El estado de Georgia le pidió el miércoles a un juez que desestimara un caso presentado por el Departamento de Justicia (DOJ) sobre una ley de sufragio aprobada a principios de este año y promulgada por el gobernador Brian Kemp.
La demanda federal «no alega un reclamo legalmente reconocible bajo la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales», escribió el fiscal general de Georgia Chris Carr, un republicano, en la presentación de 37 páginas en el caso Estados Unidos v. Georgia.
El precedente legal sostiene que se deben encontrar resultados discriminatorios para afirmar una violación a la ley, dijo Carr.
“El Tribunal buscará en vano tales acusaciones en la demanda porque el DOJ no puede alegar de manera plausible que la SB 202 tenga resultados discriminatorios”, agregó.
Incluso si la intención discriminatoria fuera procesable, la denuncia del Departamento de Justicia no presenta hechos que demuestren tal intención, sino que se basa en «insinuaciones e hipérboles», dice la presentación.
También afirma que la denuncia no pudo sobrevivir a la reciente decisión del Tribunal Supremo en Brnovich v. Comité Nacional Demócrata, en el que el tribunal superior de la nación dijo que «los simples inconvenientes no pueden ser suficientes para demostrar una violación» de la Ley de derecho al voto.
«De hecho, Brnovich excluye de tal manera esta acción que plantea la pregunta de por qué el DOJ sigue persiguiéndola. La respuesta, una vez más, es la política: la demanda se presentó sólo tres días después de que las reformas de las votaciones presentadas por los demócratas del Senado de EE.UU. y la administración fracasaran en el pleno del Senado. Pero, independientemente del motivo real, la denuncia carece de las alegaciones más básicas para apoyar una reclamación de la Sección 2. Por lo tanto, debe ser desestimada», dijo Carr.
Ofreciendo argumentos similares, en una moción separada, el Comité Nacional Republicano, el Comité Senatorial Republicano Nacional y el Partido Republicano de Georgia también le pidieron al juez que supervisa el caso que lo desestime.
El Departamento de Justicia demandó a Georgia el mes pasado por la Ley de Integridad Electoral del estado, o Proyecto de Ley del Senado 2020, alegando que la ley violaba la Ley de Derechos Electorales.
Los abogados federales dijeron que la ley creó disposiciones engorrosas para la votación por correo, alegando que fueron adoptadas con el objetivo de negar o infringir el derecho al voto por motivos de raza.
El juez federal de distrito Jean-Paul Boulee supervisa el caso. Es un nominado de Trump.
El intento de Georgia para que se desestime el caso se produjo el mismo día en que el Departamento de Justicia indicó que podría demandar a los estados que vuelvan a las regulaciones del voto vigentes antes de la pandemia del COVID-19.
“No queríamos dar una especie de jurisdicción, o pensar que las jurisdicciones deberían tener un puerto seguro para decir ‘porque manejamos nuestro sistema de votación de esta manera antes de la pandemia, somos libres de volver a eso’”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia agregando que retornar a las normas de votación anteriores puede generar un impacto racialmente discriminatorio.
El funcionario citó la ley de Georgia como ejemplo, y señaló que el proyecto de ley elimina algunas de las prácticas de votación implementadas debido a la pandemia, como el significativo aumento de los buzones donde se pueden entregar las boletas.
Uno de los dos documentos de orientación que la agencia dio a conocer –uno de ellos centrado en las auditorías– aborda el asunto, advirtiendo que el departamento «no considera que la readopción por parte de una jurisdicción de leyes o procedimientos de votación anteriores sea presuntamente legal».
«El derecho de todos los ciudadanos aptos para votar es el pilar central de nuestra democracia, y el Departamento de Justicia utilizará todas las autoridades a su disposición para proteger celosamente ese derecho», dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. «Las directrices publicadas hoy describen ciertas leyes federales que ayudan a garantizar unas elecciones libres, justas y seguras. Cuando se violen esas leyes, el Departamento de Justicia no dudará en actuar».
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