El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, dijo que la demanda que su estado presentó contra la Administración Biden por sus primeras decisiones sobre inmigración busca obligar al gobierno federal a que «realmente sigan la ley».
«La demanda busca que realmente sigan la ley, que sigan la Constitución. Maria, oirás excusas de por qué no hacen cumplir las leyes de inmigración en ciertos casos, la discreción de la fiscalía, centrarse en los más amenazantes», dijo DeSantis a Maria Bartiromo de Fox News el domingo.
«Estas son las personas más amenazantes. Son extranjeros criminales condenados. Y ni siquiera están haciendo eso. No pueden incumplir totalmente su responsabilidad de hacer cumplir la ley según la Constitución».
La fiscal general del estado, Ashley Moody, anunció la demanda de Florida a principios de marzo, argumentando que la serie de nuevas normas que reducen las prioridades de aplicación de la ley de inmigración de la administración, denominadas «prioridades provisionales de aplicación de la ley», ponían en peligro la seguridad de los floridanos y de las víctimas inmigrantes ilegales.
Estas prioridades incluyen la reducción de la aplicación de la ley de inmigración a tres categorías: individuos que hayan participado o sean sospechosos de terrorismo o espionaje; inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; e individuos condenados por un «delito grave».
Las directrices se establecieron mediante dos memorandos —conocidos como el del 20 de enero y el del 18 de febrero— que modificaron la forma de actuar de las agencias federales de inmigración y de otras fuerzas de seguridad.
El primer memorando (pdf) se publicó el 20 de enero y dispuso directrices provisionales para que las agencias del DHS las siguieran mientras se realizaba una revisión de las políticas y prácticas relativas a la aplicación de la ley de inmigración. Las directrices centraban esencialmente todas las acciones de aplicación de la ley en las tres categorías, además de emitir una pausa de 100 días en las deportaciones.
En ese momento, el departamento justificó su decisión diciendo que «el DHS no puede responder a todas las violaciones de la ley de inmigración ni expulsar a todas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos» debido a la limitación de recursos.
El segundo memorando (pdf) se publicó el 18 de febrero como orientación adicional al del 20 de enero, y también exigía a los agentes del ICE que obtuvieran la aprobación previa de sus superiores para detener a algunos inmigrantes ilegales si no entraban en las tres categorías. Se espera que el memorando del 18 de febrero tenga una duración de tres meses, tras los cuales se espera que el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emita nuevas directrices para el departamento.
«Al centrar nuestros limitados recursos en los casos que presentan amenazas para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, nuestra agencia ejecutará de forma más hábil y eficaz su misión en materia de aplicación de la ley», dijo entonces el director en funciones del ICE, Tae Johnson, en un comunicado.
DeSantis caracterizó los cambios de política como «imprudentes».
«Normalmente, cuando tenemos un extranjero criminal, condenado por un delito grave, obviamente cumple su condena en la prisión estatal de Florida. Y antes de la Administración Biden, el ICE tomaba el control de ellos cuando terminaban su condena y retiraba al extranjero criminal, y lo enviaba de vuelta a su país de origen», dijo.
«Eso debe funcionar como un reloj. Es la mayor obviedad que existe».
También expresó su preocupación por el hecho de que, debido a los memorandos, la administración ya no está cumpliendo las órdenes de detención del ICE, y porque varios extranjeros criminales están siendo liberados en la comunidad.
Otros estados han presentado desde entonces demandas contra la Administración Biden por los dos memorandos. A principios de abril, los fiscales generales de Texas y Luisiana llevaron a la Administración Biden a los tribunales alegando que se niega a asumir la custodia de los inmigrantes ilegales condenados por delitos graves.
Los fiscales generales argumentan que los memorandos no dan prioridad a la detención de extranjeros delincuentes con órdenes de expulsión definitivas, extranjeros delincuentes condenados por delitos de drogas o extranjeros delincuentes condenados por delitos de depravación moral.
El resultado de la aplicación de los dos memorandos, según la demanda, ha llevado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a anular las solicitudes de detención relacionadas con extranjeros delincuentes encarcelados, a no emitir solicitudes de detención para inmigrantes ilegales sujetos a expulsión obligatoria y a sacar a tales personas de algunos centros de detención federales de Luisiana y Texas.
La orden de suspensión de las deportaciones durante 100 días ha sido bloqueada por un tribunal federal de forma indefinida después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandara a la administración. El juez consideró que el estado de la Estrella Solitaria se vería perjudicado por la moratoria.
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