El gobierno de Estados Unidos les ha entregado dinero a dos personas más que resultaron heridas por las vacunas anti-COVID mientras enfrenta la posibilidad de ser obligado por un tribunal a mejorar un programa para las víctimas.
La Administración de Recursos y Servicios de Salud de EE.UU. (HRSA), que dirige el Programa de Compensación por Lesiones por Contramedidas (CICP), emitió los pagos a dos personas que sufrieron inflamación cardíaca después de la vacuna anti-COVID.
HRSA reveló los dos pagos en su actualización más reciente, que incluye datos actualizados al 1 de octubre.
Ambas personas experimentaron miocarditis o inflamación del corazón después de recibir la vacuna anti-COVID. HRSA se ha negado a revelar qué vacunas recibieron las personas.
Una persona recibió USD 4183 y la otra recibió USD 4934.
HRSA no respondió a las solicitudes de más información.
Los críticos rechazaron las medidas de compensación del gobierno por los daños causados por las vacunas y dijeron que los pagos no eran suficientes.
«Casi tres años después del lanzamiento de la vacuna anti-COVID y el gobierno de Estados Unidos ha pagado alrededor de USD 18,000 en total a seis personas», dijo Brianne Dressen, cofundadora de React19, a The Epoch Times en un correo electrónico. «Está claro que abordar los daños colaterales del programa de vacunas contra el COVID no es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos».
Hacer frente a la presión
React19 fue fundada por Dressen y otras personas después de que resultaron heridas por las vacunas anti-COVID, pero encontró poco interés dentro del gobierno, a pesar de su promoción generalizada de las inyecciones, para ayudar a los heridos.
El CICP, dicen, es un excelente ejemplo de un sistema fallido. Las vacunas se implementaron en diciembre de 2020 y los eventos adversos comenzaron a informarse casi de inmediato. Pero el gobierno no compensó a los heridos a través del programa hasta 2023.
Hasta la fecha, seis personas han recibido indemnizaciones. Cinco sufrieron miocarditis. Uno sufrió anafilaxia o shock alérgico grave. Los pagos totales ascienden a USD 17,711.
Por el contrario, React19, una organización sin fines de lucro, ha entregado USD 750,000 a personas lesionadas.
Si bien el CICP pagó a seis personas y aprobó otras 26 solicitudes de pago, rechazó 854 solicitudes. Hay más de 10,000 pendientes.
Los estadounidenses con lesiones causadas por vacunas, diagnosticados por médicos, se encuentran entre los que han sido rechazados, según los registros revisados por The Epoch Times.
Las vacunas contra el COVID-19 están cubiertas por el CICP porque, bajo la administración Trump, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) declaró el COVID-19 como una emergencia nacional. Esa declaración se ha ampliado varias veces y actualmente está vigente hasta finales de 2024.
Según abogados y defensores, el CICP es un sistema inferior al Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas, que cubre la mayoría de las vacunas administradas en Estados Unidos. Este último incluye revisión judicial, mientras que el CICP está totalmente gestionado por el HHS, que incluye la HRSA.
React19 y las personas lesionadas demandaron este mes a HRSA por el programa, afirmando que es inconstitucional. Los demandantes pidieron al tribunal federal que obligue al gobierno a mejorar el programa de varias maneras, incluida la adición de revisión judicial y un proceso para obtener pruebas de descubrimiento.
«El CICP tiene más de 11,000 reclamaciones, una tasa de rechazo del 97 por ciento, un estándar de prueba casi imposible y ninguna transparencia en el proceso de solicitud», dijo la señora Dressen. «El programa es un fracaso».
Más sobre el programa
El CICP fue establecido por la Ley de Preparación Pública y Emergencias de 2005. Protege a los fabricantes de vacunas de demandas, excepto en casos de «conducta intencional».
Según la ley, una vez que el secretario del HHS declara una emergencia, el CICP cubre las contramedidas, incluidas las vacunas que responden a la emergencia.
El entonces secretario de Salud, Alex Azar, emitió la primera declaración, que entró en vigor el 4 de febrero de 2020. La declaración se amplió repetidamente, principalmente después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. El secretario de Salud, Xavier Becerra, lo extendió hasta diciembre de 2024.
«Las protecciones proporcionadas por la declaración de la Ley PREP han ayudado a millones de estadounidenses a recibir vacunas, tratamientos y pruebas para COVID-19 convenientes y oportunos. Reconociendo esto, la declaración enmendada que firmará el secretario Becerra ampliará protecciones importantes para continuar facilitando dicho acceso», dijo el HHS antes de que el Sr. Becerra firmara la extensión.
El CICP puede proporcionar compensación por gastos médicos no reembolsados, pérdida de ingresos laborales y, si la persona lesionada falleció, beneficios a los sobrevivientes.
Las personas tienen un año desde que reciben una vacuna cubierta por el CICP para solicitar una compensación. Deben demostrar que resultaron heridos aportando «evidencias médicas y científicas convincentes, fiables y válidas», según los administradores del CICP.
Los administradores han rechazado múltiples peticiones que presentaban diagnósticos de médicos y estudios de respaldo. En sus rechazos, los administradores no citaron ningún estudio, según registros revisados por The Epoch Times.
El Dr. Joel Wallskog, copresidente de React19, fue rechazado a pesar de que un médico dijo que sufrió una «reacción significativa a la vacuna anti-COVID de Moderna».
«La evidencia médica y científica actual no muestra un vínculo causal entre la vacuna anti-COVID de Moderna y la mielitis transversa, otros trastornos neuroinflamatorios, mielopatía o trastornos trombóticos, incluido el infarto de la médula espinal», dijo el Dr. George Reed Grimes, director en HRSA, al Dr. Wallskog en una carta.
El Dr. Wallskog apeló la determinación, pero los funcionarios de HRSA también deciden sobre las apelaciones. Ese acuerdo, en lugar de la revisión judicial incluida en el programa nacional, “crea potencialmente un conflicto de intereses”, escribieron los investigadores en un artículo de 2022, aconsejando al Congreso reformar el CICP permitiendo la revisión judicial o reubicando el programa.
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