El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó una demanda contra Texas por una nueva ley estatal destinada a aumentar la seguridad en la frontera sur al otorgar a la policía poderes más amplios para detener, procesar y deportar a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre EE. UU. y México.
El DOJ presentó el 3 de enero ante una corte federal de Austin una demanda contra la Ley del Senado 4 (SB 4) en nombre del gobierno federal de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
En ella figuran como demandados el gobernador Greg Abbott y el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw.
Los demandantes alegan que la ley SB 4 está regulada por la ley federal y, por tanto, viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos y la Cláusula de Comercio Exterior.
La ley que es objeto de la demanda fue presentada en noviembre por el senador estatal republicano Charles Perry y patrocinada en la Cámara por el representante estatal republicano David Spiller.
Ese mismo mes fue aprobada por la asamblea legislativa de Texas, controlada por los republicanos, y promulgada por Abbott en diciembre.
La medida tipifica como delito menor estatal cruzar o intentar cruzar ilegalmente a Texas desde México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal.
También permite a las fuerzas del orden estatales y locales detener a presuntos inmigrantes ilegales, tomarles las huellas dactilares y comprobar sus antecedentes.
De acuerdo con la legislación, se concedería a los jueces la opción de ordenar a algunos inmigrantes ilegales que regresen al país desde el que entraron ilegalmente en Estados Unidos, en lugar de enjuiciarlos, pero solo después de obtener toda la información de identificación y cotejarla con las bases de datos criminales locales, estatales y federales.
Sin embargo, el cargo de delito menor se elevaría a delito grave si el inmigrante ilegal ha sido condenado anteriormente por dos o más delitos menores relacionados con drogas, delitos contra una persona, o ambos, o si el individuo se niega a cumplir la orden del juez de volver a salir de Estados Unidos.
«Claramente inconstitucional»
La pena máxima por un cargo de delito menor es de un año de prisión, mientras que por un delito grave, la pena es de dos a 20 años de prisión.
Los republicanos han argumentado que la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el 5 de marzo, es necesaria en medio de lo que consideran una mala gestión de la actual crisis migratoria por parte del gobierno de Biden. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos muestran que los agentes se encontraron con la cifra récord de 2.48 millones de inmigrantes ilegales en la frontera sur en el año fiscal 2023.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estimó en su informe de diciembre de 2023 que el número de inmigrantes ilegales no detenidos dentro de Estados Unidos ha superado ya los 6 millones.
En su demanda, el DOJ pide a la corte a declarar inconstitucional la SB 4 e impedir que Texas la aplique, argumentando que las leyes de inmigración solo pueden ser aplicadas por el Gobierno federal, no por los estados.
«La SB 4 es claramente inconstitucional», afirmó la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, en una declaración en el que anunciaba la demanda. «En virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución y de los precedentes de larga data del Tribunal Supremo, los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco promulgado por el Congreso». El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer cumplir la ley federal.»
El Departamento de Justicia señaló que la Corte Suprema, en el caso de Arizona vs. Estados Unidos, confirmó previamente que las decisiones relacionadas con la expulsión de los no ciudadanos de Estados Unidos afectan “a las relaciones exteriores y deben tomarse con una sola voz”.
El Departamento argumentó que la SB 4 impide la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las disposiciones de entrada y expulsión de la ley federal e interfiere con su conducta en las relaciones exteriores.
«Preparados para luchar contra la demanda»
La SB 4 incluye algunas excepciones, entre ellas que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán arrestar a inmigrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos si el individuo se encuentra en las instalaciones o terrenos de una escuela primaria o secundaria pública o privada con fines educativos; en una iglesia, sinagoga u otro lugar establecido de culto religioso; o en un centro de atención médica.
También establece que los sospechosos pueden proporcionar pruebas de que se encuentran legalmente en el país durante el proceso.
La demanda del Departamento de Justicia se produce después de que grupos de derechos civiles, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentaran una demanda contra la SB4 en diciembre, alegando que estaría anulada por la ley federal e infringe la autoridad del gobierno federal en virtud de la Constitución de los Estados Unidos para hacer cumplir las leyes de inmigración.
El gobernador de Texas respondió a la demanda del Departamento de Justicia el miércoles por la noche. “El Sr. Biden me demandó hoy porque firmé una ley que hace ilegal que un inmigrante ilegal ingrese o intente ingresar a Texas directamente desde una nación extranjera. A mi me gustan mis posibilidades. Texas es el único gobierno en Estados Unidos que intenta detener la inmigración ilegal”, dijo el Sr. Abbot.
“El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que yo y el estado de Texas tenemos la ‘autoridad constitucional’ para asegurar [la] frontera. Recuerden, es el Congreso, no el presidente, el que tiene el poder constitucional para regular la inmigración”, añadió el gobernador.
En comentarios anteriores, el Sr. Abbot dijo que la SB 4 era necesaria para “ayudar a detener la marejada de entradas ilegales a Texas” y que la “inacción deliberada del presidente Biden ha dejado a Texas a su suerte”.
En los últimos años, Texas ha gastado más de USD 4000 millones al año en esfuerzos para frenar la inmigración ilegal en la frontera, incluido el despliegue de USD 11 millones en rollos de alambre concertina para reforzar partes de la frontera entre Texas y México y la construcción de estructuras fronterizas de acero. La administración Abbott también ha transportado en autobús a decenas de miles de migrantes a ciudades santuario del país, incluidas Washington, D.C., Nueva York, Chicago y Los Ángeles. En años anteriores, Texas gastó alrededor de USD 400 millones en seguridad fronteriza e inmigración, dijo anteriormente el vicegobernador de Texas, Dan Patrick.
En un posteo en X el miércoles por la noche, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que la nueva ley se creó para “abordar el flujo interminable de inmigración ilegal facilitada por la administración Biden”.
“Millones de extranjeros no investigados han sido liberados en Texas debido a las políticas del presidente Biden de desmantelar la seguridad fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México, colaborar con los cárteles e invitar a criminales violentos y narcotraficantes a ingresar al país”, dijo el fiscal Paxton.
“Así como estoy preparado para luchar contra la demanda presentada por la extremista ACLU y las organizaciones sin fines de lucro que se enriquecen gracias a la doctrina de fronteras abiertas del gobierno federal, estoy preparado para luchar contra la administración Biden, cuyo desastre migratorio está llevando a nuestro país a la ruina”, agregó el fiscal general.
«Texas tiene el derecho soberano de proteger nuestro estado».
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