El Partido Comunista de China (PCCh) recurre cada vez más a una variedad de tácticas económicas para silenciar a la oposición, perseguir a las minorías étnicas y religiosas, e intimidar, coaccionar y manipular a las potencias extranjeras, dijo un grupo en una audiencia del Comité Ejecutivo del Congreso sobre China celebrada el 7 de diciembre.
Aunque tal comportamiento por parte del PCCh no es un fenómeno nuevo, se ha vuelto cada vez más flagrante y selectivo en los últimos años, dijo el grupo.
Bonnie S. Glaser, directora del Programa Asia del German Marshall Fund de Estados Unidos, dijo que, dado el estatus de China como la principal nación comercial del mundo, su segundo mercado más grande y uno de los mayores proveedores de financiamiento para el desarrollo, el régimen comunista está en posición de ejercer una enorme influencia mediante el uso de lo que ella llamó incentivos y presiones económicas. Beijing ha utilizado estas tácticas de manera regular en los últimos años para obtener concesiones económicas de sus contrapartes, dijo. Aunque tal acoso económico no siempre le ha ofrecido al régimen lo que quería, el efecto intimidatorio es claro, especialmente cuando se trata de cualquier crítica al comportamiento de Beijing.
«En la última década, ha habido docenas de casos de coerción económica de la República Popular China, que incluyen amenazas y la imposición de costes económicos», dijo Glaser, utilizando el acrónimo de la República Popular China.
“Beijing ha logrado disuadir a países y empresas de emprender acciones perjudiciales para los intereses chinos, incluyendo la abstención de criticar las políticas de la República Popular China. Hay casos conocidos en los que funcionarios chinos han amenazado con consecuencias económicas a los países que se nieguen a ponerse del lado de China en las votaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU».
Aumento de la presión
El uso de la coerción económica se ha vuelto cada vez más común desde 2010, dijo Glaser, y sus objetivos tienden a ser con mayor regularidad empresas en estados democráticos. El régimen chino parece estar actuando en base al cálculo de que presionar a dichas empresas y grupos empresariales les llevará a presionar a sus gobiernos para que apliquen políticas más acordes con las preferencias de Beijing, dijo.
“A diferencia de las sanciones económicas tradicionales, la coerción económica de Beijing generalmente se basa en medidas informales que proporcionan una negación plausible y permiten a China aumentar o reducir la presión según sea necesario. Las tácticas chinas de coerción económica incluyen restricciones comerciales a la importación y exportación, restricciones al turismo, boicots populares y otras medidas”, dijo Glaser.
Glaser citó la reciente prohibición de Beijing a la importación de los productos de Australia y el bloqueo de todas las importaciones de Lituania, en violación a las normas de la OMC, como ejemplos de su uso cada vez más descarado de la coerción económica.
Zack Cooper, investigador principal del American Enterprise Institute, dijo que el tema de la audiencia no podría ser más oportuno en vista de las recientes medidas de Beijing para intentar silenciar a la estrella del tenis Peng Shuai, quien acusó a un exviceprimer ministro de China de conducta sexual inapropiada. El silenciamiento a Peng ilustra hasta dónde llegará el régimen chino para sofocar cualquier crítica en el país y en el extranjero, dijo Cooper, quien describió la coerción económica como un desafío particularmente difícil.
“Beijing está cada vez más dispuesto a utilizar herramientas económicas para fines de política exterior. Mientras que hubo solo un grupo de casos de clara coerción económica por parte de China a inicios de la década de 2010, los expertos han identificado docenas de casos en los últimos años”, dijo Cooper.
The Alliance for Securing Democracy, un grupo de defensa, en el cual Cooper se desempeña como codirector, aunque su Rastreador de interferencias autoritarias, ha identificado 67 casos de coerción económica por parte de China contra empresas, personas y países en la última década, la preponderancia en la última década. pocos años, señaló Cooper. El comportamiento rastreado aquí incluye amenazas abiertas así como incentivos económicos, dijo, y la coerción se ha vuelto cada vez más selectiva.
“La presión anterior de China sobre Noruega y Mongolia afectó ampliamente a sectores económicos clave en cada país, pero las medidas más recientes se han diseñado para aislar a empresas e individuos concretos. Los activistas de derechos humanos, los líderes políticos y las empresas se han visto sometidos a presión. Incluso la adhesión a las leyes extranjeras ahora puede poner en riesgo a las empresas bajo la nueva ley anti-sanciones de China», dijo.
