El gobierno del presidente Joe Biden está tratando de bloquear que declaren varios funcionarios clave, pero el Dr. Anthony Fauci no es uno de ellos.
Un juez ordenó recientemente que Fauci, el principal asesor médico de Biden, y otros funcionarios de alto nivel testificaran en un caso en el que se alega la colusión entre las grandes empresas tecnológicas y el gobierno para censurar a los usuarios.
En una moción de suspensión parcial presentada el 27 de octubre, los abogados estadounidenses afirmaron que los demandantes no deberían poder tomar declaración al director de Salud Pública Vivek Murthy, nombrado por Biden; a la directora de la Agencia de Seguridad de las Infraestructuras y Ciberseguridad, Jen Easterly, nombrada por Biden; y a Rob Flaherty, asistente adjunto del presidente.
«La orden de toma de declaraciones de la Corte requeriría que los funcionarios de alto rango del gobierno desvíen su tiempo de sus obligaciones profesionales para preparar y participar en declaraciones que requieren mucho tiempo», dice la moción.
El gobierno planea pedir a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito que ordene al juez de distrito Terry Doughty, nombrado por Trump que ordenó las declaraciones, que anule la parte de la orden que se relaciona con Murthy, Easterly y Flaherty.
Mientras el tribunal de apelaciones resuelve la solicitud, Doughty debe detener las declaraciones de los tres, según la moción.
En ausencia de una suspensión, «los funcionarios gubernamentales de alto rango se verían desviados de sus importantes obligaciones y sobrecargados tanto en la preparación como en la toma de declaración, todo lo cual puede resultar en última instancia innecesario si el Tribunal de Apelaciones accede» a su petición, afirma la moción del gobierno.
La moción se basa en el desacuerdo con la decisión de Doughty y en la preocupación de que el hecho de que los funcionarios tengan que prestar declaración les «distraiga» de sus obligaciones, incluida la supervisión de los esfuerzos relacionados con las próximas elecciones de mitad de período.
Los abogados del gobierno también afirmaron que se justifica la medida porque es probable que tengan éxito en su solicitud.
Sugirieron que el tribunal de apelaciones recibiría la solicitud el viernes, pero hasta el 29 de octubre no se había presentado ninguna.
Los demandantes, entre los que se encuentran los fiscales generales de Luisiana y Misuri, se oponen a la solicitud, dijeron los demandados.
Los demandados también tienen previsto presentar una moción en el tribunal federal de Virginia para anular la declaración de Jen Psaki, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca.
Doughty autorizó ocho declaraciones en su orden del 21 de octubre, incluidas las de Fauci, Psaki, el agente especial del FBI Elvis Chan, Murthy, la funcionaria de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades Carol Crawford y el funcionario del Departamento de Estado Daniel Kimmage.
También ordenó las declaraciones de Flaherty o del exasesor de la Casa Blanca en materia de COVID-19, Andrew Slavitt, y de Easterly o Lauren Protentis, otra funcionaria de la agencia de ciberseguridad.
Doughty rechazó los argumentos del gobierno, incluida la afirmación de que los demandantes no cumplían con el alto nivel necesario para pedir declaraciones a funcionarios de alto rango.
Las pruebas demuestran que Fauci y otros altos funcionarios, dijo el juez, tienen conocimiento personal sobre la censura en las plataformas de redes sociales, citando los correos electrónicos y los mensajes de texto que se han presentado en el caso.
El juez reconoció que la comparecencia en las declaraciones es una carga.
Pero esa carga se ve compensada por la necesidad de contar con más información a la hora de tomar decisiones en el caso, dijo. En el caso de Fauci, dijo que «no ve ninguna carga impuesta al Dr. Fauci que supere la necesidad del Tribunal de contar con la información para tomar la decisión más informativa sobre la moción de orden preliminar pendiente presentada por los demandantes».
Si se acepta la moción, los demandados, incluido el propio Biden, no podrán presionar a las plataformas de redes sociales para que censuren o supriman la expresión de los usuarios.
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