Los demandantes en un caso en el que se acusa al gobierno de Biden de estar profundamente involucrado en la censura de los usuarios a través de las plataformas de las grandes empresas tecnológicas se están preparando para pedir a un juez que les permita interrogar a altos funcionarios del gobierno
Los fiscales generales republicanos de Misuri y Luisiana dijeron el 10 de octubre que presentarán una moción en breve solicitando las declaraciones al juez de distrito Terry Doughty, nominado por Trump, que supervisa el caso.
Los demandantes han proporcionado una lista inicial de personas que quieren que declaren al Departamento de Justicia, que representa al gobierno en el caso. Dijeron que la moción pedirá a Doughty que dé luz verde a las declaraciones «de un número de acusados clave», según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal general de Mkisuri, Eric Schmitt.
Un portavoz de Schmitt, que presentó el caso junto con el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, no quiso dar más detalles.
Los acusados más conocidos son el presidente Joe Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, el director de Salud Pública Vivek Murthy, el secretario de Salud Xavier Becerra, el asesor presidencial Dr. Anthony Fauci y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
El caso se presentó este año. La documentación presentada –después de que Doughty rechazara el intento de la administración de desestimar el caso– reforzó las pruebas de la colusión entre las grandes empresas tecnológicas y el gobierno, que incluían una serie de intercambios entre funcionarios de la Casa Blanca y de Facebook en relación con las medidas contra los usuarios que postearon supuesta desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19.
Mientras que en una versión anterior del caso solo se nombraba a 20 funcionarios o agencias como acusados, en una denuncia actualizada presentada el 7 de octubre se nombraba a 47 más, entre ellos el FBI, la Administración de Alimentos y Medicamentos y Rob Flaherty, un asistente adjunto de la Casa Blanca.
Los mensajes mostraban a Flaherty presionando a los trabajadores de Facebook para que intensificaran la moderación de contenidos, lo que llevó a reuniones entre Facebook y la Casa Blanca.
«Seguimos preocupados por la desinformación [sic] en el feed y en los grupos, y por el amplio alcance de los contenidos que inducen a la duda en su plataforma», escribió Flaherty en un mensaje a un empleado de Facebook, cuyo nombre fue tachado.
Además, Facebook empezó a elaborar informes periódicos para Flaherty y otros funcionarios de la Casa Blanca en los que se detallaba cuántos posteos se habían eliminado o etiquetado por violar las políticas de COVID-19 y de las vacunas.
«Misuri y Luisiana interpusieron una demanda histórica, tratando de exponer que el gobierno federal ha trabajado mano a mano con las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión en sus plataformas. Nuestra demanda ha hecho exactamente eso: hemos encontrado una asombrosa ‘ iniciativa de censura’ que se extiende a una multitud de agencias federales e implica a funcionarios de los más altos niveles del gobierno, pero aún no hemos terminado», dijo Schmitt en un comunicado.
«Ahora, hemos añadido 47 acusados más a nuestra demanda, incluidos varios agentes del FBI y más funcionarios de alto rango de la Casa Blanca. También estamos pidiendo al Tribunal que permita a nuestras oficinas tomar declaraciones para interrogar a estos funcionarios bajo juramento. Recién estamos comenzando”.
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