La Corte Suprema tomó una serie de decisiones históricas y trascendentales en 2024 sobre temas que van desde la inmunidad presidencial hasta las redes sociales y la inhabilitación para votar.
Las elecciones presidenciales, combinadas con el aumento de los litigios de derecho administrativo, contribuyeron a suscitar controversias que pusieron a la Corte y sus decisiones en el punto de mira. Los precedentes jurídicos que se derivan de esas decisiones han creado un efecto dominó en otros casos y en la forma en que se espera que tomen sus decisiones todos los poderes del Estado.
A continuación se presentan varios de los casos más importantes.
Inmunidad presidencial (Trump vs Estados Unidos)
Uno de los casos políticamente más controvertidos de esta legislatura se derivó del caso de injerencia electoral en Washington, ahora desestimado, del presidente electo Donald Trump. En el caso Trump vs Estados Unidos, Trump apeló el caso con el argumento de que, según la Constitución, los presidentes deben gozar de inmunidad penal.
Fue el primer precedente importante de la Corte Suprema que establecía la inmunidad presidencial desde el caso Nixon vs Fitzgerald, de 1982, en el que la Corte sostuvo que los presidentes gozan de inmunidad de responsabilidad civil por acciones realizadas dentro del perímetro exterior de sus funciones.
Al asumir el caso a principios de este año, la Corte Suprema creó un largo retraso para el proceso previo al juicio y el caso fue finalmente desestimado debido a la victoria electoral de Trump. La decisión de la Corte sentó un importante precedente histórico al perfilar los contornos de la inmunidad penal. Para los actos no oficiales, los presidentes no gozan de inmunidad, mientras que para los actos oficiales, los presidentes disfrutan de ciertos niveles de inmunidad, según la decisión.
La mayoría ofreció algunas orientaciones generales para distinguir entre actos oficiales y no oficiales, pero reconoció que hacerlo «puede ser difícil». El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que las cortes inferiores no deben indagar en los motivos de un presidente y que no pueden considerar que algo no es oficial «simplemente porque supuestamente viola una ley de aplicación general».
Aunque las cortes deben basar sus distinciones en lo que implica la autoridad discrecional de un presidente, algunas conductas podrían calificarse «incluso cuando no estén obviamente conectadas con una disposición constitucional o estatutaria en particular».
Trump intentó aplicar esa decisión a sus otros casos penales, incluido uno que todavía se está desarrollando en Nueva York. Por ejemplo, Trump argumentó en Nueva York que los fiscales utilizaron indebidamente pruebas, incluido el testimonio, que estaban prohibidas en virtud de la decisión de inmunidad.
Sin embargo, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, dijo que las pruebas en cuestión se referían «enteramente a conductas no oficiales» y, por tanto, no estaban protegidas.
No está claro cómo debe aplicarse exactamente el nuevo precedente, y futuros casos relacionados con presidentes podrían ayudar a limar los detalles. Aunque la Corte Suprema ofreció un amplio esbozo de inmunidad, devolvió el caso de las elecciones de Trump en Washington para que la Corte de primera instancia tomara nuevas decisiones sobre conductas específicas. Desde entonces, el caso fue desestimado.
Descalificación de votos (Trump vs Anderson)
Antes de la sentencia de inmunidad de junio, Trump provocó otra sentencia histórica del alto tribunal en marzo. En el caso Trump vs Anderson, la Corte debatió sobre cómo interpretar una disposición de la 14.° Enmienda que descalifica la ocupación de determinados cargos gubernamentales por parte de insurrectos. El debate jurídico en torno al tema fue extenso, con múltiples puntos críticos en los que la Corte podía basar su decisión.
Algunos argumentaron que Trump, como expresidente, no era el tipo de «funcionario de Estados Unidos» sujeto a descalificación en virtud de la Sección 3 de la 14.° Enmienda. Otros no estaban de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Colorado de que Trump había participado en una insurrección —el 6 de enero de 2021— amparada por esa sección.
