El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el viernes una demanda conjunta contra el programa Menores de América Central (CAM, por sus siglas en inglés) de la era Obama y que la administración Biden restableció como parte de su política fronteriza.
Se trata de una demanda conjunta entre los estados de Texas, Alaska, Arkansas, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma interpuesta el 28 de enero contra el restablecimiento del CAM por parte de la administración del presidente Biden.
El programa fue restablecido por la administración Biden en marzo del 2021, y permite a los ciudadanos extranjeros procedentes del Triángulo Norte; es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras—la posibilidad de que los hijos (incluidos adultos de hasta 21 años) de padres que se encuentran incluso de manera ilegal en EE. UU. puedan ingresar al país solicitando asilo o condición de refugiado, incluso si no califican.
La oficina del gobernador republicano DeSantis dijo que este programa es «es otro ejemplo del absoluto desprecio de la administración Biden por el fiel cumplimiento de las leyes de inmigración de nuestra nación», en el comunicado sobre la demanda. Agregando que este «programa ilegal debe ser terminado inmediatamente».
«La administración Biden continúa ignorando las leyes de este país y permite que un gran número de extranjeros ilegales crucen la frontera, sin tener en cuenta los posibles antecedentes penales o conexiones con actividades ilícitas», dijo el gobernador Ron DeSantis respecto a la demanda, y agregó que este programa no solo les permite a los extranjeros ilegales transitar libremente por el país, sino que supone una responsabilidad y costos a los estados e ignora sus consecuencias.
La demanda liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, señala que «No existen vías legales para que los extranjeros que carecen de estatus vengan a reunirse con a otros extranjeros que carecen de estatus en Estados Unidos, y por una buena razón. Es un desafío al sentido común. Ninguna nación soberana recompensaría a quienes infringen la ley permitiendo que sus familiares en el extranjero se reúnan con ellos para vivir en el territorio soberano ilegalmente, especialmente con la ayuda del propio gobierno».
Además, la vicegobernadora del estado, Jeanette Nuñez, agregó «Las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden son desastrosas y crean una crisis de trata de personas y explotación sexual infantil», señalando que a través de la demanda se responsabiliza a la administración Biden «por negarse a cumplir la ley y asegurar nuestras fronteras, lo que pone en riesgo a todos los floridanos».
El expresidente Donald Trump había decidido en 2017 terminar el programa de la era Obama que fue eliminado gradualmente en el año fiscal 2018, tras una revisión del gobierno de Estados Unidos en donde se concluyó que «la gran mayoría de los individuos que accedían al programa no eran elegibles para el reasentamiento de refugiados».
Tras el restablecimiento del programa en marzo de 2021, tanto el Departamento de Estado (DOS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron el 13 de septiembre que se estaban aceptando nuevas solicitudes como parte de la Fase Dos de reapertura del programa CAM.
Además, el 24 de enero, el senado estatal de Florida aprobó una legislación promovida por los republicanos que prohibiría que las empresas de transporte de Florida sean contratadas para trasladar inmigrantes ilegales como parte de la política migratoria de la administración Biden.
Esto ocurre días después que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) diera a conocer que la cifra de detenciones en la frontera entre EE. UU. y México en 2021 aumentó a casi 1.9 millones, frente a los 479,000 de 2020.
Con información de Charlotte Cuthberston.
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