El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, dijo que Estados Unidos está considerando «otras opciones de respuesta» tras la detención de más de 50 opositores prodemocracia en Hong Kong.
O’Brien, en un comunicado publicado el 11 de enero, dijo que los arrestos «politizados» de la semana pasada fueron «el último de muchos clavos sucesivos que Beijing ha clavado en el ataúd de la democracia de Hong Kong».
Un total de 53 activistas prodemocracia fueron arrestados el 6 de enero, la mayor cifra desde que Beijing impuso una draconiana ley de seguridad nacional en la ciudad que entró en vigor hace poco más de seis meses.
La mayoría de los arrestados habían participado en unas primarias no oficiales para unas elecciones legislativas que luego se pospusieron. Las autoridades de Hong Kong alegan que las primarias formaban parte de un complot para tomar el control de la legislatura con el fin de paralizar el gobierno y obligar a la líder de la ciudad a dimitir.
El domingo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y los Estados Unidos expresaron su «seria preocupación» en un comunicado conjunto sobre los arrestos. Los gobiernos dijeron que la ley de seguridad nacional era una «clara violación» de la Declaración Conjunta Sino-Británica y que está «siendo utilizada para eliminar la disidencia y las opiniones políticas opuestas». En la Declaración Conjunta, un tratado de 1984 que rige el traspaso de Hong Kong del dominio británico al chino, Beijing había prometido a los habitantes de la ciudad autonomía y libertades que no se disfrutaban en el continente, en un marco conocido como «un país, dos sistemas».
El secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo dijo la semana pasada que la administración considerará «sanciones y otras restricciones» a los funcionarios involucrados en los arrestos. Estados Unidos impuso previamente sanciones a casi 30 funcionarios de Hong Kong y China que han sido responsables de subvertir las libertades de la ciudad.
Entre los arrestados la semana pasada se encontraban muchos exlegisladores, activistas locales y políticos, así como el abogado de derechos humanos John Clancey, que es ciudadano estadounidense. La policía también allanó su bufete de abogados, Ho, Tse, Wai & Partners. Según varios medios de Hong Kong, Clancey ha sido liberado bajo fianza.
O’Brien también criticó la gestión del régimen chino durante la pandemia del virus del PCCh.
«En mayo, la administración exigió respuestas a Beijing sobre los orígenes del virus y acusó a la Organización Mundial de la Salud de permitir un encubrimiento al conceder una prórroga al PCCh», dijo. «De la misma manera que China ignoró sus obligaciones internacionales en virtud de la Declaración Conjunta Sino-Británica, continúa haciéndolo con el Reglamento Sanitario Internacional».
La Administración Trump ha pedido repetidamente a Beijing una mayor transparencia en lo que respecta al brote del virus del PCCh, y ha achacado la causa de la propagación mundial de la enfermedad al encubrimiento inicial perpetrado por el régimen. El año pasado, el gobierno se retiró de la Organización Mundial de la Salud en protesta por la condescendencia de ésta última con Beijing.
«Estados Unidos fue el primer gran país con el coraje y la convicción de reconocer con franqueza la verdadera naturaleza del régimen del PCCh», dijo O’Brien. «Es fundamental que las naciones de todo el mundo exijan responsabilidad a Beijing».
Concluyó: «El mundo no puede seguir pagando un alto precio por su ingenuidad y complicidad con las prácticas irresponsables y perjudiciales de Beijing, ya sea que acabe con el Estado de derecho en Hong Kong o no coopere con las autoridades sanitarias durante la pandemia. Estados Unidos está examinando otras opciones para responder».
Con información del reportero de Epoch Times Frank Fang y The Associated Press.
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