La fiscalía general de Nueva York, que demandó al expresidente Trump en 2022 por fraude al sobrevalorar su patrimonio y ganó su caso civil a principios de este año, argumentó que el juez que falló contra el exmandatario no debería recusarse del caso.
«La supuesta base fáctica para su solicitud extraordinaria es puro sofisterismo», argumentaron los abogados del Estado en una nueva presentación el 26 de junio. Ellos culparon a la defensa por solicitar reemplazar al juez que presidió el caso y el juicio de 40 días, con otro, que sería nuevo en el registro de las pruebas.
El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, impuso una multa de 454 millones de dólares al expresidente Trump cuando dictó sentencia en febrero.
Ese fallo incluyó otras sanciones, pero la sentencia se suspendió mientras el expresidente Trump apelaba el caso.
Después del juicio, un abogado inmobiliario dijo a un reportero de la NBC que él había aconsejado al juez Engoron antes de que se dictara la sentencia final.
«Yo no creo que este juez esté aplicando la ley correctamente y soy un gran admirador de este juez», declaró el abogado inmobiliario Adam Leitman Bailey, al reportero.
«En realidad, yo tuve la posibilidad de hablar con él [a finales de enero] (…) porque realmente quería que lo hiciera bien».
El Sr. Bailey afirmó que el juez tenía «un montón de preguntas» y que «le dijo todo lo que sabía».
También indicó que él no mencionó al expresidente por su nombre.
Un portavoz de la corte negó que haya ocurrido algo inapropiado.
«No se produjo ninguna conversación ex parte relativa a este asunto entre el juez Engoron y el Sr. Bailey o cualquier otra persona», declaró entonces el portavoz del tribunal, Al Baker.
«La decisión que el juez Engoron emitió el 16 de febrero fue solo suya, fue profundamente meditada y no se vio influenciada en absoluto por este individuo».
El Sr. Bailey no estaba involucrado en el caso del expresidente Trump y había sido citado por múltiples medios de comunicación como una voz experta durante todo el juicio.
Él afirmó que le había dicho al juez que el estatuto de fraude utilizado en el caso de alto perfil no estaba destinado a cerrar una empresa, especialmente cuando no había víctimas claras.
Antes del juicio, el juez Engoron ordenó la cancelación de los certificados comerciales de la Organización Trump, una medida que el sector consideró una «pena de muerte» corporativa.
La orden —que no había sido solicitada por los abogados del Estado— fue tan inusual que los abogados preguntaron cómo se ejecutaría, y el juez dijo que tenía que pensarlo.
The Associated Press analizó 150 casos en los que se aplicaba el estatuto de fraude y descubrió que ningún acusado se había enfrentado nunca a penas tan severas como el expresidente Trump y que su caso era especialmente inusual porque no había víctimas.
Una corte de apelaciones frenó en breve la orden, y el juez la anuló cuando dictó sentencia definitiva en febrero.
Bailey responde
Los abogados del expresidente Trump solicitaron la recusación del juez, argumentando que la entrevista de Bailey indica que el juez Engoron habló con terceros sobre el caso.
Al hacerlo, también presentaron una moción para citar al Sr. Bailey, cuyo abogado respondió con una moción para anular o modificar la citación.
El Sr. Bailey argumentó que la citación era demasiado amplia, al pedir «cualquiera» de sus comunicaciones con el juez o la corte, incluyendo documentos.
El Sr. Bailey ha litigado casos de bienes raíces en la corte de primera instancia de nivel medio de Nueva York y dijo que lo que los demandados han citado cae fuera del alcance de la moción de recusación.
«Cualquier demanda de documentos o información que no sea ‘relevante para la moción de los demandados’ en la acción arriba mencionada en busca de la recusación (…) no debe interpretarse ‘como necesaria para entrar en el ámbito de estas solicitudes'», dice la presentación judicial.
La fiscalía general se opuso totalmente a la citación, alegando que no se había convocado ninguna audiencia.
Argumentó que los acusados solo han ofrecido la entrevista de Bailey como prueba de la supuesta incorrección, que la corte ya ha negado que fuera una conversación ex parte.
Los abogados defensores también argumentaron que existe una supuesta investigación por parte de la corte sobre el intercambio entre el Sr. Bailey y el Juez Engoron, lo que crea una apariencia de un asunto de impropiedad.
La corte no estaba al momento disponible para emitir comentarios.
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