Estados Unidos abrió un proceso civil contra un ejecutivo de una empresa de muebles por presuntas declaraciones falsas a funcionarios de aduanas para evitar el pago de derechos de importación sobre productos fabricados en China para su venta en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional anunciaron la demanda el 31 de octubre, alegando que Lawrence Bivona, expresidente de la empresa LaJobi Inc, con sede en Delaware, eludió el pago de unos 7 millones de dólares en aranceles. La empresa vendía muebles infantiles.
Los productos que importaba Bivona estaban sujetos a aranceles del 216 por ciento, pero el ejecutivo supuestamente hizo declaraciones falsas que dieron lugar a que la empresa sólo pagara hasta un 7 por ciento de derechos de importación. Según el Departamento de Justicia, Bivona falseó la identidad de los fabricantes de los productos importados para que la empresa pudiera pagar aranceles más bajos.
El arancel se había aplicado como medida antidumping para contrarrestar las subvenciones del régimen comunista chino a las industrias chinas hasta el punto de perjudicar a las empresas estadounidenses, según los funcionarios.
«Los derechos antidumping desempeñan un papel importante en la lucha contra las prácticas ilegales de comercio exterior y en la protección de los fabricantes estadounidenses», declaró el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del DOJ. «Seguiremos persiguiendo a quienes pretendan obtener una ventaja desleal violando nuestras leyes comerciales».
Las importaciones de muebles se produjeron en 2009 y 2010. El Gobierno reclama 15 millones de dólares en sanciones civiles, además de 7 millones en concepto de recuperación de aranceles impagados.
A principios de este mes, el grupo de trabajo interinstitucional contra el fraude interpuso una acción civil similar contra un exejecutivo de energía por evadir aranceles sobre paneles solares chinos importados entre 2014 y 2018, solicitando USD 300,000 en recuperación de derechos no pagados y USD 800,000 en sanciones civiles.
Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones han aumentado recientemente el uso y la aplicación de aranceles a las importaciones chinas para combatir las prácticas comerciales del Partido Comunista Chino (PCCh). China, bajo el PCCh, no tiene una economía de libre mercado, sino que el régimen establece y obliga a la industria a alinearse con sus objetivos.
Las autoridades comerciales estadounidenses e internacionales siguen advirtiendo de que las prácticas comerciales «depredadoras» del PCCh tienen por objeto expulsar del negocio a los competidores mundiales. El PCCh puede subvencionar una industria china para que pueda exportar productos a un precio tan inferior al del mercado que las empresas extranjeras no puedan competir, una práctica conocida como dumping. La Unión Europea elevó recientemente los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos hasta el 45 por ciento, después de que una investigación de un año concluyera que los fabricantes chinos practicaban dumping con sus productos en el mercado europeo. La gran mayoría de las investigaciones comerciales de la UE del año pasado se centraron en las importaciones procedentes de China.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó recientemente que estos aranceles han ayudado a evitar un segundo «choque chino» en las industrias estadounidenses.
«La República Popular China está produciendo mucho más de lo que la demanda interna pide, vertiendo el exceso en los mercados mundiales a precios artificialmente bajos, expulsando a los fabricantes de todo el mundo del negocio y creando un estrangulamiento en las cadenas de suministro», dijo Sullivan en un evento de la Brookings Institution, en Washington, el 23 de octubre.
Funcionarios y legisladores estadounidenses también han destacado los riesgos para la seguridad nacional como una razón adicional para limitar las importaciones chinas, proponiendo recientemente una nueva norma para prohibir las piezas de automóviles chinas para vehículos eléctricos.
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