Un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo al presidente de la Cámara Mike Johnson (R-La.) en una carta que el fiscal general Merrick Garland no será procesado por desacato al Congreso debido a que al negarse a entregar las grabaciones de audio de la entrevista del presidente Joe Biden con un abogado no constituyó un delito.
En la carta, que fue obtenida por varios medios de comunicación, el funcionario del DOJ dijo que la negativa del Sr. Garland a cumplir con una citación judicial exigiendo grabaciones de audio de una entrevista que el abogado especial Robert Hur realizó con el presidente Biden en su investigación sobre el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente «no constituyó un delito».
«De acuerdo con esta posición de larga data y práctica uniforme, el Departamento ha determinado que las respuestas del fiscal general Garland a las citaciones emitidas por los Comités no constituyeron un delito y, en consecuencia, el Departamento no presentará la citación por desacato del Congreso ante un gran jurado ni tomará ninguna otra medida para procesar al fiscal general», escribió en la carta Carlos Felipe Uriarte, fiscal general adjunto.
La carta también citaba la política del Departamento de Justicia de no procesar a funcionarios por desacato al Congreso cuando no cumplen con las citaciones debido a una reclamación presidencial de privilegio ejecutivo.
Una solicitud de comentarios y confirmación del contenido de la carta enviada al DOJ no fue devuelta de inmediato.
Más detalles
La negativa a presentar cargos por desacato contra Garland se produce después de que la Cámara de Representantes votara el 12 de junio a favor de declararlo en desacato por no cumplir la citación para entregar las cintas.
La resolución de la Cámara, que fue aprobada por 216 votos a favor y 207 en contra, se produjo en medio de un enfrentamiento de meses entre los republicanos y el Departamento de Justicia sobre la producción de las grabaciones de audio de la entrevista de dos días del presidente Biden con el abogado especial.
Los republicanos de la Cámara han dicho que quieren obtener las grabaciones para verificar las afirmaciones del Sr. Hur de que el presidente Biden no podía recordar ciertos hechos durante la entrevista. Han alegado que existe un sistema de justicia de dos niveles porque el Sr. Hur optó por no acusar al presidente Biden, mientras que el expresidente Donald Trump se enfrenta a múltiples cargos en relación con su propia investigación de documentos clasificados.
El Sr. Hur, que enfrentó críticas de los demócratas y la Casa Blanca por comentarios sobre la capacidad cognitiva del presidente en su informe, no recomendó cargos contra el presidente Biden, en parte debido a su débil memoria.
«En un juicio, el Sr. Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista con él, como un hombre simpático, bien intencionado y de edad avanzada con mala memoria», escribió el abogado especial en su informe de 388 páginas, que encontró que el presidente Biden «retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado» cuando era un ciudadano privado después del final de su mandato como vicepresidente durante la Administración Obama.
Mientras que los republicanos han dicho que quieren las cintas para verificar las afirmaciones del Sr. Hur, los demócratas han argumentado que los republicanos quieren utilizar las cintas en los anuncios de campaña para retratar al presidente Biden como un líder frágil con mala memoria que es demasiado viejo para servir otro mandato en el Despacho Oval.
El Sr. Hur reveló en un testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en marzo que funcionarios de la Casa Blanca trataron de suavizar las caracterizaciones de su informe sobre la mala memoria del presidente Biden.
Privilegio ejecutivo
El 16 de mayo, el presidente Biden hizo valer el privilegio ejecutivo sobre las cintas de la entrevista, y la oficina del abogado de la Casa Blanca notificó la medida a los republicanos de la Cámara de Representantes apenas unas horas antes de que éstos recomendaran declarar al Sr. Garland en desacato por negarse a entregarlas.
Garland y el abogado de la Casa Blanca, Ed Siskel, defendieron que el privilegio ejecutivo era necesario porque podría afectar a futuras investigaciones.
En una carta dirigida al presidente el 15 de mayo, Garland afirmó que «las necesidades de la comisión son claramente insuficientes para compensar los efectos perjudiciales que la producción de las grabaciones tendría sobre la integridad y la eficacia de investigaciones similares de las fuerzas policiales en el futuro».
El abogado del presidente Biden acusó a los republicanos de la Cámara de querer las grabaciones para elaborar anuncios de ataque político.
«La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: cortarlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas», escribió Ed Siskel, abogado del presidente Biden, a los congresistas James Comer (R-Ky.) y Jim Jordan (R-Ohio) en una carta del 16 de mayo. «Exigir al Poder Ejecutivo materiales policiales tan sensibles y constitucionalmente protegidos porque usted quiere manipularlos para un potencial beneficio político es inapropiado».
Aun así, tanto el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidido por el Sr. Comer, como el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por el Sr. Jordan, votaron el 16 de mayo a favor de declarar a Garland en desacato al Congreso a pesar de la intervención del Presidente Biden en relación con el privilegio ejecutivo.
El Sr. Johnson ha criticado los esfuerzos por bloquear la publicación de las cintas.
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