Empresas objetivo
Jenny Wang, asociada senior de estrategia e investigación de la Human Rights Foundation, analizó los costos cada vez mayores que deben pagar las empresas globales que operan en China. Se trata de algo más que una cuestión económica, argumentó. También hay dimensiones morales y de derechos humanos. Deben cumplir con leyes draconianas o enfrentar la expulsión del mercado, dijo.
Un ejemplo de cómo la coerción económica funciona cada vez más en la práctica, Wang señaló que en marzo de 2021, la marca de ropa sueca H&M sufrió un boicot en China luego de emitir una declaración de preocupación por el trabajo forzado uigur en Xinjiang. Este boicot le costó a la firma sueca aproximadamente USD 74 millones en ventas para el trimestre que finalizó el 31 de mayo de 2021, señaló Wang.
«A pocas semanas de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, se espera que el gobierno chino continúe con su feroz campaña de coerción económica como herramienta estratégica para intimidar a las empresas para que guarden silencio sobre su antecedente de derechos humanos», dijo Wang.
Ho-Fung Hung, profesor de ciencias políticas en la Universidad John Hopkins, se enfocó en el riesgo político y económico al que se enfrentan los actores extranjeros que operan en Hong Kong a partir de la imposición de la ley de seguridad nacional de Beijing en junio de 2020.
Describió a Hong Kong como un centro financiero indispensable y una puerta a través de la cual se mueve gran parte del flujo de efectivo que entra y sale de China. Este estatus depende en gran medida de los principios democráticos liberales, incluyendo al estado de derecho, la libertad de prensa y la transparencia del gobierno corporativo en Hong Kong, dijo Hung. Todas estas características de Hong Kong son problemáticas para Beijing, dijo. Los periodistas con sede en Hong Kong han expuesto los arsenales de riqueza privados que guardan los funcionarios del Partido Comunista Chino en Hong Kong y también han sacado a la luz empresas fachada chinas con sede en Hong Kong que ayudan a Irán, a Corea del Norte y a otros regímenes a eludir las sanciones internacionales.
“Bajo el nuevo entorno político, los gobiernos de Hong Kong y Beijing han estado aprobando nuevas leyes, además de la ley de seguridad nacional, que refuerzan el control político y ponen en peligro estos fundamentos”, dijo Hung, refiriéndose a las normas liberales.
Por ejemplo, durante el verano, el régimen chino estaba dispuesto a aplicar su ley de sanciones contra el extranjero en Hong Kong, lo que obligaría a que las empresas de la ciudad elijan entre violar las sanciones internacionales, las de EE. UU. o violar la ley china. Esta elección imposible habría obligado a que muchas corporaciones se rindieran y abandonaran Hong Kong, dijo. También condujo a que la administración Biden el 16 de julio emitiera una advertencia comercial a las empresas estadounidenses que hacen negocios allí. Más tarde, Beijing archivó los planes para introducir esta ley.
El gobierno de Hong Kong también ha comenzado a limitar el acceso público a la información sobre los directores y ejecutivos de las empresas registradas, señaló Hung. Además, la aprobación de una enmienda a la ley anti-divulgación en septiembre de 2021 tipificó la publicación de «información personal» definida de forma ambigua, sin pruebas del presunto daño causado, dijo.
“Amplía el poder del gobierno para enjuiciar a periodistas y disidentes que difunden información sobre las élites poderosas. Amplía el poder de las autoridades para solicitar a las plataformas de Internet que eliminen contenido. Otorga a las autoridades el poder de acceder a dispositivos electrónicos y registrar locales sin una orden judicial. Esta ley obligará a que las empresas de redes sociales cumplan con las autoridades de Hong Kong para que eliminen posteos o entreguen información de los usuarios», dijo Hung.
Respuestas
El grupo ofreció una gama de respuestas propuestas al cada vez mayor uso de la coerción económica por parte de Beijing, incluida la creación de una gran coalición de países para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno y presionar a Beijing, desalentando o prohibiendo la inversión en bonos del gobierno chino y mostrando solidaridad con aquellas naciones y empresas que se enfrenten a Beijing.
Beijing no tiende a tomar represalias contra grandes entidades poderosas como Estados Unidos o la Unión Europea, sino a perseguir a países más pequeños como Lituania, observó Cooper.
“Lo que creo que tenemos que hacer para demostrar solidaridad con esos países más pequeños es respaldarlos y demostrar que a través de un mecanismo anti-coerción o alguna otra acción colectiva, que realmente China no puede aislar a estos países más pequeños (…) Creo que ese debe ser el mensaje clave, porque, de lo contrario, Beijing podrá seguir eliminando a los países y empresas más pequeños, uno por uno», afirmó Cooper.
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