Facebook está censurando a los estadounidenses a instancias de la administración del presidente Joe Biden, en violación de la Primera Enmienda, según una nueva demanda.
Como evidencia de la colusión, la demanda colectiva se refiere a la reciente confesión de Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Psaki dijo: la administración está «señalando publicaciones problemáticas en Facebook que difunden desinformación».
«Cuando ella dijo que estaban trabajando con las grandes tecnológicas, todo cambia porque entonces es el gobierno el que censura, así que eso obviamente no puede sostenerse», dijo Richard Rogalinski, el demandante, a The Epoch Times.
Rogalinski hizo varias publicaciones sobre COVID-19 este año comentando cómo ha visto datos que muestran que las mascarillas no previenen la propagación del virus que causa la enfermedad.
El demandante vio esas publicaciones junto a declaraciones que dirigen a las personas a los artículos de los llamados verificadores de hechos.
En un caso, el mes pasado, Rogalinski publicó una imagen de un tuit del Dr. David Samadi en el que afirmaba que «la hidroxicloroquina ha funcionado todo este tiempo».
La hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico que ha existido durante décadas, ha demostrado cierto éxito contra el COVID-19 como tratamiento y como profiláctico.
Pero Facebook ocultó la publicación y la etiquetó como «información falsa», citando un artículo de USA Today, de julio de 2020, que afirmaba que la hidroxicloroquina no es eficaz para tratar el COVID-19.
«Me están comprobando los hechos con artículos de un año antes, que ni siquiera son relevantes», dijo Rogalinski.
El artículo de USA Today incluyó estudios que indicaron que la hidroxicloroquina no es efectiva y otros que sugieren que sí ayuda en algunos escenarios, pero se enfocó en cómo estos últimos estudios atrajeron críticas y les restaron importancia. Los expertos le han dicho a The Epoch Times que muchos de los estudios tenían fallas.
Estudios más recientes también han indicado que la hidroxicloroquina puede ser eficaz, pero solo en algunos casos.
Facebook, bajo presión el año pasado, «formó una narrativa dogmática sobre el COVID-19», incluso cuando se convirtió en «el último bastión del foro público» durante los bloqueos generalizados, acusa la demanda.
En 2020, la compañía aumentó el etiquetado de publicaciones y la eliminación de usuarios por violaciones a sus políticas, incluidas las publicaciones que respaldaban la teoría de que el virus que causa COVID-19 se creó en un laboratorio. No obstante, la compañía cambió abruptamente de posición sobre ese asunto en mayo.
La denuncia argumenta que la censura a Rogalinski, y a otros, vino bajo la dirección de la Casa Blanca, lo que la convierte en un problema relacionado con la Primera Enmienda.
“Bajo la dirección del presidente de Estados Unidos, sus altos cargos y otras agencias y funcionarios del Gobierno Federal, el demandado ha llevado a cabo una conducta que censura, limita y, de otro modo, coarta los derechos de los demandantes a la libertad de expresión en lo que respecta a COVID-19”, afirmó.
Esa relación significa que Facebook puede ser demandado como un actor estatal, agregó.
“Vemos esto como una pendiente resbaladiza en la que el gobierno ahora está involucrado en decirle a Facebook a quién censurar. Creo que Facebook y las redes sociales han dicho tradicionalmente, ‘bueno, somos una empresa privada y, por lo tanto, podemos controlar lo que hay en nuestra plataforma’”, dijo Andrew Tapp, representante de Rogalinski, a The Epoch Times.
«Pero lo que se ha visto desde la administración Biden es un cambio material en esa posición, porque ahora se tiene al gobierno federal involucrado con estas plataformas, identificando no sólo el contenido sino a personas específicas para censurar, y creo que se corre hacia ese enfoque autoritario del Partido Comunista Chino (PCCh) para el que, francamente, no estamos preparados y la mayoría de la gente que vive aquí no aprueba», agregó.
Facebook no respondió a una solicitud de comentarios.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Tampa, Florida. Fue asignada al juez federal de distrito Steven Douglas Merryday, un nominado de George W. Bush.
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