Durante el primer año de mandato del presidente Joe Biden, la frontera suroeste alcanzó niveles históricos de cruces ilegales, desplazando a los agentes de la primera línea y dejando grandes franjas de la frontera sin patrullar. Las drogas, especialmente el fentanilo, entraron a raudales, y las muertes por sobredosis están en su punto más alto.
«Lo que estamos viviendo ahora en la frontera suroeste es una catástrofe total y absoluta», dijo a The Epoch Times el 7 de enero Mark Morgan, excomisionado en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que supervisa la Patrulla Fronteriza.
«Hemos perdido el control de la frontera suroeste».
Durante el año natural 2021, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a cerca de 2 millones de inmigrantes ilegales procedentes de 150 países diferentes a lo largo de la frontera suroeste, más del doble que en 2019, el último año anterior a la pandemia, según los datos de la CBP.
El año pasado, los agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron, pero no atraparon, a otros 600,000 ilegales que cruzaron la frontera, conocidos como «fugitivos», dijo Morgan.
«Eso es el equivalente al tamaño del estado de Vermont», dijo. «Piense en la gente mala que hay en esos 600,000 que se escaparon».
Los ciudadanos mexicanos constituyeron el 28 por ciento de los encuentros en el año fiscal 2021, la proporción más baja de la historia registrada, según la CBP.
Los países del triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, representaron el 44 por ciento, y el 28 por ciento restante fue de otros países, el doble del récord anterior para este último grupo demográfico.
«Esta tendencia es importante porque el Departamento de Seguridad Nacional no tiene actualmente acuerdos para verificar electrónicamente la nacionalidad con estos diferentes países de origen, lo que hace que la remoción o expulsión de sus nacionales requiera más recursos y tiempo», declaró la CBP en un comunicado de prensa el 3 de enero.
Fuera de México y de las naciones del Triángulo del Norte, los países que representaron el mayor número de encuentros en el año fiscal 2021 fueron Ecuador, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, dijo la CBP.
En el lado mexicano de la frontera, al otro lado del río Grande, en Texas, se encuentran cada día cientos de pasaportes, visados y documentos de identificación desechados. A los inmigrantes ilegales se les dice que es más difícil ser deportados de Estados Unidos sin papeles.
«Esto no es una oleada. Esto es una invasión», dijo Morgan. «Es una cantidad catastrófica de inmigrantes ilegales que intentan entrar en nuestro país».
El resultado en algunas zonas fronterizas, dijo, es que la mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza están siendo retirados de la «misión de seguridad nacional» para ser «proveedores de guardería, agentes de procesamiento y conductores de autobús».
La moral de la plantilla de la Patrulla Fronteriza está en su punto más bajo.
Cuando tomó posesión de su cargo hace casi un año, el presidente Joe Biden se apresuró a desmantelar varias iniciativas clave de seguridad fronteriza que la Administración Trump había establecido, incluyendo la paralización de la construcción del muro fronterizo y el programa «Permanecer en México», que contribuyó a reducir hasta en un 80 por ciento las «capturas y liberaciones» al obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su sentencia judicial definitiva.
Ahora, en lugar de esperar en México, la mayoría de los inmigrantes ilegales son liberados en Estados Unidos para esperar las citas con los tribunales, que pueden fijarse en años futuros.
Seguridad fronteriza
Aunque la atención del público se centra en las cifras de la inmigración ilegal, Morgan dijo que eso es solo un subconjunto de la seguridad fronteriza.
«Cuando se abren las fronteras a una amenaza, a una crisis, ésta no es mutuamente excluyente de las demás; se están abriendo las fronteras al vasto conjunto de amenazas complejas a las que nos enfrentamos», dijo.
«Cada vez que se está tan abrumado que no se puede llevar a cabo la misión fundamental de seguridad nacional de asegurar nuestras fronteras, el resultado [es] que todos los aspectos de la salud pública, la seguridad pública y la seguridad nacional de nuestra nación se ven afectados».
Las cifras récord de 2021 se produjeron durante un año en el que muchos estadounidenses, bajo el telón de fondo de una pandemia, se enfrentaron a órdenes de vacunación, órdenes de trabajar desde casa y cierres de escuelas.
