El 7 de diciembre, Estados Unidos impuso sanciones a 14 funcionarios chinos por su papel en la restricción de las libertades en Hong Kong, la última respuesta del gobierno de Donald Trump a la creciente represión contra la ciudad por parte de Beijing, desde la imposición de una ley draconiana de seguridad nacional a principios de este año.
Los funcionarios chinos sancionados son miembros de un organismo (conocido como el Comité Permanente) que supervisa la legislatura títere del régimen chino, la Asamblea Popular Nacional (APN), según mostró el sitio web del Tesoro de EE.UU.
«EE.UU. está sancionando a los altos dirigentes de la Asamblea Popular Nacional de China en relación con el desarrollo, adopción y aplicación de la Ley de Seguridad Nacional», dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un tuit el lunes. «Haremos responsable a Beijing de la destrucción de la autonomía de Hong Kong».
Beijing el 30 de junio impuso una ley de seguridad nacional para Hong Kong, después de que la APN aprobara un proyecto de ley en mayo autorizando su creación. La ley castiga delitos vagamente definidos de secesión, subversión del poder del estado, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con una pena máxima de cadena perpetua.
Desde que la ley entró en vigor, se han arrestado una serie de activistas, legisladores y figuras de los medios de comunicación que están a favor de la democracia.
El mes pasado, la ciudad expulsó a cuatro legisladores prodemocracia después de que el Comité Permanente de la APN diera al gobierno local poderes para destituir a los legisladores si se considera que amenazan la seguridad nacional. La medida provocó renuncias masivas de los legisladores de la oposición prodemocracia de la ciudad.
«El implacable asalto de Beijing contra los procesos democráticos de Hong Kong ha destrozado su Consejo Legislativo, convirtiendo al organismo en una legislatura títere carente de oposición significativa», dijo Pompeo en una declaración.
Las acciones del Comité Permanente del APN «efectivamente neutralizaron la capacidad del pueblo de Hong Kong para elegir a sus representantes electos», dijo Pompeo. «Estas acciones demuestran una vez más el total desprecio de Beijing por sus compromisos internacionales bajo la Declaración Conjunta Sino-Británica, un tratado registrado en la ONU».
En virtud del tratado que rige la transferencia de soberanía de Hong Kong de Gran Bretaña a China en 1997, el régimen chino había acordado permitir a la ciudad la autonomía y las libertades de las que no disfrutaba en el continente, en el marco de lo que se conoce como «un país, dos sistemas».
Las sanciones significan que los funcionarios y sus familiares inmediatos no podrán viajar a Estados Unidos. También se congelarán sus activos en Estados Unidos.
La administración Trump impuso anteriormente sanciones a la dirigente de Hong Kong Carrie Lam y a otros 14 funcionarios chinos y de Hong Kong, por su papel en la supervisión de la subversión de las libertades de la ciudad mediante la aplicación de la ley de seguridad nacional.
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