Siete estados presentaron una demanda contra el gobierno federal el 3 de septiembre por presuntamente seguir adelante con la condonación de préstamos estudiantiles, aun después de que la Corte Suprema bloqueara un plan anterior de condonación de préstamos.
La condonación de préstamos estudiantiles es un tema político del actual ciclo electoral.
Como vicepresidenta, la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, apoyó los esfuerzos del presidente Joe Biden para condonar la deuda de préstamos estudiantiles.
En abril, la Casa Blanca dijo que Biden «había trabajado para arreglar el sistema de préstamos estudiantiles y asegurarse de que la educación superior sea un boleto para la clase media —no una barrera a las oportunidades— porque sabe que la condonación de la deuda no solo beneficia a los prestatarios, sino a toda la economía».
El expresidente Donald Trump, criticó los planes de condonación de préstamos estudiantiles de Biden en un acto de campaña en junio.
«Él lo hizo con la matrícula y eso no funcionó demasiado bien, fue reprendido», dijo el candidato presidencial republicano, en una aparente referencia a la sentencia de la Corte Suprema de junio de 2023 que anuló el plan anterior de Biden de condonación de préstamos estudiantiles por 400 mil millones de dólares.
La nueva demanda liderada por Missouri fue presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia.
La acción legal surgió después de que el 28 de agosto la Corte Suprema rechazara la solicitud de Biden para restablecer un plan de alivio de préstamos estudiantiles de USD 475,000 millones que la Corte de Apelaciones de EE. UU. del Octavo Circuito detuvo el 9 de agosto.
Dicho plan, el programa SAVE (Saving on a Valuable Education), que el Secretario de Educación de EE. UU., Miguel Cardona propuso por primera vez en agosto de 2022, reduciría los pagos mensuales para millones de prestatarios elegibles y aceleraría la condonación de préstamos. Al parecer, 8 millones de prestatarios se inscribieron en el programa.
La corte de circuito consideró que Missouri y otros seis estados que impugnaron el plan probablemente podrían demostrar que viola la doctrina de las cuestiones importantes. Esta doctrina obliga a las cortes a presumir que el Congreso no delega cuestiones políticas importantes en los organismos gubernamentales.
La medida cautelar de la corte de circuito, de alcance nacional, impide temporalmente que el gobierno federal condone el capital o los intereses de los préstamos estudiantiles pendientes, bloquea una disposición que impide calcular los intereses de los préstamos y pone en pausa una disposición que permite a los prestatarios hacer pagos mensuales muy bajos o nulos que dependen de los ingresos.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, dijo que la nueva demanda cuestiona el «tercer y más débil intento de la administración Biden de cancelar en masa los préstamos estudiantiles en la oscuridad de la noche, sin dejar que el Congreso —o el público— lo sepa. Eso es ilegal».
«Nosotros detuvimos con éxito sus dos primeros planes ilegales de cancelación de préstamos estudiantiles; no me cabe duda de que conseguiremos otra victoria más para bloquear el tercero. Puede que estén tirando espaguetis a la pared para ver qué se pega, pero mi oficina se está enfrentando a ellos en cada paso del camino».
Los demandantes son Missouri, Georgia, Alabama, Arkansas, Florida, Dakota del Norte y Ohio. Los demandados son el Departamento de Educación de EE. UU., Cardona y Biden.
Los estados dicen en la demanda legal que tuvieron que actuar porque «acaban de descubrir documentos que prueban que el secretario de Educación (1) está tratando ilegalmente de cancelar en masa cientos de miles de millones de dólares de préstamos, y (2) ha instruido silenciosamente a los contratistas federales para comenzar “inmediatamente” la cancelación tan pronto como el 3 de septiembre de 2024 (aunque posiblemente comenzando el 7 de septiembre)».
«El costo real de la Tercera Regla de Cancelación Masiva es (…) los USD 146,900 millones estimados por el Departamento, más gran parte de los 475,000 millones de dólares de costo del Plan SAVE», dijeron los estados.
«Esta es la tercera vez que el secretario ha intentado ilegalmente cancelar en masa cientos de miles de millones de dólares en préstamos. Las cortes se lo impidieron las dos primeras veces, cuando intentó hacerlo abiertamente. Ahora lo intenta a escondidas».
Los estados pidieron a la corte federal de distrito «una reparación inmediata a la espera de más información y argumentos sobre el fondo».
The Epoch Times pidió al Departamento de Justicia de EE. UU. que comentara la nueva demanda, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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