La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, señaló el miércoles que su estado no aceptará a los inmigrantes ilegales que la Administración Biden quiere reubicar en el interior.
«Dakota del Sur no aceptará a ningún inmigrante ilegal que la Administración Biden quiera reubicar. Mi mensaje a los inmigrantes ilegales… llámenme cuando sean estadounidenses», escribió Noem en unas declaraciones en Twitter.
Sus declaraciones se producen después de que varios medios informaran que la Administración Biden ha solicitado ayuda a numerosos estados para alojar a grupos de inmigrantes ilegales debido a la creciente crisis en la frontera sur. El Washington Post también ha informado que la Administración Biden está considerando la posibilidad de trasladar por avión a familias y niños inmigrantes a los estados cercanos a la frontera con Canadá para su procesamiento.
Los gobernadores republicanos Henry McMaster, de Carolina del Sur, Pete Ricketts, de Nebraska, y Kim Reynolds, de Iowa, dijeron por separado en las últimas semanas que han rechazado la petición de la administración de acoger a inmigrantes ilegales en sus estados. McMaster también firmó una orden ejecutiva que ordena al estado dar prioridad a las necesidades de los niños en Carolina del Sur y evitar el internamiento de menores no acompañados en residencias o centros de acogida en el estado.
El portavoz de Noem, Ian Fury, dijo el miércoles por la mañana al Des Moines Register que la gobernadora no ha recibido ninguna petición del gobierno federal, pero que envió un mensaje en caso de que se produjera una solicitud.
En un intento por hacer frente a la oleada de menores no acompañados, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) dijo que está tratando de habilitar 13,500 camas, con el potencial de una capacidad adicional con el fin de satisfacer lo que ha sido un flujo continuo de menores no acompañados que llegan a través de la frontera. El departamento ha abierto múltiples instalaciones temporales en las últimas dos semanas.
En el mes de marzo, los agentes de la CBP se encontraron con más de 172,000 inmigrantes ilegales, según las estadísticas publicadas el 8 de abril. Esta cifra es superior a los poco más de 101,000 individuos encontrados en febrero.
Entre los que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos el mes pasado había más de 18,800 menores no acompañados, lo que supone el doble del número de menores que llegaron ilegalmente a Estados Unidos en febrero, que fueron más de 9300. Esta cifra se compara con los 5585 menores no acompañados de enero y los 4993 de diciembre de 2020.
Una alta funcionaria del HHS ha descrito la oleada de cruces fronterizos ilegales como algo «sin precedentes», y dijo a un juez federal en una declaración jurada que cree que la afluencia probablemente aumentará en las «próximas semanas y meses».
«Como cuestión inicial, es importante entender que la afluencia actual no se limita al período de enero a marzo, sino que es un desafío continuo que probablemente aumentará en gravedad en las próximas semanas y meses», escribió en su testimonio Cindy Huang, directora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS (pdf).
Varios republicanos han argumentado que la creciente crisis es el resultado de la medida del presidente Joe Biden de anular varias políticas de inmigración de la era Trump que ayudaron a frenar el flujo de cruces fronterizos ilegales. Esto incluye el Protocolo de Protección a Migrantes, piedra angular de su predecesor, que puso fin de forma efectiva a la problemática política de «captura y liberación», frenando de forma significativa la oleada de inmigrantes ilegales que se vio en la frontera sur en 2019.
Imitando a las políticas de la era Obama que facilitan la «captura y liberación», la Administración Biden está volviendo a liberar a menores no acompañados en el país. Algunos legisladores argumentan que la actuación de Biden se ha interpretado como una señal para que los posibles migrantes viajen a Estados Unidos.
«Él es el que abrió las fronteras. Tiene que ser responsable de esto y tiene que detenerlo», dijo la gobernadora de Iowa, Reynolds, la semana pasada.
Mientras tanto, la Administración Biden, por otro lado, ha tratado de trasladar la culpa a la administración del expresidente Donald Trump. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el gobierno anterior había «desmantelado la forma ordenada, humana y eficiente de permitir a los niños hacer sus reclamaciones bajo la ley de Estados Unidos en su propio país».
También ha tratado de restar importancia a la gravedad de la situación en la frontera diciendo que la afluencia se debía a patrones estacionales normales y no a las nuevas políticas de la administración.
«Ocurre todos los años. Hay un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno de enero, febrero y marzo. Ocurre todos los años», dijo Biden el 25 de marzo.
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