El Departamento de Justicia ha demandado al ex asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, por la presunta violación de una ley de conservación de registros, pidiéndole que entregue los correos electrónicos privados de cuando trabajaba para el expresidente Donald Trump.
«El Sr. Navarro se ha negado a devolver cualquier registro presidencial que haya retenido sin contar con una concesión de inmunidad para el acto de devolver dichos documentos», dice la demanda (pdf), y añade que el exasesor de Trump «está reteniendo indebidamente registros presidenciales que son propiedad de Estados Unidos, y que constituyen parte del registro histórico permanente de la administración anterior».
Presentado el 3 de agosto en un tribunal federal de Washington, el documento alega que Navarro utilizó «al menos una cuenta de correo electrónico no oficial» mientras trabajaba en la Casa Blanca, pero no copió esos correos electrónicos o mensajes que constituyen registros presidenciales a su cuenta de correo electrónico del gobierno dentro de los 20 días requeridos por la Ley de Registros Presidenciales.
La Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés) también debía recibirlos antes o poco después de que Trump dejara el cargo, pero aún no lo ha hecho, según los fiscales, que dijeron que deberían haberse recogido entre 200 y 250 de los correos electrónicos de la cuenta privada de Navarro.
El departamento acusó además a Navarro de negarse a entregar los registros retenidos que no contaban con una concesión de inmunidad. Los abogados de Navarro refutaron tales afirmaciones, argumentando que su cliente «nunca se ha negado a proporcionar registros al gobierno».
«Como se detalla en nuestra reciente carta a los Archivos, el Sr. Navarro dio instrucciones a sus abogados para preservar todos esos registros, y espera que el gobierno siga los procesos estándar de buena fe para permitirle producir registros. En cambio, el gobierno eligió presentar su demanda hoy», dijeron sus abogados a The Hill en un comunicado.
Llegar a Trump
El último caso se produce dos meses después de que un gran jurado acusara a Navarro el 3 de junio por negarse a entregar documentos y testificar a principios de este año ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la irrupción del Capitolio del 6 de enero de 2021.
El ex asesor comercial de la Casa Blanca se había declarado inocente el 17 de junio de dos cargos de delito menor de desacato al Congreso, citando el privilegio ejecutivo debido a su antigua posición en la Casa Blanca bajo la Administración Trump, antes de rechazar en julio un acuerdo de declaración por un solo cargo.
El senador Bennie Thompson (D-Miss.), presidente de la comisión del 6 de enero, rechazó las alegaciones de Navarro, alegando que el privilegio pertenece al presidente pero no a un funcionario de la Casa Blanca, a pesar de los correos electrónicos que involucran al expresidente.
El juicio de Navarro está fijado para el 17 de noviembre.
Los abogados de Trump han argumentado previamente que los exfuncionarios de la Casa Blanca no deben cumplir con las citaciones del Congreso porque la información solicitada está protegida por el privilegio ejecutivo de Trump.
Sin embargo, desde enero, la NARA ha entregado documentos y registros de la época de la Administración Trump al Comité de la Cámara de Representantes el 6 de enero, a pesar de los intentos de Trump de pedir a la Corte Suprema que impida su entrega.
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