Organizaciones de derechos humanos denunciaron a las autoridades de Hong Kong por detener a seis personas, entre ellas Tonyee Chow Hang-tung, conocida abogada y activista, por organizar actividades conmemorativas en vísperas del aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen.
El 28 de mayo, la policía de Hong Kong arrestó a seis personas de entre 37 y 65 años de edad por «actuar presuntamente con intención sediciosa», en virtud de la recién adoptada legislación del Artículo 23 (Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional), una nueva y arrolladora ley de seguridad que, según los críticos, Beijing ha estado utilizando para eliminar la menguante libertad de la ciudad.
La policía acusó a una de las personas sospechosas, de aprovechar «una fecha sensible próxima para postear repetidamente mensajes con intención sediciosa en una plataforma social de forma anónima con la ayuda de al menos seis personas que se encuentran arrestadas desde abril de 2024, con contenidos que provocaban el odio hacia las autoridades centrales y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y el poder judicial, así como para incitar a los usuarios a organizar o participar en actividades ilegales relevantes en una fase posterior», se lee en una declaración de la policía.
La «próxima fecha sensible» no identificada parece referirse al 4 de junio, aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen. El 4 de junio de 1989, el régimen comunista gobernante en China envió tropas y tanques al corazón de la capital china y abrió fuego contra estudiantes desarmados que protestaban pidiendo democracia y una sociedad más abierta. Desde entonces, cualquier mención del incidente ha sido estrictamente censurada por el régimen de China continental.
Entre las detenciones citadas se encuentra la de Chow Hang-tung, vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, que ya estaba en custodia desde 2021 y se enfrenta a múltiples cargos, entre ellos algunos relacionados con su papel en la organización de una anterior vigilia con velas en conmemoración de las víctimas de la masacre de la Plaza Tiananmen.
Durante las últimas tres décadas, Hong Kong, como excolonia británica, había seguido siendo el único lugar en suelo chino, más allá de Taiwán, en el que se celebraban vigilias públicas a gran escala con velas para conmemorar a los miles de estudiantes asesinados a manos del Partido Comunista Chino (PCCh).
La medida adoptada el 28 de mayo supone las primeras detenciones practicadas por las autoridades en virtud de la nueva legislación del artículo 23 de Hong Kong, que, desde su introducción en marzo, ha acentuado la preocupación por la erosión de las libertades de los residentes de Hong Kong al ampliar el poder de las autoridades para hacer frente a posibles desafíos a su gobierno, incluyendo el castigo de la traición y la insurrección con penas de hasta cadena perpetua. Según la ley, los delincuentes condenados por cometer actos sediciosos o pronunciar palabras sediciosas se enfrentan a una pena máxima de siete años de cárcel.
Las otras cinco personas detenidas son la madre de Chow, Chow Lau Wah-chun, de 65 años; los ex miembros del Comité Permanente de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, Lau Ka-yee, de 51 años, y Kwan Chun-bong, de 52; la exconcejala pro-democracia del distrito de Tsuen Wan, Katrina Chan Kim-kam, de 37; y el dentista Lee Ying-chi, de 55.
Una medida «vergonzosa»
Amnistía Internacional condenó las detenciones, calificándolas de «vergonzosas» y de un «insulto» a las personas que murieron en Tiananmen en 1989.
«El gobierno de Hong Kong ha actuado una vez más para reprimir la libertad de expresión en su intento de impedir que la gente recuerde los horribles sucesos del 4 de junio de 1989», dijo Sarah Brooks, directora del Programa de Amnistía Internacional para China, en una declaración.
«Chow Hang-tung cumplirá la próxima semana, desde el 4 de junio, 1000 días de detención por cargos contra la seguridad nacional, y las autoridades parecen decididas a prolongar aún más su arresto por su lucha por la libertad añadiendo nuevos presuntos delitos a su expediente».
«El vergonzoso intento del gobierno de prohibir a la gente conmemorar el próximo aniversario es un insulto a los muertos en la represión de Tiananmen y a sus familiares».
La Sra. Brooks dijo que los detenidos, que simplemente ejercieron su derecho a la libertad de expresión, deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.
