El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha presentado ante un tribunal federal una copia con partes no desclasificadas de un documento que llevó a la redada en la casa del expresidente Donald Trump, el último paso de un proceso que podría hacer público el documento.
Los abogados del gobierno presentaron la copia de la declaración jurada de la orden de registro sellada poco antes de la fecha límite para hacerlo, el 25 de agosto, indicó una actualización en el expediente del tribunal.
«Estados Unidos ha presentado un escrito sellado según la orden del Tribunal del 22 de agosto», dijo un portavoz del DOJ a los medios de comunicación en un comunicado.
El juez de primera instancia Bruce Reinhart, que aprobó la orden de registro para Mar-a-Lago basándose en la declaración jurada, está estudiando si hacer pública alguna parte del documento.
Los funcionarios del gobierno quieren que todo el documento se mantenga sellado, o secreto. Afirman que las tachaduras necesarias para proteger la integridad de la investigación sobre Trump y la privacidad de las personas implicadas —incluidos los agentes del FBI y los testigos— son tan amplias que el producto resultante no tendría ningún valor.
Una serie de organizaciones de medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro no están de acuerdo, argumentando que el interés público significa que alguna forma del documento debe ser liberado, y que el gobierno no ha demostrado su caso —un argumento Reinhart apoyó en una audiencia.
El 22 de agosto, el juez ordenó al gobierno que presentara bajo sello las posibles partes que no desclasificarían antes del mediodía del 25 de agosto. También dijo que los abogados podrían aportar pruebas adicionales o argumentos jurídicos que respalden su posición.
El jueves se registraron dos anotaciones en el caso, una justo antes del mediodía y otra aproximadamente a las 12:03 p.m.
Las declaraciones juradas se utilizan en los tribunales. La declaración jurada fue redactada por un agente del FBI, cuyo nombre no ha sido revelado. Se presentó a Reinhart el 5 de agosto. A las pocas horas, aprobó la orden de registro de Mar-a-Lago. La orden se cumplió el 8 de agosto.
Según los documentos revelados en el caso, el gobierno tiene razones para creer que Trump violó tres leyes, incluida una que prohíbe la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.
Los funcionarios del gobierno apoyaron la desclasificación de la propia orden judicial y de varios anexos, incluidas las listas de artículos que los agentes se llevaron de la casa de Trump en Florida. Pero han dicho que divulgar la declaración jurada pondría en peligro la investigación.
Los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo Judicial Watch, dicen que el interés público significa que el documento debe hacerse público, incluso si algunas partes no se desclasifican.
Reinhart dijo en la reciente audiencia que revisará las partes tachadas propuestas y decidirá si son adecuadas. Si lo son, ordenará la publicación de la declaración jurada. Pero si no está de acuerdo, suprimirá algunas de estas tachaduras. En ese caso, dará al gobierno la oportunidad de apelar a un tribunal superior y retrasará la publicación de la declaración jurada.
Reinhart también ha dejado abierta la posibilidad de no publicar el documento en absoluto.
«No puedo decir en este momento que las tachaduras parciales sean tan extensas que resulten en una divulgación sin sentido, pero puedo llegar a esa conclusión después de escuchar más al gobierno», dijo.
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