Los funcionarios del Departamento de Justicia alertaron el miércoles a los estados de que están siguiendo de cerca la auditoría electoral de 2020 que tiene lugar en Arizona y las auditorías propuestas en varios otros estados.
El nuevo documento guía resume la postura de la administración de Biden sobre la ley federal con respecto a las auditorías, considerando la ronda de revisiones ya realizada, en proceso o propuesta como «inusual» y «extremadamente rara» al tiempo que destaca que la ley federal impone restricciones bajo las cuales los condados y los estados deben cumplir.
Las leyes incluyen la Ley de Derechos Civiles de 1960, que exige la retención de registros electorales durante 22 meses tras una elección federal, y la Ley de Derechos Electorales de 1965, que establece que ninguna persona “intimidará, amenazará, coaccionará o intentará intimidar, amenazar o coaccionar a cualquier persona por votar o intentar votar; o intimidar, amenazar o coaccionar, o intentar intimidar, amenazar o coaccionar a cualquier persona por instar o ayudar a otra persona a votar o intentar votar».
El primero, por ejemplo, hace que sea el deber de los funcionarios electorales mantener la seguridad e integridad de los registros y salvaguardar su cadena de custodia, «para que se pueda acceder de manera confiable a un registro completo y sin compromisos de las elecciones federales y se pueda usar en asuntos de aplicación de la ley federal”, dice el documento.
“Cuando los registros electorales dejan el control de los funcionarios electorales, los sistemas para mantener la seguridad, la integridad y la cadena de custodia de esos registros pueden romperse fácilmente. Además, cuando los registros electorales ya no están bajo el control de los funcionarios electorales, esto puede conducir a un riesgo significativo de pérdida, robo, alteración, compromiso o destrucción de los registros. Este riesgo se agrava si los registros electorales se entregan a actores privados que no tienen experiencia ni pericia en el manejo de dichos registros y que desconocen las obligaciones que impone la ley federal”, agrega, en clara referencia a la auditoría que se realiza en el condado de Maricopa, en Arizona.
El año pasado, el Senado de Arizona controlado por el Partido Republicano ordenó la auditoría, recurriendo a Cyber Ninjas, con sede en Florida, que no tiene experiencia en auditorías electorales.
Los violadores de la Ley de Derechos Civiles enfrentan multas de hasta USD 1000 y una sentencia de cárcel de hasta un año por cada violación.
“La razón por la que publicamos esto como guía es para decirles a las jurisdicciones, en general, que nos preocupa que si van a realizar estas auditorías, las llamadas auditorías de las elecciones pasadas, deben cumplir con la ley federal y advertirles que no pueden realizar estas auditorías de una manera que intimide a los votantes”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia a los periodistas en una llamada sobre la orientación.
“Este documento establece un marcador que dice que el Departamento de Justicia está preocupado por esto y lo seguiremos de cerca”, agregó el funcionario.
Los funcionarios señalaron que el fiscal general Merrick Garland dijo el mes pasado que el Departamento de Justicia se centraría en parte en examinar las auditorías para asegurarse de que cumplan con las leyes federales.
La presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, quien ordenó la auditoría, dijo a The Epoch Times en ese momento que «los demócratas han intentado todas las vías posibles para detener o desacreditar esta auditoría».
«Estoy segura de que esta será una de las muchas vías que seguirán después de la auditoría», escribió Fann, quien no respondió a las preguntas el miércoles, en un correo electrónico.
El fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich, advirtió a Garland en junio que su oficina «no toleraría» ningún intento de frustrar la auditoría, a la que se oponen ampliamente los demócratas, incluida la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs.
El condado de Maricopa acordó arrendar nuevas máquinas de Dominion Voting Systems luego de que Hobbs dijera que la auditoría pudo haberlas dejado comprometidas y que el funcionario electoral más importante de Pensilvania descertificó las máquinas de Dominion en el condado de Fulton luego de que se realizó una evaluación electoral.
El esfuerzo del condado de Maricopa es, con mucho, la revisión postelectoral más grande de la nación. Los auditores contaron a mano las boletas emitidas el año pasado—casi 2.1 millones, según funcionarios del condado—y examinaron cientos de máquinas utilizadas para contar los votos.
Se espera que los auditores completen su trabajo físico esta semana. Se espera que el próximo mes se publique un informe final sobre lo que encontraron.
Se suspendió un plan inicial para sondear los hogares en los que se emitieron votos cuestionables luego de que Pamela Karlan, una funcionaria del Departamento de Justicia, se contactó con Fann para expresar su preocupación por una posible intimidación de los votantes. En una audiencia este mes, el director ejecutivo de Cyber Ninjas, Doug Logan, recomendó que se lleve a cabo el escrutinio para aclarar las preocupaciones sobre algunas de las boletas revisadas por los auditores.
La auditoría de Arizona ha inspirado a legisladores de otros estados. El senador de Pensilvania Doug Mastriano, un republicano, inició recientemente una revisión de las elecciones de 2020 en tres condados luego de visitar la auditoría, aunque dos de los condados han señalado que no cooperarán. Los legisladores y los grupos de integridad electoral en Georgia y Wisconsin están realizando esfuerzos similares.
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