En una audiencia celebrada el 17 de enero, el gobierno del presidente Joe Biden instó a los jueces de un tribunal federal de apelaciones a revocar la sentencia de un tribunal inferior que había anulado el mandato del gobierno de imponer el uso de mascarillas para los aviones.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. tenían una «buena causa» para imponer el mandato y eludir el periodo de notificación y comentarios exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), dijo Brian Springer, abogado del gobierno, a los jueces del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el 11º Circuito.
En el momento en que se impuso el mandato, a principios de 2021, «se acababan de detectar variantes que mostraban signos de mayor transmisibilidad, y la gente estaba empezando a viajar de nuevo», dijo Springer. «En esas circunstancias, los CDC tenían una buena causa para emitir esta orden, en particular cuando los CDC detallaron las razones por las que en este entorno particular, es decir, en el sector del transporte y en los entornos de transporte, el COVID tenía una tendencia específica a propagarse entre las personas que viajan juntas porque están juntas en las filas y sentadas juntas en los medios de transporte».
Uno de los jueces se mostró escéptico con esta línea de pensamiento y acusó a los CDC de emitir un lenguaje «repetitivo» para imponer el mandato sin un periodo de notificación y comentarios. Según una sentencia dictada en un caso distinto, las declaraciones repetitivas de que existe el COVID-19 y de que hay una emergencia pública no son suficientes para satisfacer la excepción de «causa justificada» de la APA. Springer no estuvo de acuerdo, afirmando que la declaración de los CDC proporcionaba una justificación que cumplía la norma.
La jueza de distrito Kathryn Kimball Mizelle, nominada por Trump, dijo en su fallo de 2022 que los CDC violaron la APA al emitir una sola frase concluyente para apoyar la evasión de los requisitos de notificación.
Señaló que en el momento en que se emitió la orden, había pasado alrededor de un año desde el comienzo de la pandemia, y los casos de COVID-19 en Estados Unidos estaban disminuyendo.
Brent Hardaway, abogado del Health Freedom Defense Fund, que presentó el caso, dijo que el mandato era «muy extraño» dado que los aviones y muchos aeropuertos ya tenían mandatos en vigor, además del descenso de los casos.
¿Tienen los CDC autoridad para imponer mascarillas?
En otras partes de la audiencia se discutió si los CDC tienen autoridad para imponer mascarillas.
El código de EE. UU. otorga al gobierno federal el poder de hacer cumplir las regulaciones juzgadas como «necesarias para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades contagiosas de países extranjeros a los Estados o territorios, o de un Estado o territorio a cualquier otro Estado o territorio».
El gobierno, para aplicar dichas medidas, «puede disponer la inspección, fumigación, desinfección, saneamiento, exterminación de plagas, destrucción de animales o artículos que se encuentren tan infectados o contaminados como para ser fuentes de infección peligrosa para los seres humanos, y otras medidas que, a su juicio, puedan ser necesarias», dice el estatuto.
Al anular la moratoria de los CDC sobre los desalojos, la Corte Suprema consideró que la agencia se había extralimitado en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley. Pero el tribunal también dijo que la ley facultaba a los CDC para imponer medidas que «estén directamente relacionadas con la prevención de la propagación interestatal de enfermedades mediante la identificación, el aislamiento y la destrucción de la propia enfermedad».
La decisión «reconoció que las medidas convencionales para identificar, aislar y destruir enfermedades transmisibles entran dentro del estatuto», dijo Springer. «La orden de mascarillas de los CDC era una forma muy modesta y tradicional de prevenir esta propagación interestatal de enfermedades que entra directamente en el núcleo de lo que la Corte Suprema nos dijo que cubre este estatuto».
Springer pidió al tribunal que redujera la decisión del tribunal de distrito de aplicarse a todos los viajeros a solo los cinco individuos que presentaron el caso. Si el tribunal accede, permitiría que el mandato de mascarilla volviera a entrar en vigor para prácticamente todos los estadounidenses dentro de aeropuertos, aviones y algunos otros medios de transporte.
Mizelle ha dictaminado que los mandatos de mascarilla no entran dentro de la salud y que las «otras medidas» eran limitadas, basándose en una lectura de la historia de la ley y las sentencias judiciales.
«La mejor manera de entender el mandato de la mascarilla no es como saneamiento, sino como un ejercicio de la facultad de los CDC de autorizar condicionalmente a las personas a viajar a pesar de la preocupación de que puedan propagar una enfermedad transmisible (y de detener o poner parcialmente en cuarentena a quienes se nieguen). Pero la facultad de dejar en libertad condicional y detener se limita normalmente a las personas que entran en Estados Unidos desde un país extranjero», escribió Mizelle, señalando que una parte de la ley solo permite la detención de una persona que viaja entre los estados si se «cree razonablemente que esa persona está infectada» y se descubre realmente «tras un examen» que está infectada.
Esto significa que los CDC se extralimitaron en sus funciones al emitir la orden, según el juez.
Hardaway, en el tribunal el martes, dijo que la ley no da a los CDC la capacidad de imponer mandatos de uso de mascarillas, aunque uno de los jueces cuestionó si eso era cierto.
«Me parece extraño que una agencia como el Centro de Control de Enfermedades no tenga autoridad para exigir a los viajeros que usen mascarilla cuando viajen como forma de prevenir la propagación de enfermedades transmisibles en el contexto de una pandemia mundial», dijo el juez. «Si no tienen esa autoridad, ¿qué autoridad tienen?».
Hardaway dijo que la sentencia demostraba por qué no era extraño e instó a los jueces a analizar la ley, que ha sido utilizada por el gobierno para imponer diversas medidas.
«Su interpretación del saneamiento es básicamente cualquier medida que pueda promover el saneamiento», dijo. «Básicamente va a tener el mismo tipo de implicaciones arrolladoras de la norma que rechazó la Corte Suprema».
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