si dichas limitaciones están sujetas a la pérdida. (3) Si este tribunal tiene jurisdicción para considerar el fondo de las cuestiones presentadas en este caso».
Los escritos deben presentarse el 9 de mayo, y los escritos de réplica el 13 de mayo.
Christopher Hajec, director de litigios de Immigration Reform Law Institute (IRLI), un bufete de abogados de interés público sin ánimo de lucro que presentó un escrito de amigo del tribunal (pdf) en el caso el 14 de abril, dijo que la Corte Suprema está solicitando la información adicional porque está preocupada por las ramificaciones de cualquier acción que pueda tomar en el caso.
«El tribunal de distrito ordenó que se restableciera el MPP hasta que la frontera fuera segura y se detuviera a todos los extranjeros ilegales, como exige la ley», dijo Hajec a The Epoch Times por correo electrónico. «Eso está dentro del poder de reparación de un tribunal de distrito, como debería reconocer la Corte Suprema».
«Pero a la Corte le preocupa si un determinado estatuto elimina la jurisdicción de los tribunales inferiores. No la elimina, ciertamente no toda. Pero si la Corte encontrara una completa falta de jurisdicción, tendría que anular la orden del tribunal de distrito que restablece el MPP».
«Hay mucho en juego; la administración ha abdicado de su deber de hacer cumplir la ley, y la crisis fronteriza empeora continuamente como resultado. No se debe impedir que los tribunales se ocupen adecuadamente de esa anarquía».
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