La administración Biden está enviando avisos de comparecencia a decenas de miles de inmigrantes ilegales que fueron liberados en el interior de EE.UU. sin que se les haya dado una fecha para declarar ante los tribunales, según una confirmación del gobierno a The Epoch Times.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) «está enviando documentos de acusación para colocar a los no ciudadanos, que han sido puestos en libertad condicional o liberados bajo la discreción del fiscal por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, en proceso de expulsión», dijo un portavoz del ICE a The Epoch Times en un correo electrónico.
A los 78,000 inmigrantes ilegales que son objeto de los avisos se les enviarán documentos en los que se les pide que se presenten en la oficina de ICE más cercana a donde viven y en donde se les avisará que serán procesados para una posible deportación. Los agentes registrarán la información biométrica, tomarán fotografías e informarán a los inmigrantes sobre los requisitos futuros de registro y las fechas de sus audiencias en los tribunales.
“Se tomarán medidas contra aquellos que no parezcan actuar de acuerdo a la ley y a las prioridades del departamento. Al enviar estos documentos de acusación, ICE está iniciando procedimientos de deportación de manera oportuna”, dijo el portavoz.
Chad Wolf, exjefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que la medida mostraba que la administración Biden había actuado disfuncionalmente a la hora de aplicar la ley de inmigración.
«Como esta administración no pudo gestionar eficazmente la frontera, el DHS debe gastar ahora considerables recursos para localizar a los inmigrantes ilegales», escribió en Twitter.
El sistema de inmigración de EE.UU., ya agobiado por una acumulación de más de 1.4 millones de casos, ha enfrentado cruces fronterizos ilegales sin precedentes desde que Biden asumió el cargo en enero. El récord del año fiscal anterior de detenciones a inmigrantes ilegales se superó en septiembre y es casi seguro que se establezca un nuevo récord anual.
Normalmente, cuando un inmigrante ilegal es detenido por la Patrulla Fronteriza y desea alegar un temor creíble por el regreso a su país de origen, o solicitar el primer paso en el proceso de asilo, un oficial de asilo realizará una evaluación de temor creíble. Los inmigrantes ilegales que pasan la evaluación son liberados al interior de EE.UU. y se les da un año para solicitar formalmente asilo, lo que un número significativo de inmigrantes no logra.
Sin embargo, bajo el abrumador volumen de entradas ilegales de este año, la administración Biden ha liberado a cientos de miles de inmigrantes ilegales sin documentos oficiales, dándoles un aviso para que se presenten a una oficina local de ICE en un plazo de 60 días.
Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, dijo en Twitter que sería interesante ver cuántos de los avisos de comparecencia son devueltos al gobierno, por no mencionar cuántos inmigrantes ilegales se presentarán realmente en los tribunales.
Los inmigrantes que no cumplan con los avisos se enfrentan a la deportación, pero es poco probable que sean deportados bajo la administración de Biden, agregó.
Amy Fischer, directora de defensa de Amnistía Internacional en EE.UU., le dijo a la CBS que le preocupaba que los inmigrantes no recibieran los avisos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Sabemos que cuando las personas ingresan, le dan a la CBP una dirección y, por lo general, es una dirección donde conocen a alguien en Estados Unidos. Pero eso no significa que sea donde residirán”, dijo. “También sabemos que la CBP tiene un largo historial de anotar información inexacta”.
ICE se ha negado a decir cuántas personas recibieron los avisos. Aún no se ha devuelto una solicitud de la Ley de Libertad de Información para conocer los datos sobre el envío de los avisos.
«Obviamente, la mejor práctica sería que las personas recibieran un aviso de comparecencia en lugar de un aviso de impugnación», dijo Chris Magnus, el candidato de Biden para dirigir la CBP, ante un panel del Senado el mes pasado.
Magnus, que dijo no estar seguro de la base legal para emitir avisos de comparecencia, culpó a la escasez de jueces de inmigración y de funcionarios que procesan los asilos. Además, culpó al sistema de inmigración «roto» por el cambio de política.
Magnus también se negó a decir que la situación en la frontera constituye una crisis, lo que provocó el rechazo de los legisladores republicanos.
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