El gobierno de Estados Unidos enviará 160 policías militares e ingenieros a dos cruces fronterizos como medida ante la posible decisión de un tribunal de apelaciones de anular la política de asilo «Permanecer en México», de acuerdo con un informe de Associated Press.
Altos funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijeron el viernes que el personal sería enviado a los puertos de entrada de El Paso y San Diego el sábado, según la agencia de noticias.
De acuerdo con la misma, el despliegue se debe a la multitud de solicitantes de asilo que se reunieron en un cruce de El Paso el viernes pasado después de que el 28 de febrero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueara la política de asilo de «Permanecer en México», la cual evita que los solicitantes sean liberados dentro del país «donde muchos simplemente desaparecerán”, dijo el procurador general Noel Francisco.
Los funcionarios cerraron el cruce durante varias horas por la tarde, señaló la agencia de noticias, antes de que un panel de tres jueces del tribunal admitiera una petición de la administración Trump para detener la decisión que se había producido horas antes.
El panel ordenó al gobierno que presentara argumentos por escrito a finales del lunes, y ordenó a los demandantes que presentaran su respuesta a finales del martes, lo que permitió que la política de inmigración procediera temporalmente.
La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos envió a News 8 una declaración.
«El Departamento de Defensa ha proporcionado al CBP una capacidad de Fuerza de Respuesta a las Crisis (CRF) disponible para apoyar los esfuerzos de primera línea del CBP cuando sea necesario. Basándose en la decisión pendiente del MPP, la continua preocupación de grandes grupos que intentan entrar por la fuerza a través del POE de San Ysidro, y las preocupaciones de contención y mitigación del COVID-19, el CBP ha activado la CRF. El CRF proporcionará policía militar, ingeniería y apoyo de aviación al CBP en determinados puntos de entrada. El empleo del CRF es un elemento de los esfuerzos de seguridad fronteriza más amplios y exhaustivos de CBP para ayudar al CBP a garantizar la seguridad de todos, incluyendo a los viajeros, los solicitantes de asilo, las empresas y nuestros propios empleados».
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó (pdf) el viernes mantener una orden judicial preliminar emitida por un tribunal inferior que retiene una de las políticas clave de inmigración de la administración de Trump, los Protocolos de Protección al Migrantes (MPP), que tenían como objetivo terminar las lagunas en la política actual de “captura y liberación”, en virtud de la cual los solicitantes de asilo son liberados en el interior del país mientras esperan una audiencia en el tribunal, a menudo nunca se los vuelve a ver. La medida cautelar permanecería vigente mientras el caso se desarrolla en los tribunales.
El Comisionado de Aduanas y Protección de la Frontera en funciones, Mark Morgan, advirtió en una conferencia de prensa del 5 de marzo que el fallo del tribunal podría provocar otra oleada de inmigración ilegal en la frontera sur, al tiempo que abrumaría los recursos de los agentes de la patrulla fronteriza.
La orden judicial está garantizada para causar un “daño irreparable” ya que provocaría una “carrera en la frontera y potencialmente requeriría que el gobierno permita la entrada a Estados Unidos y detenga a miles de extranjeros que no tienen ningún derecho a entrar en este país, o bien que los libere en el interior donde muchos simplemente desaparecerán”, argumentó Francisco.
¿Las caravanas de migrantes serían parte de un plan para atacar a EE. UU.?
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