WASHINGTON— La sustracción forzada de órganos patrocinada por el régimen chino sigue siendo motivo de preocupación para Estados Unidos, declaró a la prensa el 20 de marzo un funcionario del Departamento de Estado.
La práctica sistemática del régimen comunista de sustraer por la fuerza órganos a presos de conciencia para venderlos, que salió a la luz por primera vez en 2006, después de que varios denunciantes lo hicieran público a The Epoch Times, ha atraído cada vez más atención en los últimos años. El Parlamento Europeo y decenas de estados y ciudades de Estados Unidos han emitido resoluciones condenando los abusos. Legisladores federales estadounidenses de ambos partidos han presentado recientemente proyectos de ley para exigir la responsabilidad a los autores.
Erin Barclay, subsecretaria de Estado en funciones de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, declaró que está al corriente de la propuesta legislativa del Congreso y se refirió a un apartado del informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado, recientemente publicado, en el que se destaca la situación.
«Nosotros seguiremos centrándonos en esta cuestión dentro de un amplio espectro de asuntos relacionados con los derechos humanos y la trata de personas», afirmó la subsecretaria en respuesta a una pregunta de The Epoch Times en una rueda de prensa celebrada el lunes con motivo de la presentación del informe.
«La situación de los derechos humanos en China es algo que planteamos regularmente a los Estados socios de forma bilateral y en los foros multilaterales en los que China está presente», dijo Barclay más adelante, en la rueda de prensa.
El informe del Departamento de Estado cita un trabajo de investigación revisado por expertos y publicado en el American Journal of Transplantation el pasado mes de abril, en el que se indica que «China estaba violando la ‘regla del donante muerto’, según la cual un donante de órganos debe ser declarado formalmente muerto antes de que se le extraigan órganos».
«Los autores analizaron 2838 artículos de publicaciones sobre trasplantes en lengua china y descubrieron, en 71 casos, que la causa de la muerte era el propio trasplante de órganos, realizado antes de que los médicos hubieran determinado legítimamente la muerte cerebral», indica el informe.
El coautor del trabajo de investigación, Jacob Lavee, presidente de la Sociedad Israelí de Trasplantes, declaró entonces a The Epoch Times que, en su opinión, los hallazgos constituyen una admisión accidental por parte de los médicos chinos de que se dedican a la sustracción forzada de órganos.
«Ellos han obtenido órganos de personas que no han sido proclamadas muertas, lo que significa que se han convertido en verdugos», afirmó Lavee.
Según las conclusiones de una corte independiente, la principal víctima de la sustracción forzada de órganos es Falun Gong, un grupo espiritual que practica ejercicios de meditación y sigue los valores de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, ha sido objeto de una brutal campaña de represión por parte del régimen desde 1999, y sus seguidores han sufrido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y trabajo esclavo, entre otras torturas. Millones de practicantes de Falun Gong detenidos se han convertido así en víctimas inconscientes de la sustracción forzada de órganos del régimen.
Los defensores de derechos humanos que intentan prestar asistencia jurídica a las víctimas de la persecución también se han enfrentado a un aumento de las represalias.
El abogado chino de derechos humanos, Liang Xiaojun, perdió su licencia por defender a practicantes de Falun Gong, según el informe del Departamento de Estado.
En la lista de presos políticos mencionados en el informe de derechos humanos figura Bian Lichao, seguidor de Falun Gong y exprofesor de enseñanza media de la provincia de Hebei, en el norte de China, condenado a 13 años de prisión en 2012. Su esposa, que no practica Falun Gong, fue encarcelada por difundir detalles de la persecución de las autoridades a su familia. Ella murió en 2020 debido a la acumulación de líquido abdominal, hecho que sufrió estando en prisión, según Minghui.org, un sitio web estadounidense que actúa como centro de intercambio de información sobre casos de persecución en China.
Su hija fue condenada a tres años y medio de prisión tras desplegar una pancarta en la que se leía «Yo quiero ver a mi padre», informó Minghui. Ella tenía 23 años cuando fue detenida en marzo de 2014.
Con la contribución de Emel Akan.
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