¿Hay narcoterrorismo en México?

Parece que el gobierno mexicano quiere llevar al extremo la definición propagandística: «lo que no se nombra no existe».

Si de acuerdo con el criterio oficial mexicano, a las bandas criminales que realizan actos terroristas no se les denomina según lo que hacen, entonces no hay narco terroristas y, por lo tanto, el gobierno mexicano se lava las manos en este aspecto.

Y la negación produce que las autoridades mexicanas se envuelvan en la bandera, si ahora el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que a él concierne, va a buscar sean definidos legalmente como tales y reciban en lo que respecta a su territorio el castigo correspondiente y sean tratados incluso con la pena de muerte.

Pero si los actos narco terroristas se llevan a cabo en México, ¿cómo queda el tema jurisdiccional? O quizás sea que estos grupos criminales, al afectar a la población y la legalidad estadounidense, como consecuencia de sus acciones en México, pueden ser tratados como lo que son en Estados Unidos? La respuesta es, al parecer, afirmativa.

¿No sería más sencillo que el nacionalismo mexicano, en lugar de defender con la bandera a crueles criminales quienes no han dudado en matar niños o mujeres, poner bombas, usar drones explosivos, hacer estallar coches bombas, despedazar civiles para sembrar el terror, o sea, aterrorizar —valga la redundancia—, para realizar sus extorsiones y financiar así sus operaciones de narcotráfico, simplemente se les llame a estos criminales como lo que son y de esa manera se les aplique la ley como corresponde?

El nuevo jefe de la seguridad pública mexicana, Omar García Harfuch, compareció al programa televisivo de propaganda gubernamental para alegar que quienes hicieron explotar coches bombas no eran narco terroristas sino solo parte de «una disputa entre bandas por temas de drogas».

O sea la cuestión semántica era el problema y no atraparlos para aplicarles la ley como es su deber, incumplido en este caso hasta ahora.

Ni siquiera se ha abierto una investigación hacia el cuerpo policiaco atacado, porque al parecer protege a una banda rival de la que pone coches bombas, un típico acto terrorista pero que no es terrorista nos dice el jefe de la seguridad mexicana, porque solo es una expresión de rivalidad entre bandas cuyo pleito puede continuar a ciencia y paciencia de las autoridades ocupadas sobre todo en ejercer propaganda y no en defender al país de estas actividades terroristas no terroristas.

La realidad es que la propaganda del terror que no es terrorismo —aclaración que le preocupa sobre manera hacer al actual gobierno federal—, está desatada en Guerrero así como en otras entidades y regiones de México.

A un presidente municipal, el de Chilpancingo, quien ganó las elecciones representando a los partidos de oposición, lo decapitaron y exhibieron públicamente su cabeza, pero el grupo criminal no es responsable de nada que ver con terrorismo.

En esa misma entidad 10 comerciantes, entre hombres, mujeres y adolescentes, dedicados a esa actividad, fueron secuestrados por el mismo grupo criminal que mató al presidente municipal de Chilpancingo.

Fueron asesinados y sus cuerpos desmembrados se colocaron en una camioneta cerca de una sede gubernamental.

El ministerio público actuó sin ningún protocolo, no aisló la zona ni acudió con peritos para buscar huellas ni nada parecido. Solo recogió los cadáveres y convocó a los familiares para que reconocieran los restos.

Un acto terrorista que no es terrorismo, entra al túnel oscuro de la impunidad. He visto los retratos publicados de esas personas víctimas del horror que se ha apoderado en nuestro país. Fueron muertos por no pagar «el derecho de piso» exigido por los narco terroristas, perdón, por los señores dueños de ese territorio. Me da tristeza el destino de esos mexicanos y también el de México.

A nadie —me refiero a nadie del gobierno federal— le importa que la banda criminal conocida como los «ardillos» sea señalada públicamente de tener la protección del gobierno estatal. Como es un gobierno de Morena eso pasa desapercibido. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mientras arrojaban los restos despedazados de sus ciudadanos, se encontraba en una celebración dedicada a cantar, le gusta cantar de igual modo que a su padre, el verdadero gobernador, le gusta la fiesta. Por cierto el senador Salgado Macedonio ya advirtió que «son traidores a la Patria quienes digan que los narcos son terroristas».

Este horrible crimen sufrido por gente trabajadora y modesta, pasará a ser parte de la intensa y multitudinaria impunidad de los criminales en Guerrero y en México, criminales que el anterior presidente convocaba a darles «abrazos y no balazos» y que a la actual presidenta le preocupa que de ninguna manera se vaya a manchar su oficio sangriento con la denominación de «terroristas».

Esta preocupación existe porque la denominación revela la realidad del problema. México enfrenta un problema de narcoterrorismo. Entre los sicarios se ha revelado además la presencia de guatemaltecos, colombianos, hondureños y venezolanos. Es el resultado de nuestra frontera porosa en el sur del país. Nuestro problema tiene ya participación internacional.

Escuchamos de las autoridades, particularmente de la presidenta Claudia Sheimbaum, el mismo discurso repetido durante seis años: «hay que atender las causas». Y esto significa repartir becas entre jóvenes. No importa si esto no tiene que ver realmente con el problema de fondo, porque además ese programa debe ser auditado pues ya ha habido denuncias de corrupción en el mismo, hasta por cifras de más del cuarenta por ciento.

La presidenta se subió al ring político —es lo que los gobiernos de Morena entienden como gobernar— y atacó a Marko Cortés, el desprestigiado líder del Partido Acción Nacional, y lo señaló como «traidor a la Patria», por referirse a los narcos como terroristas. En realidad el senador Cortés solo estaba haciendo sus funciones de sparring del poder. También la senadora Lily Téllez dijo lo mismo al hablar de narcoterrorismo, pero ella fue ignorada por la presidenta.

México tiene un problema de dos caras: el narcoterrorismo y un gobierno que se ocupa de la propaganda y no de enfrentarlo. Donald Trump no es el problema. Y si acaso sus presiones despiertan de la modorra y complicidad al gobierno mexicano, sería parte de la solución. Por lo menos a él no lo pueden acusar de «traidor a la Patria».

Por cierto, yo he señalado que negociar un tratado de seguridad entre ambos países, que establezca su cooperación con respeto a sus soberanías nacionales, es una vía adecuada para el beneficio de quienes son socios comerciales.

Debemos asumir que en este momento la soberanía nacional de Estados Unidos se ve afectada por la complacencia del gobierno mexicano hacia el narcoterrorismo en el territorio mexicano y por la porosidad de nuestra frontera sur, donde actualmente hay una feroz disputa entre dos Cárteles para controlar la trata de migrantes centroamericanos, caribeños y sudamericanos, además del tráfico de drogas.

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times