«La policía de Hong Kong debe abstenerse de reprimir otras conmemoraciones pacíficas de la tragedia de 1989. Recordar la represión de Tiananmen no es ni será nunca un delito», afirmó la directora.
Piden al Reino Unido denunciar y actuar
Hong Kong Watch, una organización benéfica registrada en el Reino Unido que trabaja en estrecha colaboración con grupos comunitarios de Hong Kong en la diáspora, se sumó a la condena.
«Nosotros debemos tomarnos en serio el plan de las autoridades de Hong Kong de criminalizar actividades perfectamente aceptables y pacíficas que se ajustan a la legislación internacional sobre derechos humanos, y responder en consecuencia», declaró Benedict Rogers, cofundador y director ejecutivo de Hong Kong Watch.
«Tras las primeras detenciones llevadas a cabo en virtud de la legislación del artículo 23, el gobierno británico debería declarar que el proyecto de ley vulnera la Declaración Conjunta Sino-Británica. El gobierno británico también debería imponer sanciones al Jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, para que rinda cuentas por el desarrollo y la promulgación de este proyecto de ley que viola la Declaración Conjunta y el derecho internacional».
«Debemos responder con medidas contundentes que señalen a las autoridades de Beijing y Hong Kong que no toleraremos una escalada de amenazas a los derechos humanos y a los valores que apreciamos en Hong Kong y en la gran diáspora».
«Solicitar asistencia jurídica es un derecho fundamental»
A las protestas se unió también el Centro de Derechos Humanos de Hong Kong, creado en 2022 por un grupo de defensores de los derechos humanos de Hong Kong con experiencia en investigación política y jurídica.
«El gobierno de Hong Kong ha convertido la ley en un arma para infringir el legítimo ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos», se lee en una declaración del centro.
«El planteamiento del gobierno confirma las preocupaciones de los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas en relación con la promulgación de la nueva ley de seguridad nacional. Los expertos habían señalado que las disposiciones sobre sedición son vagas. No está claro qué constituye provocar en un ciudadano ‘odio’, ‘desprecio’ o ‘desafección’ contra el gobierno».
«Además, las acciones sancionadas no están necesariamente relacionadas con la incitación a la violencia física o al daño. Los expertos señalaron que los conceptos indefinidos de la legislación penal podrían utilizarse indebidamente y aplicarse de forma arbitraria, lo que supondría riesgos muy reales para los disidentes. Además, los severos castigos de la ley pueden fomentar aún más la autocensura y erosionar el espacio cívico de Hong Kong, ya gravemente afectado».
El centro de derechos humanos está preocupado por si la policía restringirá el derecho de los seis detenidos a la representación legal durante la custodia policial, de conformidad con las secciones 79 y 80 de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional.
«Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados estipulan que “[t]odas las personas tienen derecho a recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para proteger y establecer sus derechos y defenderlos en todas las fases del procedimiento penal”. Nosotros subrayamos que solicitar asistencia legal es un derecho fundamental, y que retrasar o restringir este derecho perjudica a los detenidos y supone un riesgo de injusticia judicial», se lee en la declaración.
El centro insta a las autoridades de Hong Kong a que pongan inmediatamente en libertad a las seis personas, y a que atiendan la petición del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria de 2022, de poner inmediatamente en libertad a la Sra. Chow y proporcionarle derechos exigibles a indemnización y otras reparaciones de conformidad con el derecho internacional.
En la opinión presentada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ante las autoridades de Hong Kong el 1 de mayo de 2023, concluyó que los arrestos y la detención de la Sra. Chow se derivan de un acoso y una persecución prolongados por parte de las autoridades de Hong Kong por su ejercicio pacífico de la libertad de expresión y de reunión, y son, por tanto, arbitrarios por ser discriminatorios. El Grupo de Trabajo concluyó que la privación de libertad de la Sra. Chow se considera detención arbitraria, en violación de los artículos 2, 9, 14, 19, 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, instó a las autoridades de Hong Kong a «dejar de reprimir el derecho de los hongkoneses a conmemorar el incidente del 4 de junio, y a garantizar el derecho de los hongkoneses a ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica sin temor».
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