Finalmente, la Corte Suprema en pleno sostuvo que los estados, incluido Colorado, no podían descalificar a los candidatos a cargos federales, ya que el Congreso era responsable de hacer cumplir la Sección 3.
Al igual que la decisión sobre la inmunidad, la decisión en el caso Trump vs Anderson también reveló divisiones en la Corte. La decisión del tribunal fue de 9 a 0, pero los jueces presentaron concurrencias separadas que suscitaron especulaciones de que la jueza Sonia Sotomayor podría haber tenido inicialmente la intención de disentir.
La jueza Amy Coney Barrett emitió un voto concurrente independiente en el que sugería que los jueces más liberales de la Corte Suprema habían utilizado una retórica demasiado acalorada, al tiempo que coincidía en que los conservadores de la Corte habían ido demasiado lejos en su opinión mayoritaria. El voto concurrente de Sotomayor, al que se unieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, acusó a la mayoría de intentar aislar a todos los presuntos insurrectos de futuras impugnaciones a su ejercicio de cargos federales.
6 de enero Acusación de obstrucción (Fischer vs Estados Unidos)
Otro caso de gran repercusión fue el de los acusados del 6 de enero que impugnaron la aplicación por el Departamento de Justicia (DOJ) de una ley de reforma financiera en sus procesamientos.
El DOJ había acusado a algunos detenidos de violar la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, que contiene disposiciones relacionadas con la destrucción de documentos y la obstrucción a un procedimiento oficial.
La sección en cuestión reza «Quien altere, destruya, mutile u oculte de forma corrupta un registro, documento u otro objeto, o intente hacerlo, con la intención de perjudicar la integridad del objeto o su disponibilidad para su uso en un procedimiento oficial; o de otro modo obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado en virtud de este título o encarcelado por un máximo de 20 años, o ambas cosas».
El DOJ había argumentado que la segunda parte, que comienza con «u obstruye de otra manera» permitía procesamientos que apuntaban a la conducta obstructiva de una manera general que incluía métodos distintos de los mencionados al principio de la sección.
Una mayoría de la Corte Suprema, incluido la juez Ketanji Brown Jackson, discrepó en el caso Fischer vs Estados Unidos y sostuvo lo siguiente:
«Para probar una violación de §1512(c)(2), el Gobierno debe establecer que el acusado perjudicó la disponibilidad o integridad para su uso en un procedimiento oficial de registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial, o intentó hacerlo».
No está claro cómo Trump y su DOJ aplicarán la decisión Fischer a las circunstancias únicas de los acusados. La ley Sarbanes-Oxley conlleva una pena máxima de 20 años.
En noviembre, el DOJ dijo que estaba revisando los casos de «aproximadamente 259 acusados que, en el momento en que se decidió Fischer, fueron acusados o condenados por violar 18 U.S.C. § 1512 para determinar si el cargo debe seguir siendo procesado».
El DOJ dijo que después de Fischer, el gobierno «decidió renunciar al cargo de la Sección 1512(c)(2) para aproximadamente 96 acusados, continuará con el cargo para aproximadamente 13 acusados y continúa evaluando a los acusados restantes».
Se anula la deferencia Chevron (Loper Bright Enterprises vs Raimondo)
Durante décadas, el sistema judicial estadounidense tuvo en vigor una importante doctrina de derecho administrativo que fue citada más de 18,000 veces por las cortes federales y fue «sin duda una de las decisiones fundacionales del derecho administrativo», según el Servicio de Investigación del Congreso.
Conocida como «deferencia Chevron», la doctrina exigía a los jueces que se atuvieran a las interpretaciones razonables que las agencias hacían de las leyes del Congreso a la hora de juzgar la legalidad de los reglamentos. Ese caso y otros dos en el período 2023-2024 parecieron posicionar a la Corte para un año de reducción del poder administrativo y al mismo tiempo empoderamiento del poder judicial.
