Docenas de legisladores demócratas han instado a un tribunal federal de apelaciones a que confirme una orden de un tribunal inferior que impide a la administración Trump hacer cumplir una nueva norma que permitiría mantener detenidas a las familias que entran ilegalmente en Estados Unidos durante más de 20 días.
La nueva norma fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en agosto para reemplazar el acuerdo de conciliación Flores.
El acuerdo Flores de 1997 de la era Clinton es un fallo de la corte que dice que los menores que cruzan la frontera ilegalmente no pueden ser detenidos por más de 20 días. Esto significa que los niños y sus familias deben ser liberados en el interior de Estados Unidos, con una fecha de corte fijada para posiblemente años más adelante.
El DHS y el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijeron que la nueva norma pondría fin al acuerdo de Flores, permitiendo efectivamente al DHS mantener juntas las familias en detención «durante los procedimientos de inmigración justos y expeditos». La norma se introdujo para responder a la afluencia de familias que entraban ilegalmente por la frontera sur con la esperanza de ser liberadas en el interior del país en lugar de ser detenidas durante los procedimientos de expulsión.
Tras el anuncio de la norma, muchos de los opositores de Trump expresaron su preocupación, lo que dio lugar a múltiples demandas. La norma fue rechazada por un juez del tribunal de distrito de Los Ángeles en septiembre de 2019, que ordenó una medida judicial permanente contra la norma.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Dolly Gee, dijo en su decisión que los términos del nuevo reglamento «no se aplican y son incompatibles con los términos pertinentes y sustantivos del Acuerdo de Conciliación de Flores». También rechazó el argumento de la administración de que ya se habían cumplido los requisitos establecidos en el acuerdo de Flores de 1997. La administración Trump apeló posteriormente el fallo ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito.
El martes, 135 congresistas del Senado y la Cámara de Representantes, incluyendo la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi (D-California) y el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (D-N.Y.), presentaron un escrito de amigo de la corte (amicus curiae) (pdf) pidiendo al Noveno Circuito que bloquee la implementación de la regla por parte de la administración Trump, argumentando que el acuerdo de Flores «es clave para asegurar que hay requisitos mínimos de salud y seguridad para la custodia de los niños«.
Los legisladores argumentaron que la nueva norma es incompatible con los términos y el propósito del acuerdo de Flores porque supuestamente permite efectivamente la detención indefinida de los niños migrantes. Dijeron que esto es inconsistente porque el núcleo del acuerdo de Flores estipula que el gobierno «procesará rápidamente» al niño después del arresto y «liberará a un menor de su custodia sin demoras innecesarias».
«Los reglamentos eliminan así la garantía de que las instalaciones que albergan a estos niños satisfacen las normas estatales, y niegan la supervisión independiente de las instalaciones federales de detención de inmigrantes que es fundamental para mantener las normas de salud y seguridad para los niños migrantes que el acuerdo garantiza», escribieron.
La administración sostiene que la norma permite a los departamentos abordar los cambios estatutarios y operativos que se producen desde que se puso en marcha el acuerdo de Flores hace 23 años.
La administración Trump ha criticado el acuerdo de Flores, diciendo que es responsable de la afluencia de familias que cruzan la frontera sur hacia Estados Unidos en los últimos años.
Kevin McAleenan, exsecretario interino del DHS, dijo en agosto de 2019 que la nueva norma «elimina un incentivo clave que alienta a los traficantes a explotar a los niños». El DHS afirma que la norma continuaría «asegurando que todos los niños extranjeros (tanto los menores acompañados como los no acompañados) bajo la custodia del gobierno sean tratados con dignidad, respeto y especial preocupación por su particular vulnerabilidad como menores».
Junto con los miembros del Congreso, una coalición de fiscales generales del estado también presentó un escrito de amigo de la corte (pdf) el martes instando a la corte a mantener el fallo del tribunal inferior.
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este informe.
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