El Departamento de Estado emitió un informe al Congreso el 14 de octubre advirtiendo a las instituciones internacionales que pronto podrían enfrentar sanciones estadounidenses por hacer negocios con funcionarios que socavan la autonomía y las libertades de Hong Kong.
El informe, por mandato de la Ley de Autonomía de Hong Kong, que el presidente Donald Trump firmó la ley en julio, nombró a 10 individuos entre ellos a la líder de Hong Kong, Carrie Lam, cuyas acciones han “socavado las libertades de reunión, expresión, prensa o el estado de derecho”.
La ley permite que el presidente imponga sanciones a los funcionarios e instituciones financieras que realicen transacciones con ellos —tales como restricciones a los préstamos de las instituciones financieras estadounidenses y prohibiciones a las transacciones bancarias y de propiedad.
Ahora, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene 60 días para presentar un informe ante el Congreso que identifique “cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice una transacción significativa con las personas extranjeras” enunciadas en el informe del Departamento de Estado.
Las instituciones financieras tendrán 30 días una vez que hayan sido nombradas en el informe del Tesoro para «desvincular» sus negocios con las 10 personas o, de lo contrario, se enfrentarán a sanciones estadounidenses.
«La publicación de este informe subraya nuestra constante objeción a las acciones de Beijing las cuales están diseñadas intencionalmente para erosionar las libertades del pueblo de Hong Kong e imponer las políticas opresivas del PCCh», declaró la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado el 14 de octubre.
El Partido Comunista Chino (PCCh) prometió garantizar a los hongkoneses estas libertades básicas cuando firmó la Declaración Conjunta Sino-Británica, un tratado internacional legalmente vinculante, en 1984, allanando el camino para que Hong Kong fuera devuelto a China del dominio británico en 1997.
Según el tratado, las personas en Hong Kong disfrutarían de autonomía y libertades que no están disponibles en China continental bajo un marco de gobernanza llamado «un país, dos sistemas». Posteriormente, dicha gobernanza se incluyó en la miniconstitución de Hong Kong, conocida como Ley Básica.
El informe del Departamento de Estado destacó la erosión de las libertades tras la implementación de la ley de seguridad nacional por parte de Beijing, que castiga delitos definidos de manera vaga como la sucesión y la subversión con una pena máxima de cadena perpetua. La ley entró en vigor a última hora del 30 de junio.
Las 10 personas también están identificadas en una lista de sanciones recopilada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a inicios de agosto, el cual ordenó la congelación de sus activos estadounidenses. Las sanciones de agosto se implementaron para cumplir con una orden ejecutiva de julio que puso fin al trato preferencial para Hong Kong por parte de Estados Unidos, después que la administración considerara que el territorio ya no era lo suficientemente autónomo de China continental.
Un excomisario de la Policía de Hong Kong quedó fuera del informe del Departamento de Estado, pero fue sancionado en agosto: Stephen Lo. No está claro por qué Lo no fue mencionado por el Departamento de Estado.
La policía de Hong Kong ha sido severamente criticada por los grupos de derechos internacionales y por los hongkoneses por su gestión violenta con los manifestantes, quienes comenzaron a tomar las calles en junio del año pasado para resistir la invasión de Beijing en los asuntos locales.
Otros nombrados en el informe del Departamento de Estado son el secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee; el actual comisionado de policía Chris Tang; y Zhang Yanxiong, quien dirige la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en Hong Kong, que fue creada para hacer cumplir la ley de seguridad nacional.
El 8 de octubre, la Policía de Hong Kong anunció que había arrestado a 10,039 personas en el sitio de las protestas entre el 9 de junio del año pasado y el 30 de septiembre de este año. Entre ellos, 2266 fueron procesados por cargos como «disturbios» y «reunión ilegal».
Dos bancos con sede en Londres, HSBC y Standard Chartered, previamente fueron objeto de escrutinio luego de expresar públicamente su apoyo a la ley de seguridad nacional a inicios de junio, cuando Beijing anunció por primera vez sus planes para promulgar las regulaciones.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó a HSBC por ayudar a las “tácticas de intimidación coercitivas” del PCCh a través de un comunicado el 9 de junio.
«La intimidación del PCCh hacia HSBC, en particular, debería servir como advertencia», dijo Pompeo, y agregó que «la muestra de lealtad parece haberle cobrado a HSBC poco respeto en Beijing, el cual continúa usando los negocios bancarios en China como influencia política contra Londres».
El presidente de HSBC, Mark Tucker, había advertido a Londres en contra de la prohibición en el Reino Unido de los equipos de red fabricados por el gigante tecnológico chino Huawei, diciendo que el banco enfrentaría represalias en China, según un artículo del 6 de junio de The Daily Telegraph. El Reino Unido siguió adelante con la prohibición de cualquier manera.
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