En el caso Loper Bright Enterprises vs Raimondo, la mayoría de la Corte Suprema sostuvo que la deferencia Chevron era incompatible con la Ley de Procedimientos Administrativos, que ordena a las cortes revisar las acciones de los organismos.
Se prevé que la decisión genere cambios en el Congreso y en el poder ejecutivo. Los asesores de Trump, Vivek Ramaswamy y Elon Musk, han citado la decisión, junto con la del caso Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Medioambiental, al exponer sus ambiciones para el Departamento de Eficiencia Gubernamental, con el fin de detener y rescindir las regulaciones existentes.
Libertad de expresión en las redes sociales (Moody vs Netchoice)
En varios casos, la Corte debatió sobre cómo aplicar la Constitución a las redes sociales, que muchos utilizan como herramienta de expresión. Los estados también han intentado tener en cuenta la tecnología y, en 2021, Florida y Texas aprobaron leyes destinadas a regular la moderación de contenidos de las plataformas.
En febrero, la Corte escuchó los alegatos orales sobre esas leyes en los casos Netchoice vs Paxton y Moody vs Netchoice.
La decisión de la Corte en julio se produjo junto con otro caso polémico (Murthy vs Missouri) en el que unos particulares impugnaron la forma en que el gobierno de Biden presionó a las empresas de redes sociales para que moderaran los contenidos relacionados con el coronavirus. La mayoría de la Corte sostuvo finalmente que los demandantes carecían de legitimación para impugnar las acciones de la administración.
En los casos de Netchoice, la Corte devolvió las leyes estatales a las cortes de apelación para su reconsideración. La opinión mayoritaria de la jueza Elena Kagan afirmaba que las cortes de apelación no habían resuelto adecuadamente la impugnación, conocida como impugnación facial, pero también añadía un texto importante sobre cómo la ley de Texas resiste el escrutinio constitucional.
Kagan dijo que la capacidad de las empresas de redes sociales para presentar contenido comisariado era expresión protegida y que Texas «no puede prohibir la expresión para mejorar o equilibrar mejor el mercado de la expresión».
«En el espectro de los peligros para la libertad de expresión, hay pocos mayores que permitir que el gobierno cambie el discurso de los actores privados con el fin de lograr su propia concepción del nirvana del discurso», dijo.
Derecho a las armas (EE. UU. vs Rahimi)
En junio, la Corte rechazó la idea de que una ley federal fuera inconstitucional porque prohibía la tenencia de armas de fuego a las personas sujetas a órdenes de alejamiento por violencia doméstica.
El caso, EE. UU. vs Rahimi, suscitó interesantes diferencias en las opiniones de los jueces. Junto con otros casos, apuntó a un originalismo en evolución para la mayoría conservadora de 6-3 en la Corte.
El caso se produjo después de una decisión histórica de 2022, New York Rifle and Pistol Association vs Bruen, que decía que las normativas sobre armas de fuego tenían que ser coherentes con la historia y la tradición de la nación.
Esa decisión ha sido controvertida por la forma en que promovió una doctrina jurídica conocida como originalismo, que generalmente utiliza declaraciones y acciones durante la época fundacional para guiar la interpretación constitucional actual.
La Corte de Apelación del Quinto Circuito de EE. UU. se basó en el caso Bruen para declarar inconstitucional la ley federal en cuestión. Esa decisión acabó en la Corte Suprema en noviembre, cuando los jueces escucharon los alegatos orales en el caso EE. UU. vs Rahimi.
El juez Clarence Thomas, autor de la opinión mayoritaria en el caso Bruen, fue el único disidente en la opinión final de la Corte. No estuvo de acuerdo con la conclusión de la mayoría en el caso Rahimi de que la Constitución permitía la ley. «No hay ni una sola norma histórica que justifique la ley en cuestión», dijo.
La mayoría sugirió que Thomas interpretó Bruen de forma demasiado restrictiva y exigió un «mellizo» histórico para justificar la ley en cuestión. Barrett dijo igualmente que «imponer una prueba que exige analogías demasiado específicas tiene serios problemas».
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