La orden del presidente Biden de detener la mayor parte de las deportaciones durante 100 días provocaría una disminución de más del 80% de las deportaciones de extranjeros que han cometido un delito, de acuerdo con un artículo del Centro de Estudios de Inmigración.
«Esta orden provocará una drástica reducción de la aplicación de la ley de inmigración», señala Jessica M. Vaughan, directora del Centro de Estudios de Inmigración, en su artículo publicado el 22 de enero.
La nueva orden, que se empezó a aplicar el pasado viernes, «pausará las expulsiones de ciertos no ciudadanos a los que se les ordenó la deportación», de acuerdo con la declaración del Departamento de Seguridad Nacional del 20 de enero.
De acuerdo con esta orden, los extranjeros ilegales que serán sujetos de expulsión son solo aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional por participar o estar involucrados en el terrorismo; aquellos que hayan cruzado la frontera de forma ilegal después del 1 de noviembre de 2020; o que hayan cometido delitos agravados y que por ello se encuentren actualmente en la cárcel o sean considerados amenazas para la seguridad pública.
Sin embargo, en 2018 solo el 15% de los inmigrantes ilegales deportados fueron clasificados por haber cometido delitos graves. Mientras que el 88%, es decir 83,804 extranjeros, no cometieron delitos graves fueron deportados, de acuerdo con los registro del ICE al que tuvo acceso Vaughan.
La autora también señaló que los delincuentes de delitos no graves deportados en 2018 tenían condenas por delitos como asalto, robo, abuso sexual de menores, delitos de drogas, delitos de armas y fraude.
Asimismo calificó la medida tomada por la administración Biden como «restricciones a las acciones de aplicación de la ley de inmigración que son aún más estrictas que las adoptadas por la administración Obama (con resultados desastrosos)».
La directiva de Biden se aplica al ICE, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS),
Además del impacto en las deportaciones, el artículo enlista otras consecuencia de esta orden. Entre las que considera que ICE deberá de poner en libertad a los extranjeros delincuentes que no sean sujetos de deportación; los solicitantes no cualificados a una tarjeta de residencia por parte del USCIS podrán permanecer en el país; y si un inmigrante previamente deportado es detenido por un delito que no sea grave ICE no podrá expulsarlo, a pesar de tener un historial delictivo grave.
Mientras que al mismo tiempo, el memorando del DHS incluye una orden para que el director de ICE autorice cada acción de la agencia fuera de una cárcel, lo que reduciría la aplicación de la ley en las ciudades santuario, que aún actualmente encuentran dificultades para realizar deportaciones de detenidos en las ciudades que no cooperan con la agencia.
La suspensión de las deportaciones fue criticada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien dijo que la medida «perjudicará grave e irremediablemente al estado de Texas y a sus ciudadanos”. El estado presentó una demanda este sábado contra la administración Biden.
«En su primer día en el cargo, la administración Biden dejó de lado las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso y suspendió la expulsión de extranjeros ilegales cuya expulsión está obligada por esas mismas leyes. Al hacerlo, ignoró los principios constitucionales básicos y violó su promesa escrita de trabajar en cooperación con el Estado de Texas para abordar en manera compartida las preocupaciones de la aplicación de la legislación de inmigración”, dice la demanda.
En los primeros días de su administración, Biden anuló varías de las políticas del expresidente Trump, incluyendo una reforma en materia de inmigración, que incluye detener la construcción del muro fronterizo con México, continuar con el programa DACA y facilitar la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes ilegales.
“Es profundamente preocupante que la mayoría de las primeras acciones de Joe Biden como presidente hayan sido para proteger a los inmigrantes ilegales y fomentar la inmigración ilegal a expensas de los empleos y los trabajadores estadounidenses”, dijo el senador Ted Cruz.
«El presidente Biden dijo que no es partidario de ‘abolir el ICE’, pero aparentemente sí es partidario de abolir casi toda la aplicación de la ley de inmigración», escribió Vaughan.
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