Las instalaciones fronterizas abarrotadas no pudieron realizar las pruebas de COVID-19 a todas las personas, lo que provocó la liberación de inmigrantes ilegales con la enfermedad en las comunidades. En julio de 2021, la ciudad de Laredo demandó a la Administración Biden por liberar una «avalancha» de inmigrantes ilegales en Laredo, causando un «daño irreparable».
Bajo la orden de salud pública del Título 42, que se instituyó en marzo de 2020, los inmigrantes ilegales podían ser rápidamente expulsados a México como precaución ante una pandemia, en lugar de ser procesados bajo la ley de inmigración del Título 8, que es un proceso mucho más prolongado dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, desde marzo de 2021, el Título 42 se ha ido reduciendo poco a poco, primero para permitir la entrada a todos los niños no acompañados, luego a las familias con niños menores de 7 años, después a la mayoría de las familias en general, a la mayoría de las mujeres que viajan solas y a los adultos que viajan solos y proceden de países no hispanohablantes.
La frontera en 2022
Morgan predice que las métricas de la frontera suroeste seguirán empeorando hasta 2022.
«No hay un final a la vista. No hay ninguno. Y esta administración, cada día, todo lo que está haciendo es para mejorar la liberación de personas. No están tratando de detener el flujo», dijo.
Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para dirigir los planes de seguridad fronteriza, con el objetivo principal de abordar las «causas de raíz» de la inmigración ilegal. Harris visitó México y Guatemala el año pasado, pero fue criticada por el presidente guatemalteco en diciembre por no haberse comunicado desde junio de 2021.
El 26 de agosto, la Corte Suprema ordenó a la Administración Biden que reiniciara el programa Permanecer en México, pero los datos de la CBP hasta noviembre de 2021 no indican que haya nuevos inscritos en el programa.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha dicho que está trabajando para construir un sistema de «inmigración seguro, ordenado y humano».
Durante los últimos días de la crisis de septiembre, en la que se reunieron cerca de 15,000 inmigrantes ilegales, en su mayoría haitianos, bajo el puente internacional de Del Río (Texas), Mayorkas negó que las políticas de la administración fueran las responsables.
«Lo que estamos aprendiendo de nuestras entrevistas con los individuos es que están recibiendo información falsa y desinformación de las organizaciones de contrabando que trafican con la explotación de individuos vulnerables», dijo Mayorkas durante una audiencia en el Congreso el 21 de septiembre de 2021.
Durante una audiencia en el Senado en noviembre de 2021, Mayorkas se calificó a sí mismo por su papel en la dirección de los planes fronterizos.
«Soy muy duro conmigo mismo y me doy un sobresaliente por el esfuerzo, la inversión en la misión y el apoyo a nuestra fuerza de trabajo», dijo Mayorkas.
Morgan acusó a Mayorkas de crear un «país santuario» para los inmigrantes ilegales, permitiéndoles entrar y luego protegiéndolos de la deportación.
«Están tratando de demoler totalmente el ICE y hacer que la inmigración ilegal sea legal», dijo Morgan, refiriéndose al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
«Todo lo que están haciendo es hacer nuestra frontera menos segura y nuestro país menos seguro».
Mirando a los gobernadores
Morgan dijo que cree que las políticas de fronteras abiertas son un movimiento intencionado para conseguir más escaños demócratas en la Cámara de Representantes mediante la redistribución de los distritos ahora que los inmigrantes ilegales se cuentan en el censo. En segundo lugar, finalmente esperan que los inmigrantes ilegales voten a los demócratas.
Los republicanos también son cómplices, dijo, porque siguen creyendo que este país necesita la mano de obra ilegal.
«Pero hay una verdadera mano de obra estadounidense marginada que tiene que competir con empresas que pagan salarios más bajos a los inmigrantes ilegales. Eso es real», dijo Morgan.
Dijo que los estadounidenses preocupados deben presionar a sus gobernadores para que hagan más en lo inmediato, en lugar de esperar a las elecciones federales. Morgan dijo que Florida, Texas y Misuri han hecho algunos avances, pero es necesario que otros den un paso adelante.
«Si usted tiene una sobredosis de metanfetamina en su estado, le garantizo que esa metanfetamina vino de la frontera suroeste», dijo.
«El coste para los contribuyentes estadounidenses es desmesurado y los gobernadores deben dar un paso adelante y decir basta».
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