La administración Biden le pidió el lunes a la Corte Suprema que cancele los argumentos orales en dos casos que desafían, por separado, las políticas del muro fronterizo y de «permanencia en México» del expresidente Donald Trump.
Las solicitudes se producen después de que la administración tomó medidas para deshacer ambas políticas, posiblemente haciendo que los desafíos sean discutibles.
La procuradora general interina, Elizabeth Prelogar, le pidió al tribunal superior del país, en documentos judiciales separados, que eliminara los casos del calendario del tribunal, en espera de una revisión a las políticas de Trump.
El caso que impugna la transferencia de USD 2500 millones de fondos militares, para la construcción del muro fronterizo, iba a iniciar el 22 de febrero. El presidente Joe Biden, pocas horas después de su toma de posesión, firmó una orden ejecutiva para terminar la declaración de emergencia en la frontera sur y detener la construcción del muro fronterizo. Trump extendió previamente la declaración de emergencia hasta febrero de 2022.
La orden también ordena al poder ejecutivo que evalúe «la legalidad de los métodos de financiación y contratación utilizados para construir el muro».
“Por lo tanto, sería apropiado que la Corte suspendiera los procedimientos adicionales en este caso para permitir la culminación del proceso que el presidente ha dirigido”, argumentó Prelogar (pdf).
Por otro lado, un importante caso de inmigración comenzará el 1 de marzo. El caso desafía una política que envía a los inmigrantes ilegales, que ingresan por la frontera sur, de regreso a México mientras esperan que un tribunal procese sus reclamos. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo, el 20 de enero, que ya no inscribiría a los solicitantes de asilo, recién llegados a la frontera sur, en una de las políticas de inmigración clave de Trump conocida como los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP).
Los MPP, más conocidos como política de “Permanencia en México”, se promulgaron en enero de 2019 con el propósito de frenar el flujo de inmigración ilegal a Estados Unidos y prevenir casos fraudulentos o no meritorios. Envía a los solicitantes de asilo de regreso a México mientras esperan que se escuchen sus casos. La política tiene como objetivo poner fin a las lagunas en la actual política de «captura y liberación», según la cual los solicitantes de asilo pueden permanecer en Estados Unidos mientras esperan una audiencia judicial, en muchos casos, para no ser vistos nunca más.
«Dada la suspensión de nuevas inscripciones a los MPP por parte del DHS y la revisión actual al programa, sería apropiado que el Tribunal suspenda los procedimientos adicionales en este caso para permitir que se complete esa revisión», escribió la procuradora general interina (pdf ).
Prelogar señaló en ambas solicitudes que los denunciantes en los casos estuvieron de acuerdo con la propuesta.
Desde que asumió el cargo, Biden ha emitido una serie de órdenes ejecutivas, algunas de las cuales anulan las acciones tomadas por Trump. El muro fronterizo y los MPP fueron políticas de inmigración distintivas de Trump destinadas a aliviar el cuello de botella de las solicitudes de asilo y disuadir a los migrantes no calificados, a menudo migrantes económicos, a que se arriesgan a realizar el largo y peligroso viaje hacía EE.UU.
El flujo de migrantes que llegan a la frontera sur ha disminuido considerablemente tras la aplicación de estas estrictas medidas.
Biden también firmó órdenes para revocar una prohibición de viaje que Trump había impuesto a países propensos al terrorismo y que sistemáticamente no proporcionaban «información terrorista, criminal o de identidad» sobre sus viajeros. El nuevo mandatario también le ordenó al DHS que continuara con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y suspendió las deportaciones de extranjeros ilegales durante 100 días.
Un juez federal ha dictaminado bloquear temporalmente la orden de Biden sobre la suspensión a las deportaciones.
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este artículo.
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