El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) instó el 8 de septiembre a una jueza federal a suspender parte de su reciente orden de un perito especial, argumentando que el gobierno debería poder seguir accediendo a los registros marcados como clasificados que fueron incautados en la casa del expresidente Donald Trump el mes pasado.
Los abogados del gobierno dijeron que los investigadores deben tener acceso a los registros para su investigación sobre Trump, y como parte de un esfuerzo para determinar si hubo alguna divulgación indebida de los materiales mientras estaban en la finca Mar-a-Lago del expresidente en Florida.
La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, concedió la moción de Trump para un perito especial el 5 de septiembre. Ella también bloqueó al gobierno de usar los registros incautados «para fines de investigación». Al mismo tiempo, dijo que su orden no afectará a la evaluación de inteligencia que está realizando la Comunidad de Inteligencia (IC).
La orden es problemática porque la evaluación «no puede separarse fácilmente» de los esfuerzos del DOJ y del FBI en relación con la investigación criminal en curso, dijeron los abogados del DOJ en la nueva presentación.
«Antes de la orden de la Corte, el mismo personal del FBI involucrado en la investigación penal se coordinaba adecuadamente con el CI en su revisión y evaluación», dijeron. «La aplicación de la orden judicial a los registros clasificados frustraría, por tanto, la capacidad del gobierno para llevar a cabo una evaluación eficaz de los riesgos para la seguridad nacional y una revisión de la clasificación, y podría impedir que el gobierno tomara las medidas correctivas necesarias a la luz de esa revisión, con el riesgo de causar un daño irreparable a nuestra seguridad nacional y a los intereses de la inteligencia».
Los agentes del FBI, que forma parte del CI, serían los encargados de seguir las pistas sobre la posible divulgación de los registros, según el gobierno.
«Si, por ejemplo, otro elemento del CI obtuviera información de inteligencia que indicara que un documento clasificado de los materiales incautados podría haber sido comprometido, el FBI sería responsable de tomar algunas de las medidas necesarias para evaluar ese riesgo», dijo Alan Kohler Jr., un funcionario de contrainteligencia del FBI, en una declaración presentada ante el tribunal.
El gobierno quiere una orden inmediata que permita el uso de los registros marcados como clasificados para la investigación. También quiere que Cannon separe esos registros de los que serán revisados por el perito especial.
Los abogados de Trump se oponen a la moción, según el gobierno.
El Departamento de Justicia advirtió que presentará una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 11º Circuito si la jueza no acepta la petición.
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